El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto del 2023 como un llamado a reconocer los cuidados como un trabajo que promueve la igualdad de género y la sostenibilidad social y económica, y por ende la necesidad de poner en el centro de las agendas políticas el cuidado. Esto significa gestionar presupuestos suficientes para lograr un impacto real y sostenible, a través de inversión en infraestructura de cuidado y acciones específicas interinstitucionales que respondan a las necesidades diferenciales y territoriales de quienes cuidan y de quienes son cuidades.
El pasado 7 de agosto del 2025 se marca un hito histórico para el cuidado, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el cuidado como un derecho humano autónomo y fundamental. Así, todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a autocuidarse, bajo condiciones dignas, integrales y diferenciales garantizadas por la corresponsabilidad entre el Estado y la familia. Esta proclamación se da gracias a la Opinión Consultiva 31 que dio respuesta a la solicitud del Gobierno de Argentina, como una primera solicitud realizada por un país a la corte sobre el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. El reconocimiento del cuidado como un derecho, ha sido materializado en algunos países de la región, como el caso de Uruguay, al igual que en los avances en política pública en América Latina, lo que ha respaldado las discusiones en las audiencias de la Opinión Consultiva.
En Colombia, en el 2025 se estableció el Sistema Nacional de Cuidado a través del CONPES 4143- Política Nacional de Cuidado desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, desde donde se busca reconocer el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado y exige una corresponsabilidad y articulación por parte del Estado, la sociedad civil, las comunidades y organizaciones sociales y el sector privado. Estos avances en el reconocimiento del cuidado como base fundamental de la sostenibilidad de la sociedad y la economía, tienen en común la reflexión en torno al hecho de que las labores de cuidado no remuneradoas o con remuneración precaria, son ejercidas por mujeres y/o por personas marginalizadas como personas migrantes, negras, indígenas, campesinas y empobrecidas, lo que las coloca en el nivel más bajo de la pirámide social y laboral.
No obstante, la pandemia agudizó la crisis de los cuidados de América Latina y de Colombia, evidenciando que hay una población vulnerable e invisibilizada, en ocasiones segregada social e institucionalmente, a partir de un edadismo social por su funcionalidad física y mental que no las hace “productivas”: las personas mayores.
Colombia atraviesa un proceso silencioso pero profundo: el envejecimiento de su población. Según proyecciones oficiales, hacia el 2030 una de cada cinco personas tendrá 60 años o más. Sin embargo, como sociedad seguimos actuando como si fuéramos un país joven, sin asumir los cambios que trae consigo, entre otros, el aumento de la longevidad. Una de las expresiones más evidentes de esta paradoja es la ausencia de un sistema robusto y digno del cuidado de la vejez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2019) ha advertido desde hace más de una década que los países de la región envejecen más rápido que los europeos, pero con menos recursos y con sistemas de protección social aún incompletos. Esto significa que Colombia tiene menos tiempo para prepararse y, al mismo tiempo, mayores brechas que cerrar. El resultado es preocupante: un número creciente de personas mayores requiere apoyos, cuidados de larga duración y acompañamiento, mientras las familias —en particular las mujeres— siguen siendo las principales responsables de proveerlos, de manera no remunerada y sin apoyos públicos suficientes.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) estima que el costo del cuidado de larga duración de personas mayores en América Latina podría alcanzar hasta un 3% del PIB en las próximas décadas. No se trata solo de un problema financiero: es una cuestión de derechos. Por este motivo, las investigaciones que hemos realizado en la Universidad de los Andes en la última década, han mostrado que el modelo de atención de la vejez en las grandes ciudades vía su mercantilización, no solo es insostenible financieramente, sino que segrega la vejez y deja por fuera del mercado de los cuidados a las grandes mayorías vulnerables (Pineda y Borda, 2025). El envejecimiento con dignidad implica reconocer que todas las personas, sin importar su condición económica, tienen derecho a recibir cuidados adecuados, integrales y dignos cuando su autonomía se reduce. Omitir este principio no solo expone a las personas mayores a situaciones de abandono, sino que perpetúa la desigualdad de género, ya que son las hijas, esposas o nietas quienes mayoritariamente asumen esta carga en condiciones precarias.
