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Misión nacional e internacional a campo Lizama: seguimiento al desastre socio-ambiental por el derrame petrolero

08/05/2018

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Aún hoy no existe información sobre el volumen de petróleo y gas derramados que contaminaron el Caño Muerto y la quebrada La Lizama, el río Sogamoso y el Magdalena, cuando a 240 metros del pozo Lizama 158 se generó un afloramiento de hidrocarburos, que para el 13 de marzo del 2018 produjo un geiser de más de 20 metros de altura, y entre 17 y 21 afloramientos de agua, lodo e hidrocarburos, que según Ecopetrol solo contenían 550 barriles de petróleo.


​​Un grupo de 25 mujeres visitó las zonas afectadas por el derrame petrolero en la región del Magdalena Medio santandereano con el propósito de documentar los impactos y daños provocados sobre los ecosistemas y comunidades; plantear estrategias para visibilizar la situación; y sensibilizar a la sociedad sobre los impactos de la extracción petrolera.​


​En efecto, entre el 26 y 30 de abril de 2018 el Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí (Ríos Vivos Santander), en articulación con organizaciones defensoras de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, realizó la “Misión a Campo Lizama: Fluye el petróleo, sangra la tierra” para contribuir a la defensa de los derechos de las comunidades y los territorios afectados por el derrame de crudo en el municipio de Barrancabermeja. ​


La Misión sostuvo reuniones con la Secretaría de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la ONU; y recorrió el territorio para conversar directamente con las comunidades. Según el Movimiento, después de casi dos meses de los afloramientos de crudo, oficialmente se han reportado 81 familias damnificadas; sin embargo, la comunidad de afectados es mucho más extensa. Adicionalmente, los pescadores del río Sogamoso en este territorio (una comunidad extensa de familias que se alimentan del río y que obtienen sus ingresos principalmente de la venta de pescado) reportaron la contaminación de los peces y el fin de la venta de su pesca, a partir del derrame.​


​La visita permitió comprobar que el desastre ambiental no está controlado por completo, pues en múltiples zonas aún continúan los afloramientos, y la limpieza del crudo en las fuentes de agua afectadas ha sido parcial. Este derrame se suma a otros impactos ambientales que ocasiona la extracción petrolera en Barrancabermeja y sus alrededores, en fuentes hídricas como el complejo de ciénagas, donde desde hace varios años se vierten lixiviados y grandes cantidades de residuos de hidrocarburos provenientes de la refinería de Barrancabermeja. ​


El derrame del pasado 2 de marzo nos plantea varias preguntas con relación a la institucionalidad colombiana: por un lado, es necesario reflexionar sobre la forma como la empresa estatal Ecopetrol enfrenta los grandes retos de conservación de la naturaleza y protección de poblaciones vulnerables en los lugares donde realiza sus operaciones; y, por otro lado, sobre la capacidad de las agencias ambientales a todos los niveles. Las autoridades locales y nacionales se hicieron presentes más de dos semanas después del inicio del derrame, y a la fecha ninguna ha aportado información clara sobre la magnitud del impacto de este desastre ambiental.​


La debilidad institucional para enfrentar los riesgos de la actividad petrolera en campos convencionales como los del Magdalena Medio abre nuevos interrogantes frente a la manera con la que se ha planteado en Colombia el uso de métodos no convencionales para la extracción de hidrocarburos (como el fracking), que implican riesgos mucho mayores que los de la extracción convencional. Y también nos alerta sobre el gran esfuerzo que deberemos hacer para rodear el sector energético colombiano, con miras a una transición energética incluyente, justa y sostenible.​

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