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Consultas populares y relación sociedad-naturaleza: ¿cambio de paradigma o quimera democrática?

11/10/2017

¿Qué significa que 9 municipios de vocación campesina de Colombia hayan activado la consulta popular como mecanismo de participación ante la posibilidad de que empresas grandes lleguen al territorio a iniciar proyectos extractivos con potencial de transformar sus vidas y su entorno? ¿Qué significa que haya un número cada vez mayor de municipios intentando acceder a este mecanismo para participar en la elección de la manera de relacionarse con sus territorios?

En su libro Democracia en Tiempos Capitalistas, el politólogo John Dryzek decía que las sociedades periféricas del sistema de comercio internacional permanecen limitadas por las expectativas y exigencias impuestas sobre ellas, y que por esta limitación no se puede esperar avances en la profundización de su democracia más allá de la difusión de formas básicas de la democracia liberal. O sea que aquellas regiones que surten de materias primas, fuentes de energía y mano de obra barata a los países o regiones de mayor poder, tienen pocas posibilidades de volverse más democráticas, puesto que su rol económico no es escogido sino impuesto. Si asumimos el postulado de Dryzek como cierto, cualquier iniciativa periférica que busque ampliar la cobertura de las decisiones democráticas a nuevos ámbitos de la vida y por medios más transparentes, informados e incluyentes tiene pocas posibilidades de consolidarse y lograr cambios sociales.




¿Son las consultas populares entonces sólo un desafío a la teoría de Dryzek, que tarde o temprano serán revertidas por la fuerza del sistema? ¿Sólo una quimera de las comunidades que creen ingenuamente en la democracia?

A partir de las consultas realizadas este año (ver tabla 1) en las que las poblaciones locales han planteado otras maneras de relacionarse con la naturaleza, se ha desatado una avalancha de respuestas del estado central, pues las consultas tienen en jaque su política de crecimiento económico basado en la explotación minero-energética. Las consultas populares en temas extractivos han sido atacadas desde su inicio y las comunidades de los territorios potencialmente afectados han tenido que dar una dura pelea política y jurídica para poder ejercer el derecho a la participación y a que se respeten las decisiones tomadas. La T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, una compleja sentencia que tuvo la participación de un amplio sector de la sociedad, resolvió las dudas que había en torno a la constitucionalidad de las consultas populares y determinó que los entes territoriales tienen el poder de regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, aún si en el ejercicio de dicho derecho, terminan prohibiendo la actividad extractiva.

Después de esta sentencia se han realizado siete consultas, hay otras cuatro aprobadas para 2017 en trámite ante la Registraduría Nacional, y alrededor de otras 40 en proceso en los tribunales regionales. La consulta popular de Cajamarca (Tolima) en contra de un gran proyecto aurífero denominado La Colosa, de la empresa Surafricana Anglo Gold Ashanti, fue la primera que se hizo después de la sentencia T-445, fue enteramente promovida por los movimientos sociales locales y ha sido la consulta más atacada por el estado. El 27 de marzo, el día siguiente a la consulta el ministro de minas, Germán Arce, dijo en los medios que las consultas no eran retroactivas, ni tenían la capacidad de romper el Estado Social de Derecho, y que la empresa Anglo Gold Ashanti tenía un título legalmente válido que podía hacer efectivo. Adicionalmente en el congreso minero realizado en Cartagena en mayo 2017, participó el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien en su intervención dijo varias cosas que prendieron las alarmas de los movimientos sociales: que los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, más sensatos y menos progresistas, llevarán las tutelas a su cauce natural; que el dilema entre minería y medio ambiente es un falso dilema que se soluciona con el "desarrollo sostenible"; que la nueva Corte Constitucional le rompió el espinazo a las consultas previas en un reciente fallo que determina que la consulta previa no es un derecho absoluto; y que hay que cuestionar si los municipios como Cajamarca que rechazan la minería tendrán derecho a recibir regalías.

Estos intentos de deslegitimar las consultas realizadas, y de ignorar los avances de la jurisprudencia, han sido cuestionados por los congresistas Iván Cepeda, Alberto Castilla y Alirio Uribe quienes citaron a un debate de control político en el congreso el pasado 28 de septiembre y exigieron explicaciones y rectificaciones al ministerio de minas y energía. El vice-ministro de minas, Carlos Andrés Cante, mantuvo y expandió los argumentos del estado: los fallos de la corte imponen contradicciones sobre quién tiene dominio sobre el subsuelo por lo cual se necesita una ley de concertación que establezca hasta dónde van las competencias. Dijo respetar las consultas populares, pero piensa que los alcaldes no van a poder aplicarlas pues en ninguna parte de la ley dice que los proyectos no se pueden realizar. Anunció un nuevo modelo de relacionamiento temprano de las empresas mineras para que el progreso llegue a las regiones antes de que se haga la extracción, en lugar de esperar a que se sientan los impactos de la minería. Pero quizás lo más audaz que dijo el vice-ministro es que hay que crear mecanismos eficientes de participación, pero que no se puede cambiar la democracia representativa por la democracia "refrendataria" en donde las decisiones de la nación tengan que se refrendadas por los órganos municipales.

