La contaminación atmosférica durante mucho tiempo ignorada por los gobiernos y por la agenda internacional de desarrollo sostenible, es uno de los problemas más graves que enfrenta el mundo asociado a la degradación ambiental. Hoy genera consecuencias nefastas en materia económica y de salud pública: 9 millones de muertes prematuras en el mundo y pérdidas por U$4,6 billones anuales.
El problema en el país ha sido abordado tradicionalmente desde la política pública bajo un enfoque centrado en las ciudades, privilegiando acciones dirigidas a atender la contaminación de fuentes fijas (industria) y móviles (transporte). Este enfoque unidimensional de la política ha resultado insuficiente para resolver el problema de contaminación atmosférica, pues los niveles de contaminación persisten e incluso han tendido a incrementarse.
La persistencia de señales de alarma y la declaración de estados de emergencia en diversas ciudades, así como la poca mejoría registrada en los índices de calidad del aire durante la pandemia ocasionada por el COVID 19, que redujo sustancialmente las emisiones generadas en la ciudad, producto de la desaceleración económica, evidencian que otros factores externos a la ciudad inciden de manera importante en la contaminación del aire. Dinámicas como el uso del suelo, la estructura de tenencia y los problemas de deforestación, son detonantes de la contaminación del aire.
La deficiencia de los instrumentos de política, para responder de manera efectiva al problema de la contaminación atmosférica, sustentan la necesidad de adoptar un nuevo enfoque en la política que trascienda la mirada desde las ciudades e incorpore la dimensión rural en el abordaje del problema.
El enfoque de la interdependencia ciudad-campo, reconoce la contaminación del aire como un fenómeno regional con implicaciones locales, y aboga por la adopción de tres tipos de acciones: las primeras dirigidas a incidir sobre problemas territoriales exógenos a las ciudades que aportan a la contaminación del aire; las segundas encaminadas a mejorar el monitoreo y la información disponible en el país; y las terceras orientadas a armonizar y articular la política pública en mención con otras políticas relacionadas, referidas a cambio climático, acceso, uso y ordenamiento de las tierras.