La Agenda de Mujeres Paz y Seguridad ha servido de soporte jurídico y político a reivindicaciones históricas de los movimientos feministas y de mujeres en todo el mundo; y especialmente, en torno a su involucramiento en los procesos oficiales de paz y el reconocimiento de las afectaciones específicas en el marco de los conflictos. Para el alcance de estos propósitos, dichos movimientos han influido, han construido propuestas y también han cuestionado las políticas y programas de paz y seguridad llamando la atención sobre las condiciones reales para el alcance de la justicia y la equidad de género.
En Colombia, esta Agenda sirvió de soporte para la participación incidente de las mujeres en el más reciente proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP, y para la incorporación de múltiples consideraciones de género en el Acuerdo de Paz. Aún en medio de las dificultades de implementación de dicho Acuerdo, estos logros siguen siento un referente internacional en el cumplimiento de las disposiciones de esta Agenda.
Sin embargo, estos logros no obedecieron tanto al carácter vinculante de la Agenda, como a la fuerza y multiplicidad de las estrategias de actuación de las mujeres organizadas que demandaron su cumplimiento en Colombia. En este sentido, hasta hace poco esta Agenda había sido apropiada más como instrumento de exigibilidad por parte de los movimientos feministas y de mujeres para ser “pactantes y no pactadas” en los procesos de negociación, que como instrumento orientador de políticas gubernamentales en materia de paz y seguridad[1].
Con la entrada del gobierno Petro - Márquez (2022-2026) y también como resultado de los logros acumulados, la fuerza y las estrategias de los movimientos feministas y de mujeres, se abre una nueva ventana de oportunidad para la implementación de esta Agenda. Luego de 22 años de la resolución 1325 (primera resolución que integra la Agenda)[2], este gobierno respondió a la demanda de las mujeres organizadas e inició la construcción participativa del Plan de Acción Nacional (PAN1325). Este plan es relevante tanto como instrumento de política como proceso político.
Como instrumento de política reconoce los desafíos que aún persisten para la participación, protección, seguridad y justicia para las mujeres en los escenarios de transición, plantea una “hoja de ruta” para abordarlos, y busca responder a las limitaciones señaladas por las mujeres, sobre los pocos mecanismos e instrumentos efectivos con los que la Agenda ha contado para su implementación y seguimiento.
Como proceso, la construcción del Plan fue anunciada en octubre del año pasado en Quibdó por parte de la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer Clemencia Carabalí[3]. Desde su anunció, la construcción del Plan se caracterizó por ser participativa, con enfoque territorial, étnico e interseccional. Para la materialización de estos enfoques, desde el inicio del proceso hasta el 31 de agosto del presente año se realizaron seis foros macrorregionales además de encuentros poblacionales y sectoriales (indígenas, afro, raizales, palenqueras, jóvenes, ROM y de la diáspora, LGBTI, mujeres excombatientes, víctimas del conflicto, privadas de libertad, en condición de discapacidad) para analizar los desafíos que continúan en materia de paz y seguridad, y presentar propuestas para abordarlos[4]. Estas propuestas han abordado temas diversos y centrales para la construcción de paz, como el fortalecimiento de las rutas de atención a las violencias contra las mujeres, la reducción del gasto militar, las desigualdades estructurales en las regiones, la inversión en educación y la implementación misma del Plan Nacional de Garantías, entre otras. El proceso, además de contar con una clara voluntad política del actual gobierno, cuenta con el impulso de 16 organizaciones de mujeres, feministas y de la sociedad civil; y con el respaldo de distintos países y cooperantes quienes conforman la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.
Estos factores permiten deducir un nuevo y mejor camino para la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad en Colombia, pero este sigue siendo un camino difícil de recorrer. Por una parte, los avances y desafíos de la política de Paz Total del actual gobierno[5] tienen una implicación directa en la implementación efectiva del Plan de Acción. Al respecto, vale la pena retomar una de las lecciones aprendidas durante los esfuerzos de las mujeres organizadas por incidir en el más reciente proceso de paz e implementación del Acuerdo. Entre estas, la imposibilidad de implementar las medidas de género desde una perspectiva transformadora e interseccional sin avanzar en el conjunto de disposiciones del Acuerdo. De ahí que, en un sentido similar, la implementación efectiva de la Agenda y del Plan de Acción (PAN 1325) requiere de avances significativos dentro de los procesos de negociación en marcha y en general, en el alcance de los objetivos de la política de Paz Total.