En Colombia, el cuidado de la vejez ha sido relegado a un segundo plano. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018) y Oxfam (2022) han señalado reiteradamente que sin un sistema integral de cuidados que abarque todas las etapas de la vida, no habrá verdadera equidad. El envejecimiento no es una excepción, sino una parte ineludible de este ciclo vital.
Lo más inquietante es que los servicios disponibles brindados por pequeñas empresas son escasos, fragmentados y poco apoyados. Muchos centros gerontológicos funcionan en condiciones deficientes y el acceso a servicios de calidad depende de la capacidad de pago de las familias. La política pública se ha limitado a programas asistenciales o a subsidios insuficientes, sin construir una infraestructura pública y comunitaria que garantice cobertura amplia y equitativa.
Frente a este panorama, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, es urgente reconocer el cuidado de la vejez como un asunto de interés nacional. Se requiere una política nacional que piense en la vejez desde la prevención, la corresponsabilidad y la dignidad. Esto implica articular los servicios del sistema de seguridad social en salud con el sistema de protección social, en un sistema amplio y masivo que llegue a la gran mayoría de hogares con personas mayores vulnerables; formar profesionales en gerontología y cuidados, pero también certificar las competencias de las mujeres que ya cuidan, como propone el Sena en sus incipientes programas de formación. Constituir una red de centros de cuidado de larga duración en cada ciudad para la vejez en abandono, con fondos públicos de protección que logre cubrir la creciente demanda de la vejez abandonada y que garantice una contratación digna a las personas cuidadoras con un acompañamiento psicosocial integral, que reconozco que el trabajo de cuidado no solo es físico, sino también emocional.
Igualmente, debemos invertir en infraestructura de cuidado, con mejoramientos en las viviendas de hogares con personas mayores y servicios comunitarios que apoyen tanto a las personas mayores como a sus familias. La experiencia internacional muestra que invertir en cuidados no solo mejora la calidad de vida, sino que también genera empleo decente, dinamiza la economía y contribuye a la equidad de género.
Finalmente, necesitamos un cambio cultural. El cuidado de la vejez no puede seguir siendo percibido como un problema privado de las familias. Es un asunto colectivo, que nos involucra como sociedad. Hablar del cuidado de la vejez es hablar de cómo queremos vivir nuestros últimos años y de qué sociedad queremos construir: una que margina y descarta, o una que protege y acompaña.
Colombia aún está a tiempo de construir un sistema de cuidados mixto, tanto para los hogares como para el cuidado institucionalizado, que responda a los retos del envejecimiento. Pero el reloj avanza rápido. Si no actuamos ahora, la vejez de millones de colombianos y colombianas será marcada por la precariedad, la soledad y la desigualdad. Reconocer el cuidado como un derecho y como un pilar de la política social no es un lujo, sino una necesidad impostergable.
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Y no, la salvación de la sociedad no es que las mujeres tengan más hijos e hijas, pero ese es un tema para otra nota. Por ahora pensemos en que mientras leemos esto estamos envejeciendo, y que seremos o somos esas personas mayores que necesitan o necesitarán un cuidado integral y digno frente a la cual la infraestructura de cuidado estatal no tiene la capacidad de responder.
Referencias
BID (2022). Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/envejecer-en-america-latina-y-el-caribe-proteccion-social-y-calidad-de-vida-de-las-personas-mayores
Cepal (2019). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://hdl.handle.net/11362/44369
OIT (2018). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. Informe de la OIT. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang–es/index.htm
Oxfam (2022). Los cuidados en América Latina. Entre la crisis y las redes comunitarias. Oxfam Internacional. https://lac.oxfam.org/wp-content/uploads/2025/06/Informe_Los-cuidados-en-LAC-entre-la-crisis-y-las-redes-comunitarias-1.pdf
Pineda, J. y Borda, L. A. (2025). El cuidado institucionalizado de la vejez en Bogotá 2013 – 2023. Informe de investigación. Cider-Faciso, Universidad de los Andes. https://cider.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2025/09/informes-cuidadodelavejez-bogota-2013-2023-28-07-25.pdf
