Los hechos regionales y metropolitanos han sido definidos por la ley de áreas metropolitanas y de región como aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, políticos e institucionales que afectan a dos o más municipios de áreas metropolitana, de regiones y departamentos1. Es importante analizar los hechos no solo a partir de las interdependencias, sino de los conflictos y las potencialidades y oportunidades que representan para orientar la planeación, el desarrollo territorial y la acción colectiva regional. En esta dirección, en este artículo se analiza el estilo de desarrollo que se deriva de los hechos regionales y metropolitanos y su relación con la sostenibilidad territorial de la región y se presentan ejes y campos de actuación definidos por los diferentes esfuerzos y apuestas de planificación regional para enfrentar los retos que plantean los hechos regionales y metropolitanos. Se señalan algunos de los proyectos regionales y políticas públicas definidas en este campo de actuación y se analizan los conflictos de visiones que hay en torno a estas innovaciones, así como los efectos no esperados de las mismas. El reto en torno a los hechos regionales y metropolitanos es lograr construir visiones compartidas del desarrollo, movilizar procesos de acción colectiva y modificar el estilo y modelo de desarrollo en la región.
Los hechos metropolitanos y regionales de Bogotá región: ¿una región próspera o un territorio no sostenible, con conflictos territoriales, segregación socio-espacial y dinámicas económicas no convergentes?
El reconocimiento de que la discusión sobre los hechos regionales de Bogotá y la región metropolitana debe hacerse desde una perspectiva multiescalar es uno de los avances más importantes del proceso de planeación territorial en el distrito, el departamento de Cundinamarca, y la subregión Central. En esta dirección, los ámbitos territoriales que son reconocidos como estratégicos para construir los hechos regionales son los siguientes: la escala metropolitana que incluye los municipios de borde urbano y rural del primero y segundo anillo y que coincide con la sabana de Bogotá, la escala definida por la cuenca del rio Bogotá que abarca 46 Municipios de Cundinamarca, la escala subregional conformada por los 116 municipios de Cundinamarca, sus interacciones y su relación con Bogotá, y finalmente, la escala regional vinculada al sistema de ciudades de la región central y los cuatro departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima).
El estudio de los hechos regionales y metropolitanos en estos diversos ámbitos territoriales permite analizar la prosperidad de una región no solo en términos del crecimiento económico sino del modelo y estilo de desarrollo y su relación con la sostenibilidad del territorio. Si bien, es cierto que la importancia de la región Bogotá-Cundinamarca se deriva del peso que tiene en la economía nacional en tanto produce cerca del 30% del PIB nacional, y de las enormes potencialidades y oportunidades que tiene en el ámbito regional, nacional e internacional, se trata de una región cuyo modelo y estilo de desarrollo está atravesado por un conjunto de dinámicas y conflictos que de seguir la actual trayectoria de desarrollo la convierten en un territorio insostenible, desigual, ingobernable y con enormes obstáculos para ser un territorio próspero y productivo. Los hechos regionales y metropolitanos permiten caracterizar ese modelo y estilo de desarrollo desde una perspectiva territorial, multidimensional y democrática.
Un primer hecho desde una perspectiva económica y poblacional es que la región metropolitana se caracteriza por un crecimiento urbano cuyo rasgo central ha sido la conurbación y la expansión urbana dispersa como resultado del crecimiento poblacional, el incremento en el precio del suelo y la falta de generación de suficiente suelo urbanizable (Cider 2017). La región metropolitana aumento 11 veces más su territorio por habitante en comparación con Bogotá. Entre 2005 y 2016 la región paso de 7.815 ha a 27.309 ha (un aumento de 19.494 ha), mientras que Bogotá paso de 33.506 ha a 36.143 ha (un aumento de 2637 ha) (DTS. Revisión del POT 2019). Bogotá fue el principal atractor de población del país, pero también el principal expulsor de población hacia los municipios de la sabana, en particular, a Soacha y los municipios del sur occidente (Cider 2017). De acuerdo con estudios de la sociedad de Mejoras y ornatos de Bogotá, la capital está expulsando mucha más población que la que recibe. Entre 2005 y 2018, 527.000 personas se fueron de Bogotá, para instalarse en otros municipios de la Sabana (83%), en el resto de Cundinamarca (2%), y en el resto de Colombia (24%).