Este nuevo y ojalá mejor camino para la implementación de la Agenda nos demanda a los movimientos de mujeres y feministas revisar críticamente nuestras estrategias y los logros alcanzados hasta el momento en el último proceso de paz y escenario de transición (por ejemplo, sobre el lugar y el peso de las propuestas económicas, de justicia redistributiva, de desmilitarización, entre otras); y en general, consolidar corrientes de pensamiento feminista crítico a los procesos de paz, escenarios de transición y políticas de seguridad; y una más amplia articulación de las luchas de mujeres y feministas por la paz con otras luchas[6].
Si bien el impulso y formulación del PAN 1325 es liderado principalmente por organizaciones de mujeres y feministas del orden nacional y cuenta, en principio, con el compromiso del gobierno nacional, su implementación y seguimiento efectivo requiere del conocimiento e involucramiento tanto de las organizaciones sociales, de mujeres y feministas a nivel local, como de las autoridades locales y departamentales. Así mismo, se requiere del involucramiento no solo de aquellas instituciones con responsabilidades y funciones delimitadas a “temas de las mujeres” sino el conjunto de instituciones responsables en materia de desarrollo, seguridad y paz.
En línea con lo anterior, este mejor camino requiere, además, por parte del gobierno nacional, de un proceso de pedagogía sobre el sentido político y transformador de la Agenda, de clarificar los roles y responsabilidades de implementación, y de mayores niveles de articulación nacional y territorial. Finalmente, se requiere de mayores recursos y voluntades para la materialización de las disposiciones de la Agenda en los procesos de negociación en marcha en el marco de la política de Paz Total. Lo anterior, incluyendo las debidas garantías de participación de las mujeres, no solo en coherencia con las disposiciones de la Agenda, sino con el acumulado de experiencias y logros que en este campo han demostrado los movimientos de mujeres y feministas en el país.
Más allá de la Agenda y del Plan de Acción (PAN1325) pero con ellos como instrumentos y procesos, lo que buscamos como mujeres organizadas es continuar siendo “pactantes y no pactadas”; pero no de cualquier acuerdo ni de cualquier paz; sino de una paz completa, justa, territorial, sostenible y social; una paz hecha realidad en la vida y cuerpo de las mujeres, nuestros territorios y procesos organizativos; una paz libre de violencias contra las mujeres; una paz capaz de imaginar e implementar políticas de seguridad humana y feminista; una paz que cumple con lo acordado en la Habana, pero que reconoce los vacíos y las demandas de inclusión y de transformación que no fueron discutidos en este proceso; una paz que continua aprovechando cada ventada de oportunidad y manteniendo la esperanza, pero vigilante siempre a los riesgos de despolitización e instrumentalización.
[1] Montealegre (2023). Documento de Política del Cider “El lugar de las reivindicaciones económicas dentro del proceso de paz, el escenario de transición y los movimientos de mujeres y feministas en Colombia” (consúltalo aquí).
[2] A esta resolución se suman otras ocho hasta la fecha, entre estas, las Resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
[3] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/plan-de-accion-de-colombia-para-la-resolucion-1325-sobre-mujeres-paz-y-seguridad/
[4] https://www.infobae.com/colombia/2023/09/01/colombia-tendra-un-plan-de-accion-nacional-para-las-mujeres-por-primera-vez-en-que-consiste/
[5] Aquí sugiero pie de página que indique el título de la nota en este boletín que aborda lo de paz total.
[6] Algunas de estas recomendaciones se encuentran desarrolladas en el Documento de Política del Cider “El lugar de las reivindicaciones económicas dentro del proceso de paz, el escenario de transición y los movimientos de mujeres y feministas en Colombia” (consúltalo aquí).
