El futuro de la planificación territorial en Colombia puede pensarse a partir de la experiencia acumulada por el país desde la Constitución Política de 1991, que sentó las bases de un modelo descentralizado de planificación, y de los posteriores procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de instrumentos como los planes de ordenamiento territorial (POT), establecidos en el marco de la Ley 388 de 1997.
La formulación e implementación de estos instrumentos permitió consolidar capacidades e incorporar herramientas para responder a algunos de los desafíos derivados del acelerado proceso de urbanización que experimentó el país durante la segunda mitad del siglo XX. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, los POT han atravesado una importante fase de implementación y aprendizaje, que ha incluido la formulación de una segunda generación de planes sustentada, en distintos casos, en ejercicios de seguimiento y evaluación. Sin embargo, persisten importantes desafíos. Numerosos municipios aún enfrentan dificultades para consolidar capacidades de planificación que permitan responder adecuadamente a desafíos socioambientales, abordar las brechas entre los ámbitos urbano y rural y realizar procesos estructurados de seguimiento y evaluación respaldados por capacidades técnicas locales.
Estas limitaciones también plantean la necesidad de avanzar hacia una planificación basada en resultados que trascienda los indicadores de desempeño asociados principalmente con dimensiones físico-territoriales y permita comprender de manera más integral cómo las decisiones sobre el ordenamiento territorial afectan la vida cotidiana, las oportunidades y el bienestar de las personas. En este tránsito hacia una planificación territorial centrada en las personas, la trayectoria construida por el Cider a lo largo de sus 50 años ofrece aprendizajes y aportes relevantes, a partir de los cuales es posible plantear tres aportes para pensar el futuro de la planificación territorial en Colombia.
La primera perspectiva para pensar el futuro de una planificación territorial centrada en las personas se relaciona con dos preguntas fundamentales: quiénes participan en las decisiones sobre el territorio y cómo se coordinan los diferentes actores y determinantes que inciden en dichas decisiones. Desde el Cider se ha contribuido a abordar estas preguntas a través del concepto de gobernanza territorial, entendido como el conjunto de mecanismos, arreglos institucionales y espacios de participación que permiten involucrar a los diversos actores de un territorio en los procesos de toma de decisiones. Desde esta perspectiva, tanto la definición de las determinantes del ordenamiento territorial como el diseño y la implementación de instrumentos para responder a los desafíos socioambientales deberían incorporar las necesidades, conocimientos y expectativas de las personas y comunidades, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. A lo largo de su trayectoria, el Cider ha generado, mediante proyectos de investigación y consultoría, conocimientos e insumos que han contribuido a posicionar la gobernanza territorial como una dimensión fundamental de la práctica de la planificación en Colombia. De manera complementaria, sus programas y cursos han brindado espacios para formular propuestas de gobernanza orientadas a articular actores públicos, privados, sociales y comunitarios, tanto en la generación de conocimiento para el ordenamiento territorial como en el fortalecimiento de procesos participativos de toma de decisiones. Estos aportes permiten proyectar hacia el futuro una planificación territorial en la que la gobernanza constituya un principio transversal que permita incorporar a los diferentes actores, y especialmente a las comunidades locales, en las distintas etapas del proceso de planificación, desde la formulación hasta la implementación, el seguimiento y la evaluación.
La segunda perspectiva para pensar el futuro de la planificación territorial se sustenta en la necesidad de fortalecer una aproximación interdisciplinaria e intersectorial. Tradicionalmente, la planificación territorial ha estado fuertemente permeada por lógicas de planificación sectorial, lo que ha conducido a una creciente especialización de las políticas y de sus instrumentos de implementación. Como resultado, las intervenciones tienden a ser lideradas por los sectores directamente responsables de su ejecución, con niveles limitados de articulación con otros sectores que también inciden sobre las dinámicas territoriales.
Esta fragmentación da lugar a lo que la literatura identifica como el “efecto silo”, caracterizado por la actuación relativamente aislada de sectores, instituciones y áreas de conocimiento frente a problemas que, por su naturaleza, requieren respuestas integrales. El enfoque interdisciplinario que ha caracterizado al Cider a lo largo de sus 50 años ha permitido contribuir a la superación de estas lógicas fragmentadas, promoviendo procesos de planificación que articulan distintas disciplinas, sectores y formas de conocimiento.
De cara al futuro, profundizar esta perspectiva interdisciplinaria representa una oportunidad para innovar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación territorial, situando en el centro las relaciones entre las personas, las comunidades y los territorios que habitan. La integración de múltiples disciplinas y formas de conocimiento puede, además, fortalecer los procesos de participación ciudadana, ampliar las capacidades de seguimiento y control social y facilitar la incorporación del conocimiento local en las decisiones de planificación. En este sentido, la interdisciplinariedad no constituye únicamente una forma de organizar el conocimiento técnico, sino también una vía para democratizar la planificación, incorporar múltiples perspectivas y fortalecer la capacidad de las comunidades para participar activamente en la construcción de sus territorios.
La tercera perspectiva para pensar el futuro de la planificación territorial consiste en la reconfiguración y ampliación de su actual “repertorio” temático, el cual debe responder de manera articulada a los imperativos de la gestión del riesgo, la adaptación y mitigación al cambio climático, la transición energética justa y la sostenibilidad ambiental, teniendo como eje integrador el fortalecimiento de la democracia. Históricamente, la planificación ha corrido el riesgo de adoptar estos temas como agendas normativas o listas de chequeo sectoriales que se superponen al ordenamiento territorial sin transformar sustancialmente sus prácticas.
De cara a los próximos años, se requiere superar la visión puramente instrumental de estos conceptos para entenderlos como dimensiones constitutivas de la vida cotidiana y del bienestar de las comunidades. Incorporar la transición energética y la resiliencia climática desde una mirada territorial implica no solo actualizar instrumentos técnicos y mapas de riesgo, sino democratizar las decisiones sobre el modelo de desarrollo local, la distribución justa de las cargas y beneficios ambientales, y la protección de los bienes comunes. Así, el repertorio ambiental y de riesgo se convierte en un medio para robustecer la democracia deliberativa y territorial, donde la ciudadanía y las comunidades locales no solo sean receptoras de diagnósticos climáticos, sino sujetas activas en la definición y comanejo de las transformaciones de sus propios hábitats.