Por otro lado, como lo señala el estudio del componente regional del POT realizado por el Cider en el 2017, la expansión urbana en la región metropolitana de Bogotá en las tres últimas décadas ha sido acelerada y se caracteriza por dinámicas funcionales diferentes y no homogéneas: en el Sur, por un proceso de conurbación con Soacha originalmente causado por las instalaciones industriales sobre la autopista Sur y luego por la consolidación de un área residencial como resultado de los proyectos VIS como el MISN de Ciudad Verde; en el occidente, por la conurbación de los municipios de Funza y Mosquera, caracterizada por “la continuidad de usos residenciales en un proceso de expansión conjunto”, y la conurbación existente entre Bogotá-Funza-Madrid y Bogotá-Cota, caracterizada por “la aparición de usos de carácter industrial y de logística”; y finalmente, en el norte, por la conurbación entre Bogotá y los municipios de Chía-Cota-Cajicá, y por la expansión urbana dispersa en los Municipios del Valle del Teusacá como resultado de cambios de uso de suelo rural para usos residenciales, comerciales y dotacionales (Cider 2017).
Un segundo hecho relacionado con el modelo de ocupación de la ciudad-región en la escala metropolitana se caracteriza por un crecimiento que mantiene y profundiza los patrones de segregación socio-espacial en el territorio urbano-rural. Estos patrones son los siguientes: patrón disperso residencial y de clase alta y media en el norte, patrón mixto industrial y residencial de clase media y baja en occidente, y finalmente, residencial clase baja, patrón compacto y conurbación en el sur (UNAL 2010). Estas brechas se expresan en la inequidad en el acceso a infraestructura urbana de soporte y a bienes y servicios sociales y en localización de poblaciones con atributos similares en territorios específicos. De otra parte, en la escala subregional las dinámicas socio-económicas de los municipios de la región no son convergentes y la calidad de vida en el territorio regional continúa siendo menor cuanto más se aleja del centro metropolitano. Los indicadores de pobreza, educación, salud y déficit de vivienda muestran que las dinámicas de los municipios de la región no son convergentes (Cider 2017). El proceso de aglomeraciones emergentes, suprarregionales y de equilibrio no logran generar convergencia y reducir los desequilibrios territoriales.
Un tercer hecho desde la perspectiva ambiental está relacionado con el desarrollo de un modelo de ocupación urbano-regional que afecta los componentes de la estructura ecológica regional, los servicios ecosistémicos y las áreas y vocaciones rurales de la sabana y que ve la ruralidad del departamento en función de necesidades de la ciudad y de lo urbano. Los principales efectos de este modelo es la contaminación de las fuentes hídricas y en especial del rio Bogotá, la fragmentación de los ecosistemas regionales y de los servicios ecosistémicos de soporte, la agudización de los conflictos socio-ambientales, la generación de situaciones de injusticia ambiental y la agudización del riesgo.
Un ejemplo de la fragmentación de ecosistemas estratégicos de orden regional y nacional es el que se ha venido dando en la Sabana de Bogotá. En la cuenca del rio Teusaca, por ejemplo, son evidentes los efectos del modelo de ocupación dispersa impulsado por empresas inmobiliarias, por los planes de ordenamiento de los municipios y por los proyectos nacionales que amenazan el ordenamiento ambiental del territorio. En la última década en la cuenca alta de la ronda del embalse de San Rafael se autorizaron urbanizaciones dentro de la Reserva forestal productora-protectora (RFPP) de la cuenca alta del rio Bogotá y en la RFPP del sapo-San Rafael; en la cuenca media y baja, se habilito suelo para vivienda campestre en los municipios de Sopo, Guasca y la Calera dentro de la RFPP del rio Bogotá, cerros Pionno y las Águilas. Estas intervenciones implican perdida de conectividad con el páramo de Chingaza y los ecosistemas asociados a las quebradas, impactos en los caudales hídricos locales y perdida de conectividad entre la RFPP del bosque oriental de Bogotá y los páramos de Sumapaz y Cruz Verde (Hernandez, Molina, Duarte, Duque 2020).
Los conflictos socio-ambientales en la región están relacionados con el establecimiento de actividades que generan alto impacto en cuanto al uso del suelo y degradación ambiental, conllevando a escenarios de riesgo. Debido al crecimiento disperso en las áreas rurales y súper concentrado en las zonas urbanas (sin regulación del modelo de crecimiento), se ha visto incrementada la vulnerabilidad de la población a eventos amenazantes. Actividades como minería, desarrollos y/o asentamientos ilegales en zonas de riesgo y actividades agrícolas en zonas de páramo. La minera se presenta como conflictiva por afectación ambiental en la cuenca alta –carbón-, cuenca media y baja -materiales de construcción-.