El fuerte discurso del estado capitalista frente a las consultas populares no debe generar ninguna sorpresa.  Además de explicar las dificultades de las regiones periféricas en sus procesos de democratización, Dryzek también explica que entre más se produzcan egoístas racionales a partir del capitalismo con sus discursos, ideologías y políticas públicas asociadas, mayor será la inestabilidad, la arbitrariedad, el autoritarismo, y la pérdida de legitimidad del sistema político liberal demócrata.




Qué tienen las consultas populares que están generando esta reacción tan bien descrita hace 20 años por Dryzek? Su propia respuesta es que la democratización depende radicalmente de la activación de alternativas a la racionalidad económica que cimienta la vida social y política. Y esto es exactamente lo que están haciendo las consultas. El mensaje que traen los movimientos sociales a través de las consultas populares no acarrea simplemente una oposición a la actividad extractiva, sino que está planteando un relacionamiento diferente con la naturaleza, profundamente perturbador del orden social y político del capitalismo. Los municipios donde se han activado las consultas tienen mucho más en común que sólo los títulos mineros otorgados o solicitados a las agencias del estado. Son municipios de histórica vocación campesina donde las lógicas productivas no han transformado el agua y el suelo en recursos productivos, sino que, como lo describe Arturo Escobar, los territorios se conciben como algo más que bases materiales para la reproducción de la comunidad humana y sus prácticas.

Dryzek quizás vio pocas probabilidades de que un proceso transformador de estas dimensiones pudiera iniciarse en regiones periféricas socialmente marginadas. Pero de dónde más van a surgir entonces estas transformaciones sino de las comunidades que, al igual que muchas comunidades étnicas, tras décadas e incluso siglos de despojo y violencia, siguen luchando por vidas dignas en los territorios, basadas en ontologías relacionales que no separan lo humano de lo no humano, ni la sociedad de la naturaleza, ni el individuo de su comunidad. Este tipo de economías, también descritas por Herman Daly desde la economía ecológica, se apartan del homo economicus, de la medición del éxito económico a través el PIB y de la consideración de los impactos socio-ambientales simplemente como externalidades que deben ser internalizadas o compensadas. La posibilidad de participar en la decisión sobre el tipo de relación sociedad-naturaleza, o si se quiere, del tipo de modelo económico, fue abierta por la constitución de 1991, y ha sido apropiada por estos movimientos sociales y defendida y ampliada por la corte constitucional.

Las comunidades de los territorios hacia donde se expande el extractivismo, que coinciden en muchos casos con los territorios donde más violencia se ha sufrido, tienen claro que es allí donde se construirán prácticas pacíficas de resolución de conflictos. La paz no vendrá de la mano de la minería y el petróleo en territorios que proponen otras maneras de relacionarse con la naturaleza. Por eso no es sorprendente que en la mayoría de los municipios donde ha habido consultas, la participación porcentual de la población ha sido más alta que la del plebiscito por la paz como se observa en las áreas sombreadas de la tabla: sólo en Tauramena la participación en la consulta popular fue significativamente inferior a la del plebiscito.

 

Tabla 1. Participación en consultas populares en temas extractivos realizadas en Colombia comparada con la del plebiscito por la paz

 

    Consultas sobre extractivismo       Plebiscito por la paz
Fecha Departamento/Municipio Actividad Potencial de votación # votos consulta Participación Participación
26-May-06Cundinamarca/NemocónBasurero regional7.0433.32447%50%
28-Jul-13Tolima /PiedrasMinería5.1053.00759%37%
15-Dec-13Casanare / TauramenaPetróleo13.3724.61034%54%
9-Jul-17Cundinamarca / ArbeláezPetróleo8.8724.37649%44%
9-Jul-17Quindio / PijaoMinería6.0732.67344%40%
26-Feb-17Cundinamarca / CabreraPetróleo3.4611.50644%42%
26-Mar-17Tolima / CajamarcaMinería16.3126.29639%37%
17-Sep-17Santander / Jesús MaríaMinería y petróleo3.2591.72853%32%
4-Jun-17Meta / CumaralPetróleo15.7827.70349%50%
1-Oct-17Santander / SucreMinería y petróleo5.8533.07152%32%
5-Nov-17Santander / El PeñonMinería y petróleo   40%
22-Oct-17Meta / GranadaPetróleo   41%
3-Dec-17Quindio / CórdobaMinería   39%
12-Nov-17Cundinamarca / UneMinería   47%

Fuente: Registraduría Nacional

Como lo dijo Boaventura de Sousa Santos en Medellín, en la clausura de la conferencia de CLACSO en noviembre de 2015: la paz que tenemos que construir en este momento desde los territorios tiene que ser una paz anti-capitalista, anti-colonialista y anti-patriarcal. Es decir que tiene que ser una paz que proponga un cambio de paradigma. Y esto es precisamente lo que proponen las consultas populares en los pueblos colombianos, ni más ni menos: una manera de ser pueblos en comunidad con la naturaleza, una manera de ser pueblos dignos a quienes se les respete su cultura y sus derechos colectivos al territorio y a la participación, y una manera de ser pueblos conscientes de la responsabilidad que le cabe a la especie humana por poner en riesgo la existencia misma de la vida en la tierra.