Según cifras de las Naciones Unidas, cada año en el mundo mueren 1,3 millones de personas y 50 millones resultan heridas por accidentes de tráfico. El 90 % de esas muertes se producen en los países en desarrollo. En Colombia, una persona fallece en promedio cada 75 minutos a causa de siniestros viales. En 2019 murieron 7.000 colombianos en accidentes de tránsito y 35.000 quedaron con lesiones graves. En 2020 y 2021, incluso con las largas cuarentenas debidas a la pandemia del Covid-19, las cifras siguieron siendo alarmantes. Es la primera causa de muerte violenta de niñas y niños entre 10 y 14 años y la segunda causa de muerte violenta por lesión de causa externa superada solamente por el homicidio (INMLCF, 2019). La inmensa mayoría de estas muertes y lesiones son evitables, pero siguen siendo un importante problema de salud pública y de desarrollo con enormes consecuencias sociales y económicas. Se estima que estas muertes y lesiones cuestan hasta el 5 % del producto interno bruto anual para algunos países. Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son también una cuestión de equidad social porque con mayor frecuencia los pobres y los vulnerables son también los usuarios que mayor peligro corren en las vías, es decir, peatones, ciclistas, usuarios de vehículos motorizados de dos y tres ruedas y pasajeros de medios de transporte público no seguros. Son ellos quienes se ven afectados y expuestos de manera desproporcionada a riesgos y accidentes de tráfico, que pueden llevar a un ciclo de pobreza agravada por la pérdida de ingresos.
Para enfrentar esta problemática se han emprendido diversos esfuerzos a nivel global. Por ejemplo, en 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como una pandemia las muertes por siniestros viales en el mundo y propuso la meta de reducir en 50% estas muertes para el 2021. La meta se logró en algunos países europeos, pero no se logró en ninguno de los países latinoamericanos. Frente a este rotundo fracaso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras agendas de las Naciones Unidas establecieron metas que permitan reducir los accidentes de tráfico y promuevan los medios de transporte seguros y sostenibles. Entre las metas globales vigentes relacionadas con estos propósitos sobresalen el ODS 3.6, que busca “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo"; y el ODS 11.2, que pretende “para 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público”. Igualmente importante, y como resultado del trabajo realizado por el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) promovido por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), se ha elaborado una normatividad para la armonización internacional de la regulación vehicular, reconocido internacionalmente como uno de los principales instrumentos para garantizar un alto nivel de seguridad, de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de los vehículos.
Colombia no ha sido partícipe de los reglamentos derivados del Foro Económico WP.29, pero viene realizando diferentes esfuerzos para el cumplimiento de los ODS 3.6 y ODS 11.2, mediante la modernización del sector transporte y el fortalecimiento de la normativa colombiana que permita cumplir con los estándares internacionales y las recomendaciones técnicas que tengan como propósito disminuir los siniestros viales. Este informe publicado por el Cider y UrbanPro surge como una primera aproximación a los efectos económicos de la incorporación de los reglamentos sobre seguridad vehicular del WP.29 en la industria automotriz y la economía colombiana, al analizar los posibles efectos de la homologación técnica en el precio de los vehículos, las ventas del sector y las principales variables macroeconómicas del país, como lo son el producto interno bruto, el consumo de los hogares y la balanza comercial. El análisis presentado en este documento es una primera aproximación de los efectos económicos más probables de la incorporación de los reglamentos generados por el WP.29 en la industria automotriz en Colombia, por lo que consta de múltiples supuestos que tienen como único objetivo compensar las carencias de información existentes. Frente a otros estudios existentes que abordan la seguridad de los vehículos en el país, el presente ejercicio sobresale por incorporar en su análisis un mayor porcentaje de vehículos que ingresan al mercado anualmente, por analizar más componentes seguridad respecto a los relacionados con la normatividad colombiana, y por determinar y analizar los costos por componente y por vehículo, sin utilizar costos promedio establecidos a nivel internacional.