El acuerdo de Escazú tiene como propósito garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el acceso a la justicia en los mismos. Además, incluye provisiones para defender los derechos de los ambientalistas. Visto desde el sentido común, parece uno de tantos acuerdos que meramente prolongan principios que ya hacen parte de nuestra democracia.
Pero las cosas no son así de sencillas.
Escazú es fundamental para nuestra región porque, de aplicarse con rigor, hará más difícil la explotación indiscriminada de recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola sin considerar sus efectos ambientales, y las obras de infraestructura que puedan afectar de manera muy negativa el medioambiente.
El orden democrático interno no basta; hace falta un refuerzo por medio del Acuerdo.
Se pregunta uno, entonces, por qué la oposición de países y partidos de la región al acuerdo.
Los argumentos de dicha oposición se pueden resumir en dos razones principales. Primero, que supuestamente los países firmantes pierden su soberanía, pues las organizaciones internacionales podrían decidir sobre temas ambientales internos. Este argumento no es convincente porque, aunque no es cierto lo que dice (no se le cede soberanía a nadie), trasferir soberanía a las organizaciones o instituciones internacionales no es necesariamente malo. Depende para qué y en qué condiciones se cede algún aspecto de nuestra soberanía.
¿Qué quiere decir que se cede soberanía?
Que un Estado es soberano quiere decir que es la máxima autoridad en su territorio. Al ceder una parte de su soberanía, está diciendo que ya no es la máxima autoridad en un aspecto específico. Por ejemplo, los Estados europeos han cedido partes de su soberanía económica y política a la Unión Europea. La cuestión de si eso es bueno o malo depende de las circunstancias, y de la gobernanza de las organizaciones internacionales, es decir, del cómo toman sus decisiones.
La cesión de soberanía no tiene en sí misma por qué espantarnos. De hecho, es relativamente común. Aparte de la UE, los Estados que se adhieren a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, han cedido su soberanía en el juzgamiento de crímenes selectos. Los firmantes del Protocolo de Montreal quedan sometidos a las nuevas regulaciones medioambientales que dos tercios de sus miembros decidan. La lista es larga. Y no pasa nada. No es el fin del mundo, ni el comienzo de una terrible tiranía internacional.
El otro argumento que se suele utilizar contra el acuerdo es que trae inseguridad jurídica. Esto no es cierto. Como lo reporta WWF, Escazú “aumenta y garantiza la seguridad jurídica sobre todo porque su contenido está en sintonía y permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID. Los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral incorporan garantías asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú”.
Pero uno tendría que preguntarse si, suponiendo que el argumento de la inseguridad jurídica fuese cierto, no es más urgente la defensa de la vida humana que la seguridad jurídica. Por supuesto, el Estado tiene que ofrecer condiciones para que los empresarios desarrollen sus actividades. No obstante, la seguridad jurídica es mala si permite la destrucción del medioambiente y la vida humana. Estamos hablando de un contexto en el que la Amazonía arde y se está convirtiendo en una sabana. No es un problema baladí.
Es una excelente noticia que la Corte Constitucional haya declarado constitucional el Acuerdo de Escazú. Ojalá esto le dé más peso a la voz de los defensores de nuestro medioambiente, y haga que estén más seguros.
