Después de nueve rondas de negociaciones entre 24 países de la región (incluyendo Colombia) se llegó a un acuerdo final el pasado 4 de marzo en Escazú, Costa Rica. El tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es de naturaleza vinculante. Esto quiere decir que los países que lo ratifiquen, se comprometen a garantizar los tres derechos que cubre el tratado:
- El acceso a la información que incluye el derecho del público de acceder a la información ambiental, la obligación de las partes de mantener sistemas de información ambiental actualizados y que estén disponibles de forma progresiva.
La participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales que incluye entre otras cosas garantizar los mecanismos de participación relacionados con proyectos o actividades que tengan o puedan tener impactos negativos sobre el medio ambiente, promover la participación en procesos de toma de decisiones que afectan el medio ambiente como el ordenamiento territorial y la elaboración de políticas públicas con potencial impacto sobre el ambiente.
El acceso a la justicia ambiental que se refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que afecten o puedan afectar el ambiente.
El tratado fue catalogado por John Knox, el experto independiente sobre derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas, como uno de los más importantes acuerdos ambientales y sobre derechos humanos de los últimos 20 años. Este comentario hace referencia especialmente al énfasis del acuerdo en la protección de los defensores de derechos humanos ambientales, que constituyen uno de los grupos sociales más afectados por la violencia en la región. El tratado de Escazú también constituye el segundo acuerdo de esta naturaleza a nivel global, después de la convención de Aarhus, firmada hace 20 años y ratificada por 47 países principalmente europeos. Ambos acuerdos están basados en el Principio 10 de la Conferencia de Río de 1992 que plantea que la mejor manera de tomar decisiones sobre asuntos ambientales es a través de la participación de las partes afectadas.
En Colombia, a pesar de su relativamente avanzado marco normativo para la democracia ambiental (en comparación con muchos países de la región) la degradación ambiental mantiene una tendencia creciente y el asesinato sistemático de defensores del ambiente y los territorios pone a Colombia en un segundo lugar entre los países más peligrosos para los defensores del ambiente, con 172 asesinatos en 2017 y 29 en lo corrido del 2018. Por esto el tratado de Escazú necesita mucho más que su ratificación para que sea un instrumento efectivo de justicia y sostenibilidad ambiental.
Es muy claro que las generaciones futuras no tendrán las mismas condiciones ambientales que tuvieron nuestros abuelos y que no verán muchas de las especies de animales que hoy desaparecen día a día por cuenta de las decisiones ambientales que el estado toma a nombre nuestro. Con ese telón de fondo, el tratado de Escazú constituye una esperanza, y la región de América Latina y el Caribe debe recibirlo como una base necesaria, pero no suficiente en la construcción de una verdadera democracia ambiental.
