El pasado 12 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el Auto 033, que presenta la estrategia de priorización del Caso 03, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (en adelante MIPCBC). En el auto, la JEP explicó su estrategia investigativa de “abajo hacia arriba”, que consiste en “identificar los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel regional y local” para luego indagar “si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional”. [1] El aspecto que más causó polémica fue la cifra preliminar de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, pero el mismo auto advierte que “no es posible conocer todavía una cifra definitiva de víctimas [ya que está] siendo constantemente actualizada, incluyendo los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar”. [2] Esta cifra está muy por encima de las 2.896 víctimas mencionadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y supera con creces las 2.248 víctimas reportadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el periodo 1988-2014. [3, 4]
Desde el siglo XIX, las campañas contrainsurgentes en todo el mundo se han caracterizado por la violencia, selectiva o indiscriminada, contra la población civil. Pese a que la doctrina contemporánea de la contrainsurgencia enfatiza la importancia de proteger a la población civil y ganar su simpatía, los ejércitos, desde El Salvador hasta Timor del Este, a menudo han acudido a la violencia indiscriminada y han omitido los principios de distinción y proporcionalidad con el fin de ganar una ventaja militar. También han acudido a la violencia deliberada y selectiva contra supuestos colaboradores del enemigo, como lo ilustró Kalyvas (2006) en su elegante teoría sobre la lógica de la violencia. [5]
Por supuesto, en Colombia también las insurgencias y las autodefensas acudieron a la violencia indiscriminada y selectiva contra civiles. Sin embargo, el Caso 03 merece un nuevo capítulo en la historia de los crímenes de guerra, pues, a diferencia de otros episodios de violencia selectiva o indiscriminada contra civiles, en este la violencia carece de una clara racionalidad militar. Por el momento, la hipótesis más aceptada apunta a que el Caso 03 tuvo las motivaciones más prosaicas, como obtener condecoraciones, ascensos, recompensas y permisos, por lo que pasaría a la historia como una de las manifestaciones más repugnantes y egregias de lo que Hannah Arendt denominó la “banalidad del mal”. [6]
Sin embargo, esta hipótesis pierde plausibilidad cuando la vemos en contexto. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 2002 y 2008 habrían ocurrido en el país 9.504 acciones bélicas de las cuales 7.329 habrían correspondido a acciones bélicas entre la fuerza pública y la guerrilla. En ellas habrían perecido 7.285 insurgentes, 2.614 miembros de la fuerza pública y 55 paramilitares.[7] Es posible que estas cifras ya excluyan algunas de las MIPCBC y de las correspondientes acciones bélicas que en realidad no ocurrieron (pues eran ficticias). Sin embargo, con base en estos datos, y tras considerar varios escenarios, se puede inferir que entre el 22 y el 88 por ciento de las bajas reportadas por la fuerza pública en ese período podrían corresponder a MIPCBC. Del mismo modo, se podría inferir que entre una quinta parte y una tercera parte de las acciones bélicas reportadas por la fuerza pública entre 2002 y 2008 habrían sido, en realidad, montajes. Es importante advertir que estos cálculos son inexactos pues se basan en cifras provisionales y en supuestos que pueden ser errados; sin embargo, de ser acertados implicarían que los soldados y suboficiales que cometieron por mano propia los crímenes tuvieron la astucia para convencer a sus incautos superiores, durante años y de manera reiterada, de que estaban ganando una guerra de verdad con batallas de mentira.
Una hipótesis alternativa y ligeramente diferente es que, desde la década de 1990, algunas unidades hubieran optado por esta práctica para mostrar resultados ante los altos mandos. Varios análisis coinciden en que, para mediados de la década de 2000, las Farc estaban en franco repliegue y habían retornado a la “guerra de guerrillas”, una de cuyas premisas es evitar los combates. [8, 9] Resulta diciente que en los 25 años transcurridos entre 1988 y 2012 fuera precisamente en 2007 cuando más se registraron combates con las Farc por iniciativa del Ejército y cuando, simultáneamente y según todas las fuentes, se registraron más MIPCBC. [10, 11] Es como si, ante el repliegue de las Farc, hubiera sido necesario fingir los combates y las bajas. ¿Pero necesario para qué? ¿O para quién?
No tengo las respuestas y ni siquiera sé si estoy haciendo las preguntas correctas, pero, por el momento, tengo claro que la investigación de “abajo hacia arriba” anunciada por la JEP es la alternativa institucional más prometedora para esclarecer este caso.
Notas
[1] Jurisdicción Especial para la Paz (2021) Auto No. 033 de 2021. Jurisdicción Especial para la Paz, p. 6.
[2] Ibid., p. 9.
[3] Oficina del Fiscal (2012) Situación en Colombia – Reporte Intermedio. Corte Penal Internacional.
[4] Fiscalía General de la Nación (2018). Fiscalía realiza segunda entrega de informes a la Jurisdicción Especial de Paz. Recuperado de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscali...
[5] Kalyvas, S. (2006) The Logic of Violence in Civil Wars. Cambridge University Press.
[6] Arendt, H. (1963) Eichmann in Jerusalem: A Report On The Banality Of Evil. Viking Press.
[7] Centro Nacional de Memoria Histórica (2020) Observatorio de Memoria y Conflicto. Recuperado de http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
[8] Prieto, C., Rocha, C., Marín, I. (2014) Seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia (Serie Informes No. 23). Fundación Ideas para la Paz.
[9] Richani, N. (2013) Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia. State University of New York Press.
[10] Prieto, C., Rocha, C., Marín, I., op. cit., p. 10.
[11] Jurisdicción Especial para la Paz, op. cit., p. 10.
