La firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016 inauguró una etapa entre auspiciosa e inquietante en la historia colombiana. Aunque el acuerdo es parcial en cuanto al número de actores violentos involucrados, poner fin a la guerra entre el Estado y su mayor competidor armado aseguraría el inicio de la transición hacia la paz para sacar las armas de la política, de los conflictos sociales y de las economías locales.
Suscribir el acuerdo tuvo un impacto positivo. En 2011 el número de víctimas por cada cien mil habitantes había sido 550,9; en 2016 y 2017 hubo una notable reducción: 151,37 y 288,7 respectivamente. No obstante, ese interludio “pacífico” se fue difuminando en los años siguientes y en 2022 la tasa de victimización fue muy superior a la de 2011: 640,3 (gráfico 1). De acuerdo con Indepaz[1] los asesinatos de líderes sociales aumentaron dramáticamente entre 2016 y 2020 (de 109 a 252 casos). En 2023 la cifra llegó a 188. Según esa misma fuente, 429 firmantes del AFP han sido asesinados entre 2017 y 2024.[2]
La implementación del AFP ha enfrentado múltiples obstáculos. El principal resulta del carácter inevitablemente divisivo de la paz. Paradójicamente, esta suele acicatear el conflicto político: la polarización hace difícil firmarla e implementarla. De hecho, la tasa de crecimiento de la implementación de las disposiciones del AFP cayó significativamente entre 2018 y 2022 (gráfico 2).
Además de los efectos nocivos de la polarización y de las denuncias sobre corrupción en la asignación de los recursos para la paz provenientes del Sistema Nacional de Regalías, hay ciertas fallas en el ajuste institucional para coordinar a las entidades responsables, lo que ha generado problemas en la implementación. El más reciente informe del Instituto Kroc advierte que “durante el último año de implementación se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior (2018-2022). Esto indica que, aunque la implementación no se ha detenido, los cambios experimentados en los niveles de implementación a lo largo de cada año han sido escasos”[4]
A pesar de los altos niveles de victimización y violencia, de la lenta marcha del proceso de implementación del acuerdo de paz y de los tropiezos de la política de Paz Total, no hay que perder de vista que el horizonte temporal del AFP es de quince años. Así que aún queda (sin considerar si la propuesta gubernamental de ampliar ese período es acogida o no) poco más de la mitad del camino para cumplir con el acuerdo.
Este cumplimiento no concierne solamente a las partes firmantes del mismo sino, principalmente, a los habitantes de aquellas zonas del país más afectadas por la violencia, la pobreza y el abandono estatal, así como al conjunto de la ciudadanía colombiana. El AFP aún alimenta las expectativas de una transición hacia la paz y tiene un alto grado de legitimidad. Así lo demuestra la tercera encuesta de Monitoreo de las Actitudes, Percepciones y Apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia[5] llevada a cabo por el PNUD en las dieciséis regiones PDET, la cual indagó las opiniones de 11.800 habitantes de esas zonas. La encuesta de 2023, a diferencia de las dos anteriores (2019 y 2021), incluye además la exploración de las percepciones y actitudes en cinco ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
A pesar de la amplia varianza en las opiniones y de la heterogeneidad de los resultados entre las diferentes subregiones PDET, donde el optimismo en Montes de María con respecto a la implementación del acuerdo y el avance de la reconciliación contrasta con el escepticismo en el Catatumbo, el resultado más destacado es que entre 2019 y 2023, las personas que declaran algún nivel de satisfacción con la implementación del AFP aumentaron de 35,8% al 58,1%. En las cinco ciudades la satisfacción alcanza el 40%.
Otros hallazgos para destacar son: 1) que las personas que expresan cierta satisfacción con la implementación del acuerdo, están convencidas de la importancia de persistir en la búsqueda de salidas negociadas con la plétora de grupos armados que hay en la actualidad y 2) en la mayoría de las subregiones PDET la percepción de seguridad y la satisfacción con la implementación van de la mano. Ciertamente, cumplir el acuerdo induce un acercamiento de los demás grupos armados hacia un escenario de negociación. Evitar el fracaso de la Paz Total requiere poner el pie en el acelerador de la implementación del AFP y generar confianza entre la población sobre la capacidad del Estado para proteger a la gente. Es urgente entonces, implementar para pacificar.
[1] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz: https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-personas-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/
[2] Cifra a 25 de agosto de 2024. https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-firmantes-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/
[3] Echavarría, J. et al (2023). Seis años de implementación del Acuerdo Final: retos y oportunidades en el nuevo ciclo político. Notre Dame, IN y Bogotá, Colombia: Matriz de Acuerdos de Paz/Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz/Escuela Keough de Asuntos Globales, DOI: https://
doi.org/10.7274/41687h17d1g
[4] Echavarría, J. et al (2024). Siete años de implementación del Acuerdo Final: perspectivas para fortalecer
la construcción de paz a mitad de camino. Notre Dame, IN y Bogotá, Colombia: Matriz de Acuerdos de Paz/Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz/Escuela Keough de Asuntos Globales. DOI: 10.7274/25651275
[5] PNUD (2024). Escuchar la Paz. Entre contrastes y anhelos de paz y desarrollo humano. https://www.undp.org/es/colombia/publicaciones/resumen-ejecutivo-informe-escuchar-la-paz-entre-contrastes-anhelos-de-paz-desarrollo-humano
