El Meta ha sido, durante la última década, el principal productor de petróleo en Colombia, con una participación cercana al 50 % de la producción nacional. En 2022, el departamento alcanzó los 146,4 millones de barriles, con una fuerte concentración territorial: solo tres municipios —Puerto Gaitán, Acacías y Castilla la Nueva— aportaron el 85 % del total. Esta dinámica ha convertido al sector de hidrocarburos en el eje de la economía regional, representando en promedio el 45,7 % del PIB entre 2006 y 2021, una cifra que en 2024 se estima cercana al 50 %. Sin embargo, esta fortaleza también ha generado una alta dependencia: mientras Castilla la Nueva muestra una producción estable pero con regalías en descenso, Acacías ha experimentado un declive sostenido desde su pico en 2014, lo que evidencia la necesidad urgente de repensar la estructura productiva del territorio.
Las cifras son claras. Aunque el petróleo ha sostenido las finanzas públicas y convertido al Meta en uno de los principales receptores de regalías del país, los beneficios no se han traducido en un crecimiento económico sostenible ni en la generación de sectores alternativos consolidados. La frontera agrícola está subutilizada —menos del 8 % de las 5 millones de hectáreas aptas se destinan efectivamente a la agricultura—, la ganadería extensiva ocupa casi la mitad del territorio en suelos poco aptos y la concentración e informalidad de la tierra siguen siendo barreras estructurales. Al mismo tiempo, municipios como Acacías y Castilla la Nueva poseen ventajas estratégicas: cobertura amplia de servicios básicos, una población joven con potencial de formación e innovación, vocación agropecuaria en expansión y un incipiente ecosistema turístico que articula naturaleza, cultura y gastronomía.
Ante este panorama, el debate sobre la transición energética justa y la diversificación productiva ya no es una opción futura, sino una necesidad inmediata. Los retos del declive petrolero, sumados a la presión por cumplir metas globales de reducción de emisiones, hacen imprescindible impulsar nuevos sectores que aprovechen las condiciones del territorio y garanticen sostenibilidad. Cadenas como el cacao, los frutales y el turismo comunitario emergen como motores viables, siempre que cuenten con políticas de apoyo, asociatividad y gobernanza territorial incluyente.
En este contexto, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, en alianza con el Natural Resource Governance Institute (NRGI), ha diseñado un proceso de formación y diálogo orientado a líderes regionales del Meta. Bajo el título “Transformaciones productivas y transiciones energéticas justas”, este espacio busca fortalecer capacidades técnicas y de gobernanza para enfrentar los desafíos que implica la transición y aprovechar el potencial de reconversión en municipios como Acacías y Castilla la Nueva. El curso será liderado por los profesores Javier García-Estévez y Jairo Santander, y contará con la participación de entidades nacionales como el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación, Mincomercio y aliados regionales vinculados a la innovación territorial.
Más allá de la formación académica, la iniciativa incluye talleres colaborativos que permitirán construir propuestas concretas en torno a la diversificación productiva y la transición energética. Los insumos de estos ejercicios participativos aportarán a la actualización de la Agenda Regional de Competitividad e Innovación del Meta, que busca consolidar una visión compartida de desarrollo territorial basada en sostenibilidad, inclusión social e innovación.
De esta manera, el Cider y NRGI aportan al fortalecimiento de capacidades locales y a la articulación de actores públicos, privados y comunitarios para que el Meta transite hacia un modelo productivo menos dependiente del petróleo, más diversificado y resiliente frente a los desafíos del cambio climático y la transformación global del sector energético.