Un cuarto hecho asociado a los vínculos urbano-rurales está relacionado con la perdida de la ruralidad como resultado de procesos de conurbación y urbanización dispersa, el riesgo en la seguridad alimentaria y un marcado sesgo anti-campesino en las políticas de desarrollo territorial y protección ambiental (Cider 2017). Los municipios de la Sabana de Bogotá en mayor medida y otros municipios tradicionalmente agropecuarios por vocación, han venido evidenciando pérdidas de productividad y disminución del área sembrada. Las últimas dos décadas se caracterizan porque los suelos rurales aptos para la producción agrícola y con vocación de protección han sido transformados en suelos para vivienda campestre para clase media y alta y usos suburbanos (comerciales, industriales y comerciales). Por ejemplo, en la última década, en Tocancipá: 502,39 ha de suelo de clasificación agrológica tipo II se cambiaron para uso de suelo industrial y en Guasca la alcaldía declaro 492,85 ha de su suelo suburbano sobre suelos de clase agrológica tipo II. Vinculado a este proceso un fenómeno ha sido la pérdida de población rural que migra hacia las cabeceras o hacia Bogotá y otras regiones para buscar una actividad productiva. Por otro lado, en el borde sur occidental los proyectos de construcción en áreas rurales de vivienda de interés social han generado también, cambios en el uso del suelo lo que ha producido desplazamientos de las estructuras basadas en la economía campesina hacia usos del suelo intensivos en la prestación de servicios para las poblaciones que se asientan en las nuevas zonas de urbanización, esta tendencia provoca desplazamiento de las actividades agropecuarias.
A pesar de lo anterior, existen municipios que mantienen una tradición rural como son el Rosal, Subachoque, Tabio, Tenjo y Facatativá; mientras que los municipios que evidencian una pérdida del sector agrícola son Madrid, Mosquera, Cota, Tocancipá y Zipaquirá (Hernández, Molina, Duarte, Duque 2020).
Un hecho regional que caracteriza los vínculos urbano-rurales en la región Bogotá-Cundinamarca es el relacionado con las interdependencias asociada a la producción, comercialización, intercambio y distribución de alimentos. Bogotá depende para su abastecimiento de la producción externa, y a su vez, la región depende del mercado que la ciudad representa y de la transformación de alimentos que en ésta se realiza. Un estudio realizado en el 2020 por Cider y Fescol sobre los hechos regionales y metropolitanos de Bogotá-Región señala que la capital consume 7.600 toneladas diarias de alimentos entre frutas, verduras, cereales y carnes, de las cuales, el 77% se produce en un radio de 300 kilómetros. La economía campesina, familiar y comunitaria aporta alrededor del 65% de los alimentos de la canasta básica consumida en Bogotá, protege al abastecimiento de prácticas monopólicas y entrega una diversidad de productos primarios y transformados (Hernández, Martin, Jiménez y Vega. Cider-Fescol 2020). A pesar del peso que tiene la economía campesina, familiar y comunitaria de Cundinamarca en el suministro de alimentos a Bogotá y la región, no se ha consolidado un sistema agroalimentario regional justo y eficiente de abastecimiento que fortalezca dicha economía. Por tanto, aun no se logran modificar los desequilibrios en los vínculos urbano-rurales, ni romper el sesgo anti campesino propio del estilo de desarrollo en la región y avanzar con efectividad en las políticas derivadas de los acuerdos de paz. Finalmente, hay que decir que la población rural y los asentamientos y centros poblados rurales continúa teniendo restricciones para obtener los beneficios de las interacciones con las aglomeraciones urbanas y tanto en la región metropolitana como en la escala subregional de los municipios de Cundinamarca sigue existiendo un rezago en la productividad rural.
