En Colombia, un número creciente de proyectos y planes urbanos están siendo modificados o paralizados a través de intervenciones legales, tanto por decisiones judiciales, actuaciones de organismos de control o amenazas de demandas y tutelas. Así, en diferentes ciudades del país es cada vez más frecuente que, en lugar de recurrir a las instancias regulares de concertación y participación que recoge la Ley 388 de 1997, los ciudadanos apelen a los jueces u organismos de control para controvertir o incidir en las decisiones de planeación urbana que tienen un impacto importante en la ciudad. En consecuencia, abogados, jueces y funcionarios de órganos de control han adquirido un lugar protagónico en las decisiones de planificación urbana, que en principio deberían ser del resorte del ejecutivo. El aumento en las intervenciones de actuaciones legales en conflictos de planeación urbana en el país está relacionado con la ampliación constitucional de los mecanismos de acceso a la justicia, como las acciones populares, las acciones de tutela o los recursos ante organismos de control. Sin embargo, el alto coste legal y la paralización de proyectos de ciudad por grupos particulares de ciudadanos llama a cuestionar quién se beneficia de la judicialización de la planeación urbana en Colombia. Así como, a preguntar qué tanto estos mecanismos están (o no) contribuyendo a democratizar la planeación y a generar (o no) ciudades más incluyentes.
En este contexto, se gestó una alianza entre el Cider y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para investigar sobre el fenómeno creciente de mediación legal y judicialización en las decisiones sobre planeación urbana en Bogotá. La pregunta de investigación que guía es iniciativa es la siguiente ¿cómo el aumento de la mediación legal en la planeación urbana está reconfigurando los actores y repertorios de participación y movilización ciudadana, así como las posibilidades de crear ciudades más incluyentes en América Latina? El fin último es analizar cuándo y por qué los ciudadanos acuden a las vías legales para ventilar sus intereses y si la vía de la mediación legal en los conflictos urbanos, en contraste con otras instancias de concertación y participación, puede (o no) contribuir a generar ciudades más inclusivas.
Mediante un estudio de dos casos en Bogotá sobre vivienda y movilidad se busca analizar los efectos concretos de las intervenciones de actores legales en los procesos de planeación urbana y entender los efectos de la creciente intervención de actores legales (lo que el proyecto llama mediación legal) en la planeación urbana y en los repertorios de movilización ciudadana frente a conflictos y proyectos urbanos.
La investigación Inclusión y mediación legal en procesos de planeación urbana es innovadora en varios sentidos. En primer lugar, se enmarca en los debates sobre la inclusión social y sobre participación ciudadana en las decisiones sobre el desarrollo de las ciudades, que hacen parte de la implementación de la Nueva Agenda urbana en el marco del punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, indaga sobre inclusión urbana es urgente en un país que tiene uno de los índices mayores de desigualdad del mundo. Además, en América Latina hay pocos estudios empíricos sobre la participación de actores legales en la planeación urbana y sobre su influencia en los repertorios de movilización de los actores urbanos. Finalmente, se espera que este proyecto propicie nuevos debates teóricos, al combinar enfoques conceptuales y métodos de investigación provenientes de la planificación urbana y el derecho.
Este estudio contribuye a consolidar la línea de investigación del Cider Planificación, gobernanza y desarrollo territorial. En particular, aporta a los debates teóricos y empíricos sobre planeación urbana desde un enfoque crítico, interdisciplinar y basado en las problemáticas y realidades de las ciudades latinoamericanas. Adicionalmente, se articula con el curso Ciudad, Poder y Desarrollo, dictado por el profesor Sergio Montero. Asignatura de la Opción en Desarrollo, que este semestre cuenta con más de 50 estudiantes de pregrado de diferentes facultades de la Universidad de los Andes.
La investigación, financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes, es liderada Sergio Montero (profesor del Cider) y Natalia Ángel-Cabo (profesora de la Facultad de Derecho) y cuenta con la participación de Samuel Nossa (estudiante de doctorado del Cider), Wilson Ordóñez (estudiante de Derecho) y dos estudiantes de maestría del Cider que aún están en procesos de selección.
