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De Hidroituango al fracking: dos momentos en la democracia ambiental

04/03/2019

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El 4 de marzo se cumple un año de haberse negociado el texto del acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental entre 24 países de América Latina y el Caribe, y Colombia no lo ha ratificado. Esto es un indicio de los tiempos que corren en materia de democracia ambiental en el país, pero también es señal de la aspiración regional a tener mayor participación vinculante en las decisiones sobre proyectos con la capacidad de cambiar irreversiblemente los territorios y la vida de comunidades asentadas en ellos, e insinúa cambios culturales, si bien tímidos, alrededor de la democracia ambiental.


Los muchos debates que se han dado en los últimos meses alrededor de temas ambientales, como por ejemplo la emergencia por la calidad del aire en Bogotá, las decisiones de la Corte Constitucional sobre las consultas populares en materia de minas y energía, la crisis del río Cauca y las comunidades ribereñas por la construcción de Hidroituango, y el informe de la comisión de expertos sobre la conveniencia de usar la técnica del fracking para extraer gas y petróleo, dan muestra también de cómo entendemos la democracia ambiental y cómo está evolucionando. Estos dos últimos casos reflejan situaciones bastante distintas con relación a la participación en temas ambientales y a la conciencia sobre la gran incertidumbre bajo la cual se toman decisiones.


Sobre el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, fue muy poca información técnica, ambiental y social que se compartió públicamente en los años anteriores al otorgamiento de la licencia ambiental, y sólo cuando empezaron a surgir los problemas en la construcción de la represa, el país empezó a conocer el altísimo impacto ambiental y social que está ocasionando el proyecto. Hoy en día sabemos que la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009 se basó en estudios y diseños básicos, a escalas regionales, y no basados en las condiciones locales donde se construiría la represa, lo que explica que la licencia se haya modificado 12 veces. Además, las audiencias públicas con las comunidades afectadas sólo se han realizado después de surgidos los problemas y cuando miles de familias habían sido desplazadas de sus viviendas por los altos riesgos de derrumbes de la montaña que sostiene el embalse y el riesgo de crecientes súbitas del cauce del río, por falta de control sobre la represa.


En contraste, frente al dilema sobre la utilización de la técnica del fracturamiento hidráulico o fracking para la extracción de gas de esquisto, el gobierno decidió en 2018 conformar una comisión de 13 expertos que en enero pasado presentó sus conclusiones, que si bien contradictorias, al menos plantean un debate abierto al público, para que la sociedad conozca los riesgos y las incertidumbres de la técnica. La comisión concluyó que el país no está preparado para usar fracking, porque no existe información suficiente sobre aguas subterráneas que podrían ser afectadas, no se conocen los riesgos de sismicidad, contaminación natural y de ecosistemas, la capacidad institucional para el control de los riesgos es cuestionable, y no hay suficiente acceso a la información, ni licencia social. Sin embargo, la comisión de expertos recomendó continuar con proyectos piloto de investigación en el Magdalena medio.



Más allá de la contradicción en la recomendación de la comisión de expertos, es necesario preguntarnos si una comisión de expertos es el mecanismo adecuado para ayudarnos a tomar una decisión de esta naturaleza. Sheila Jasanoff, experta en estudios de ciencia y tecnología de la Universidad de Harvard, demostró en los 90s que los análisis de riesgo hechos por comisiones de expertos generan un rechazo masivo de la racionalidad técnica por parte del público. Las comisiones de expertos que operan en espacios cerrados, y que luego presentan sus resultados para el debate público bajo la etiqueta de la participación, son mucho mejores en generar información, que en resolver desacuerdos y no pueden hacer nada para resolver las incertidumbres que han revelado. Además, producir mayor conocimiento técnico en respuesta a la solicitud del público, no necesariamente genera mayor confianza ni conduce a un mejor manejo ambiental. También se requieren mecanismos para decidir cuál es el conocimiento más creíble, qué instituciones son las más confiables y quién tiene la autoridad para resolver los debates.


Jasanoff propone diseñar instituciones que promuevan tanto la confianza como el conocimiento, que construyan tanto comunidad, como participación. Instituciones capaces de definir metas significativas para la investigación científica, establecer barreras entre lo que se considera conocimiento confiable y lo que no, y proveer principios morales aceptables para lidiar con la incertidumbre. Existen múltiples posibilidades para crear estas comunidades de conocimiento y confianza. Una de ellas es integrando el conocimiento científico con el conocimiento local y las prácticas de las comunidades que dependen de los territorios para sus medios de vida, otra son los tratados como el de Escazú.


Lo que revelan estos casos en los que ha habido una limitada democracia ambiental, es que más que el conocimiento científico, es necesario plantearnos nuevas preguntas sobre lo que somos y sobre nuestras responsabilidades, preguntas que deberían integrarse al proceso de decisión. Como lo plantea Dora Lucy Arias, abogada de las comunidades afectadas por Hidroituango y de los Wayuú que han sufrido por 30 años la presencia de una mina de carbón en su territorio, lo que debemos hacer como sociedad, es preguntarnos honestamente cuánta y qué tipo de energía necesitamos, de dónde la vamos a sacar, y cómo hacemos para evitar las cargas sociales y ambientales que se les imponen siempre a los eslabones más débiles de la cadena de la vida: la naturaleza y las comunidades locales.

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