Un quinto hecho regional desde la perspectiva de servicios públicos está relacionado con la existencia de un sistema de abastecimiento para Bogotá y los 11 municipios vecinos que, si bien garantiza agua potable continua, ha generado efectos no esperados como resultado de la venta de agua en bloque y de una visión centrada en garantizar la calidad del agua y el equilibrio entre oferta y demanda de agua. Bogotá y los municipios de la región metropolitana comparten el mismo sistema de abastecimiento de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) abastece el 57% de los municipios metropolitanos y al 95% de sus habitantes incluidos Bogotá. Actualmente, la ciudad de Bogotá cuenta un sistema de abastecimiento desde el cual se surte la ciudad y además se suministra agua potable mediante el sistema de venta de agua en bloque a once municipios vecinos que conforman el primer anillo de la ciudad: Soacha, Madrid, Funza, Sopó, Tenjo, Cota, Cajicá, Tocancipá, La Calera, Chía y Mosquera. Se puede determinar que tres municipios: La Calera, Funza y Madrid, cuentan con una dependencia del 40% o menos en la prestación del servicio; mientras que, los demás municipios dependen en más del 70% de suministro por la modalidad de agua en bloque (Hernández, Martin, Jiménez y Vega, Cider-Fescol 2020).
En materia de servicios públicos el hecho regional y metropolitano se caracteriza, entonces, por contar con un sistema de abastecimiento que, si bien garantiza el agua potable, produce ineficiencias, efectos no esperados y distribución inequitativa a nivel regional (Cider 2017, Hernández, Martin, Jiménez y Vega, Cider-Fescol 2020). Por un lado, es un hecho que la venta de agua en bloque por parte de la EAAB a los municipios vecinos ha tenido como efecto no esperado el contribuir al crecimiento disperso de los mismos, permitiendo la ocupación de suelo rural de alto valor agrológico con usos y densidades de tipo urbano (y sin alcantarillado en muchos casos para atender la demanda de los grandes proyectos inmobiliarios), de condominios y parcelaciones privadas y de empresas y servicios que se ubican en suelo rural. La venta de agua en bloque ha sido definida como: “…el servicio que se presta por las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto que distribuyen y/o comercializan agua a distintos tipos de usuarios.”; sin embargo, no se ha desarrollado conceptos jurídicos específicos que permitan regular las condiciones de esta actividad para prestadores y distribuidores (Hernandez, Martin, Jimenez y Vega, Cider-Fescol 2020).
Y, por otro lado, el modelo empresarial de funcionamiento de la empresa ha generado situaciones de injusticia ambiental con los municipios rurales que proveen el agua. A pesar de que el abastecimiento del recurso hídrico proviene de áreas localizadas más allá del límite administrativo del Distrito Capital, se muestra una fuerte tendencia a que los municipios que están más cerca a Bogotá presenten mejores indicadores de servicio de cobertura, continuidad y calidad en todos los servicios públicos estudiados. Por otro lado, se vende el agua al mismo precio y no se compensa a los municipios que proveen el agua a la ciudad.
Esta situación se hace critica si se reconocen dos hechos adicionales: el primero, que el modelo conurbado y disperso de crecimiento urbano ha implicado un aumento de la demanda de agua y por ende una mayor presión sobre los recursos, el aumento del deterioro de las cuencas hidrográficas, la disminución de la disponibilidad de agua superficial y la incertidumbre frente a la capacidad de la empresa y de las obras de infraestructura hídrica para garantizar un servicio continuo de agua potable ante el panorama del límite de las fuentes abastecedoras; el segundo hecho es la situación de vulnerabilidad hídrica y la alta sensibilidad ecosistémica a la variabilidad climática que caracteriza a la región. A esto hay que sumarle que tanto la descontaminación del río Bogotá como el cambio en el modelo de gestión de residuos sigue siendo una deuda con la ciudad, esto a pesar que la expansión urbana sigue aumentando los residuos sólidos y las emisiones CO2. En la medida en que no se ha logrado transformar los residuos en la ciudad no se ha bajado la disposición de los mismos en el relleno sanitario de Doña Juana.
Los ejes de actuación en el contexto de los hechos regionales y metropolitanos. Las apuestas de la planificación regional y los proyectos regionales de integración: conflictos de visiones.
En el contexto de estos hechos regionales y metropolitanos de Bogotá-región un rasgo de las dos últimas décadas es el surgimiento de nuevas propuestas de planificación e integración regional y de relaciones urbano-rural. En las siguientes líneas se exponen algunos de los ejes de intervención y los principales proyectos regionales que guían el modelo de ocupación regional en el mediano y largo plazo y se hace una breve aproximación a los conflictos de visiones que los caracterizan, dejando para otra entrega el análisis los rasgos del modelo de gobernanza metropolitana y regional que se viene configurando y sus principales retos.
