Despacio.org, Dejusticia, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, y el Cider de la Universidad de los Andes se han unido para impulsar mejoras en los marcos legales y las políticas públicas nacionales en temas relacionados con la seguridad vial y vehicular. Esta coalición de la sociedad civil pretende prevenir lesiones y muertes en las vías de Colombia con base en evidencia, abogacía política y buenas prácticas internacionales.
El último Informe Mundial de Seguridad Vial (2018) señala que Colombia únicamente cumple uno de los ocho estándares mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionados con la seguridad vehicular: el cinturón de seguridad. Además, el informe final del Bien Público Regional de Seguridad Vial Vehicular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en diciembre del 2019, menciona que la legislación colombiana, en temas de seguridad vehicular, se encuentra al menos dos décadas atrasada en relación con otras partes del mundo.
La importancia que esto supone para la vida y seguridad de las y los colombianos ha convertido a la seguridad vial y vehicular en asunto de opinión pública. Según la información del Centro Nacional de Consultoría, en 2019 y de nuevo en 2020, más del 97% de las personas encuestadas está de acuerdo con la existencia de una norma que regule los estándares mínimos de seguridad de los vehículos, norma inexistente en la actualidad.
Por su parte, el gobierno nacional ha manifestado públicamente su compromiso de avanzar en esta materia, incluso a través de la posible adhesión de Colombia a la WP.29 (acuerdos de Naciones Unidas de 1958 y 1998) que, de ser aprobada, permitirá la actualización automática de los reglamentos nacionales según los estándares globales sigan evolucionando. La voluntad expresada por el Gobierno abre una ventana de oportunidad para que actores de la sociedad civil aboguen por la materialización de éste y otros compromisos de política pública sobre seguridad vial y vehicular que avanzan muy lentamente en el país.
En este contexto, el Cider, en el marco del trabajo colaborativo que adelanta con la Universidad Javeriana, Despacio.org y Dejusticia, ha desarrollado las siguientes actividades:
- Un estudio especializado en alianza con la Corporación UrbanPro, para identificar y analizar las implicaciones económicas que tendría la adopción de la regulación WP.29 de las Naciones Unidas por parte del gobierno de Colombia, con énfasis en empleo, competitividad y mercado.
- La revisión y retroalimentación de varios proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República sobre seguridad vial y vehicular, así como la participación en sesiones de trabajo con los equipos técnicos de las y los congresistas que lideran dichas iniciativas legislativas.
- La retroalimentación del trabajo realizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, quienes también estudian las implicaciones de una posible adopción de la regulación WP.29, pero enfocando su evaluación desde la perspectiva del consumidor.
Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de Planificación, gobernanza y desarrollo territorial del Cider y constituye un aporte desde la academia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3.6, relacionado con reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.
Durante los próximos meses, el Cider continuará abogando por mejorar las políticas públicas y los marcos legales que promuevan cero vehículos de baja seguridad y cero usuarios desprotegidos en la vía, contribuyendo con el objetivo de tener cero muertos y heridos graves en las vías y carreteras de Colombia.
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