Misión de empleo y crisis del trabajo

La reciente Misión de empleo, creada por el Gobierno Nacional y dirigida por el economista mexicano Santiago Levy^[1],ha tenido una acogida leve en los medios y ha recibido fuertes críticas de algunos especialistas. Se ha criticado el alcance limitado de la Misión al señalarse que “en realidad, no es una misión de empleo, sino un estudio sobre los problemas de los regímenes de seguridad social y pensiones” ^[2]. Comparativamente con la Misión Chenery de hace 35 años (1986), la actual Misión presentó un resumen general y cinco estudios, efectivamente centrados en temas de seguridad social y la regulación laboral, mientras la primera realizó cerca de 30 estudios y publicó la síntesis de 19 ^[3].

Sin embargo, la principal crítica ha sido a su enfoque general. Mientras la Misión Chenery se centraba en la dinámica de la actividad económica como determinante del empleo, y les asignaba a los costos laborales y a las inflexibilidades del mercado un papel secundario, la Misión Levy no atiende los asuntos del desarrollo económico y destaca los costos de la oferta (seguridad social y parafiscales) en la generación del desempleo y la informalidad.

Tuve oportunidad en mi primer empleo como técnico del DNP en 1987 de recibir, en su despedida después de dos años de trabajo en la entidad, del profesor Manuel Ramírez, co-editor del informe de la Misión Chenery, el “modelo de proyecciones consistentes” que dejaba la Misión. Al escuchar brevemente al profesor Ramírez, comprendí que se trataba de un modelo de demanda a partir de variables exógenas, no sólo de oferta de trabajo, sino de variables de política pública y de precios de los principales productos transables, como de matrices de funciones de producción de los quince sectores económicos que tenía la matriz de contabilidad social. Este estudio, fue uno de los tantos que expresó ese enfoque de demanda y la preocupación de esta Misión por el modelo de desarrollo en marcha.

Más adelante, en un artículo de 2015 evidencié el sesgo antilaboral del modelo de desarrollo colombiano^[4]. Bajo las mismas preocupaciones de la Misión de los ochentas, señaló que las actividades económicas que más crecieron en las últimas décadas fueron aquellas que tienen una alta composición de capital y menor capacidad de generar empleo (hidrocarburos y minería), además del deterioro ambiental, mientras la industria manufacturera y el sector agropecuario, los mayores generadores de empleo y con mayores eslabones económicos, perdieron participación significativa en la economía. La ausencia de políticas de desarrollo industrial ha sido una constante desde entonces y las actuales políticas no revierte esta característica.

Por su parte, la dinámica del sector agropecuario ha sido resultado del sesgo anticampesino del estilo de desarrollo colombiano^[5]. La ausencia histórica de una reforma agraria redistributiva que logre una mayor eficiencia en el uso del suelo, junto con la ausencia de impuesto a la gran propiedad rural que incentive un mercado de tierras y una mayor productividad agrícola, ha sido la causa del sesgo antilaboral en el campo: muchas tierras con menor empleo y trabajo incierto. La reforma rural integral incluida en el Acuerdo de Paz, que constituyen medidas tímidas y respetuosas de una reforma agraria, ya sabemos que ha sido obstaculizada por este gobierno.

Abordar la dinámica del empleo, el desempleo y la informalidad a partir de los costos laborales, como lo hace la Misión Levy, ciertamente distorsionan la comprensión del problema. No obstante, esto no significa que los problemas institucionales de la seguridad social que esta Misión estudia no sean relevantes en sí mismos y hagan parte importante del problema. Esta Misión, bastante Uniandina, contribuye a una discusión de data antigua con elementos novedosos. Cada uno de los cinco estudios hablan en detalle por lo que son sesudos y extensos, algunos con más de cien páginas. Por ejemplo, el texto de Álvarez y Villaveces, sobre la protección social, es agotador a través de sus cinco fases de la evolución histórica de la institucionalidad del mercado laboral, pero plantea propuesta para la discusión nacional. El de Natalia Ramírez, sobre la regulación y la conflictividad laboral individual –la Misión no aborda el derecho colectivo-, es exquisito y atrayente, con un enfoque del derecho y de género convincente.

La Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo (ACET), ha programado una serie de eventos para discutir estos informes^[6]. Esperemos que la discusión tome lugar y el debate electoral incluya exitosamente la agenda del trabajo, para enfrentar así la crisis y el sesgo antilaboral del desarrollo.