Si se analiza los componentes de la visión regional que se vienen plasmando en los planes de desarrollo y en los instrumentos de planeación territorial de la Alcaldía y la Gobernación en las tres últimas décadas se pueden identificar cinco grandes ejes de intervención:
Un primer eje es la defensa de la estructura ecológica principal distrital y regional como ordenador del territorio y la propuesta de recuperación, descontaminación y saneamiento del río Bogotá. Una de las apuestas que se ha ido consolidado es la que concibe el río Bogotá, ya no como borde para frenar el crecimiento urbano, sino como eje integración y articulación regional, como un eje para el desarrollo de un modelo desconcentrado de ocupación supramunicipal y regional. En torno a esta apuesta se presenta un conflicto de visiones sobre el enfoque y los proyectos estratégicos que deben ser implementados. Por un lado, están las posiciones que plantean que el río es un eje para impulsar proyectos de desarrollo urbano que atiendan a las demandas de vivienda y como un soporte a los sistemas de espacio público, equipamientos, movilidad y conectividad requeridos. Estas visiones plantean la estrategia de recuperación del río a través de construcción de obras hidráulicas que habiliten suelo para intervenciones urbanísticas. Esto implica canalizar el río y desarrollar obras duras que desconocen el cauce natural y los criterios de conectividad de las coberturas naturales.
Este enfoque queda plasmado en el proyecto de Ciudad Río planteado durante la Administración Peñalosa (2016-2019) y con el cual se pretendía construir 180.000 unidades de vivienda a lo largo de 2459 ha. Este proyecto concebía al río como un “eje de desarrollo de Bogotá y de los municipios vecinos, revalorando la estructura ecológica a través de la consolidación del circuito ambiental en el borde occidental, generando equipamientos y servicios urbanos de calidad, promoviendo la localización de vivienda nueva e implementando sistemas de movilidad eficientes (DTS 2019: 31).” El proyecto de Ciudad Río planteado por la propuesta de POT de la administración Peñalosa concibió un río sin valle aluvial y proponía la construcción de una gran ciudad a solo 30 metros del eje del cauce con el argumento que era posible disminuir la Zona de Manejo y preservación del Rio Bogotá (ZAMPA) de los 270 metros establecidos por el POT del 2004 a 30 metros. El POT planteado por Peñalosa acogió la visión y las decisiones de la CAR de reducir la ZAMPA del Río Bogotá basándose en estudios que señalan que las condiciones de amenaza por inundación se redujeron como resultado de las obras desarrolladas por la CAR de adecuación hidráulica en el 2018 y 2019, obras de ampliación de cauce, recuperación de las riberas y construcción de jarillones, entre otras intervenciones. Esta modelo de intervención da continuidad a las visiones que “centran su análisis en asociar a los ríos como focos de riesgo, pues estos generan eventos de inundación y contaminación, además que se mostraban totalmente desconectados del medio urbano y la estructura ecológica urbana (Hernández, Martin, Jiménez y Vega Cider 2020)
Frente a estas posturas, se encuentran las que plantean que la recuperación del río debe orientarse a través de procesos de restauración de carácter pasivo o de mínima intervención, especialmente hidromorfológica. Estas visiones vienen siendo defendidas por nuevos enfoques de ingeniería y restauración como por actores del territorio que defienden los ríos configurando un enfoque socio ecológico y de “ingeniería blanda”. Desde esta perspectiva la recuperación de ríos debe basarse en la restauración ecológica, en el uso de nueva ingeniería y debe ir acompañado de un ordenamiento territorial y urbano en torno al agua, es decir, debe consolidar regiones hídricas, nuevos modelos de ocupación urbana y nuevos esquemas de cogestión social y cogobernanza territorial.
Algunas de las medidas que viene siendo planteadas para la restauración ecológica del río son: la ampliación de zonas de regulación hídrica, la recuperación de cauce natural e histórico del río, la eliminación o reubicación de estructuras que confinan excesiva e innecesariamente el cauce de forma que se permita la conectividad hidrológica entre el mismo y las planicies inundables; la recuperación de cobertura vegetal; el fortalecimiento de la cogestión ambiental y de las veedurías ciudadanas. Desde esta perspectiva la función de la ZAMPA es de amortiguación y no solo de inundación y el Valle aluvial del río asume inundaciones y excesos de agua (Audiencias públicas de defensa del rio Bogotá). Este enfoque de recuperación da continuidad a las nuevas visiones que postulan a los ríos como elementos de memoria colectiva y patrimonio de las comunidades urbanas, también se formulan nuevas posturas donde los ríos deben entenderse como elementos de articulación urbana y regional y no como elementos de borde o que limitan. Si bien se entiende que los ríos urbanos cuentan con altas intervenciones y recuperar sus condiciones naturales es imposible en la mayoría de los casos, sí se debe propender por recuperar la mayor parte de atributos naturales y armonizar estos con los entornos urbano-rurales (Hernández, Martin, Jiménez y Vega Cider 2020).
