Según lo presentado en la Declaración de Nueva York sobre Vivienda Adecuada y Asequible de la ONU, en septiembre de este año, actualmente 2.800 millones de personas viven en condiciones de precariedad habitacional; más de 1.100 millones habitan en asentamientos informales y barrios marginales, y más de 300 millones no tienen hogar. Esta crisis habitacional resulta incomprensible si consideramos la cantidad de recursos que los gobiernos, el sector privado, el sistema financiero, las ONG y otros actores han invertido desde finales del siglo XX para solucionar el “problema de la vivienda”. En el caso de las ciudades de América Latina y, particularmente, de Colombia —donde se ha construido vivienda de manera acelerada en las últimas décadas—, la situación es especialmente sorprendente.
Hoy, a diferencia del siglo XX, las crisis se manifiestan menos como carencias y más como paradojas. El problema de la vivienda no radica simplemente en la falta de construcción. En muchas ciudades del mundo, especialmente aquellas donde los procesos de financiarización de la vivienda son más pronunciados, se edifican grandes cantidades de inmuebles, pero no para ser habitados, sino para servir como inversión. Esta situación ha sido denunciada por movimientos activistas de vivienda en distintos países, como España, donde la crisis es particularmente aguda, con el lema: “ni gente sin casa, ni casas sin gente” (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca).
Otra versión de esta paradoja se evidencia en países como México, donde se construyeron masivamente viviendas de interés social, pero sin las condiciones urbanas necesarias para garantizar una vida digna, lo que provocó el abandono de unas 650.000 viviendas y la persistencia del déficit habitacional. En Colombia enfrentamos una tercera paradoja: quienes logran acceder a una vivienda en propiedad —especialmente en proyectos masivos y periféricos de interés social, que son los más construidos en las ciudades— se vuelven simultáneamente más ricos y más pobres. Su patrimonio aumenta, pero también sus costos de vida, debido al peso de las deudas (Proyecto The Home-Debt Nexus) y a los gastos asociados con vivir en periferias urbanas (Proyecto Periferias Verticales).
Pensar y planear hoy las ciudades exige desprenderse de las inercias heredadas del siglo XX. El problema no es únicamente de planeación, ni de carencia de recursos, ni de falta de construcción. En países como Colombia, las políticas convencionales de vivienda —vigentes desde hace más de tres décadas— se han enfocado casi exclusivamente en la producción masiva de vivienda nueva para reducir el déficit cuantitativo, es decir, el número de hogares que requieren una vivienda nueva. Sin embargo, el déficit cualitativo —que se refiere a los hogares que viven en condiciones de precariedad habitacional— alcanza el 23,5%, según el DANE, y es tres veces mayor que el cuantitativo. Esto revela un grave problema de calidad habitacional.
Otra dimensión no resuelta es la asequibilidad. El mercado formal de compra de vivienda de interés social deja por fuera a los hogares de menores ingresos, mientras Colombia registra uno de los porcentajes más altos de arrendatarios y de gasto en alquiler con relación al ingreso en América Latina, especialmente en los deciles más bajos. Así, tras décadas de programas y miles de viviendas de interés social construidas, gran parte de los hogares sigue recurriendo al mercado informal para resolver su necesidad de vivienda.
En el Día Mundial del Hábitat, es necesario reflexionar sobre cómo generar alternativas que enfrenten la crisis habitacional de manera integral. En Colombia existen figuras, instrumentos y experiencias que pueden servir de base: la articulación de mecanismos de gestión del suelo para promover vivienda de interés social bien localizada; los programas de mejoramiento habitacional que acompañan procesos de densificación en barrios de origen informal o reasentamientos en sitio, evitando nuevas expulsiones hacia las periferias; o los programas de arrendamiento social como alternativa de largo plazo a la vivienda en propiedad.
Sin embargo, estas iniciativas suelen quedarse en intervenciones puntuales o proyectos piloto, sin alcanzar un papel central en la agenda pública. Y aquí emerge una última paradoja: sabemos cómo podría resolverse el problema —contamos con normas, instituciones e instrumentos—, pero seguimos apostando por soluciones parciales que parecen más costoeficientes, aunque a la larga resulten más costosas. Apostar por estas alternativas permitiría abrir caminos para repensar el derecho a la vivienda en tiempos de crisis.
El contenido de esta nota es una síntesis de la presentación realizada por Adriana Hurtado Tarazona como ponente invitada al III Simposio Internacional “Gobierno Urbano: debates entre lo urbano y lo metropolitano”, realizado el pasado 17 de septiembre.
Más información: III Simposio Internacional Gobierno Urbano