Un segundo eje de intervención que guía el modelo de ocupación regional y el estilo de desarrollo es el relacionado con la consolidación de Bogotá como parte de un sistema de ciudades y con la necesidad de nuevos acuerdos regionales de distribución de población y vivienda en el que se garanticen condiciones de hábitat y calidad de vida integrada (espacio público, servicios públicos, servicios comunitarios, educativos y de salud).
Un tercer eje lo constituyen las propuestas de organizar la ocupación del territorio “mediante el reconocimiento de sistemas urbanos de aglomeraciones, unos con altas relaciones funcionales con Bogotá (la Sabana) y otros con relaciones más horizontales con la región (cuenca alta y baja)” con el propósito de desconcentrar la población, cualificar el territorio rural y ordenar o agrupar las propuestas de centralidades y equipamientos de mayor jerarquía (en proceso).
Un cuarto eje es la consolidación de una infraestructura regional de servicios de agua y saneamiento basada en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de acueductos subregionales y de tratamiento de aguas (PTAR Regional).
El quinto, es la propuesta de un sistema de seguridad alimentaria y abastecimiento basado o en la “potenciación de áreas productivas integradas a centrales de abastecimiento y transformación de alimentos que permitan el desarrollo de nuevas economías productivas”, o también, en el fortalecimiento de un sistema agroalimentario basado en la económica campesina, familiar y comunitaria de la región. La consolidación de esta modalidad de sistema agroalimentario, como señala Angela Maribeth Martin, evidencia que lo que está en juego es algo más que el sistema de abastecimiento, y está relacionado con otras funciones como “la protección de la agrobiodiversidad, la utilización del acervo de conocimientos empíricos desarrollados por los campesinos tradicionales e incluso indígenas y unas disputas por los territorios donde se producen esos alimentos y la forma en la que se producen (Hernández, Martin, Jiménez y Vega Cider 2020)
Finalmente, en el proceso de construcción del modelo de ordenamiento regional el Regio-Tram de Occidente constituye una de los proyectos regionales más importante en tanto permite avanzar en la consolidación de un sistema regional de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Forman parte de este sistema, proyectos como: las vías férreas, las vías perimetrales de Oriente (la Calera, Chipaque, Guasca, Guatavita, Sesquilé) y de Occidente (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá), las diferentes líneas de metro, los metrocables, la movilidad eléctrica, la construcción de infraestructura para las bicicletas y la construcción del Centro de Intercambio Modal (CIM). Con el proyecto del Regio-Tram de Occidente se busca avanzar en la integración, la productividad y la conectividad entre los municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital en el marco de la Ciudad Región y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región (Plan departamental de Desarrollo 2020-2024 de la gobernación de Cundinamarca). A partir de estos proyectos se generará un nuevo escenario de jerarquías regionales y cambios en las interacciones urbano-rurales-regionales y aun no se conocen los efectos no buscados de estos proyectos.
Para concluir, hay que señalar que uno de los rasgos que caracteriza estos nuevos ejes de intervención y el conjunto de políticas, planes, instrumentos y proyectos que se vienen formulando es que son el escenario de nuevas formas de polarización y de conflicto entre actores y visiones divergentes y que la posibilidad de éxito depende no solo de la efectividad de los proyectos sino de la gobernanza metropolitana y regional que se consolide en la región.
Bibliografía
Cider (2017). “Documento Técnico de Soporte: Componente Regional POT de Bogotá” en el marco de la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. Desarrollo Territorial Sostenible y Seguro a través del Ordenamiento territorial. Contrato de Servicios Profesionales No.: 41537/PNUD96022. Bogotá, Colombia.
Hernández Andrés, Martin Pérez Angela Maribeth, Jiménez Luisa, Vega Jessica (2020). Hechos regionales y metropolitanos Bogotá-Cundinamarca. Agua, servicios públicos y sistema agroalimentario y vínculos urbano-rurales. Documento borrador. Cider - Fescol (2020).
Hernández Andrés, Molina Cristhian, Duarte Vanessa, Duque Diana (2020). Transformaciones territoriales, gobernanza y conflictos hídricos en el Valle del Teusacá. Documento Borrador.
