Las veedurías ciudadanas son una forma de participación ciudadana que ejerce el control social a través de la auditoría social. Desde la expedición de la ley 850 de 2003 que establece un marco institucional para la formalización de las veedurías, el registro formal de esta forma de participación viene en aumento en las últimas dos décadas, y su labor de vigilancia y advertencia sobre los riesgos de malversación, ineficiencia administrativa, recomendaciones de mejora y lucha anticorrupción las ha posicionado como un mecanismo privilegiado de democracia directa.
Pero, mientras se popularizan las veedurías, su proliferación las ha puesto en frente de limitaciones importantes para desarrollar su quehacer de control social, llevando a que el Congreso de la República impulse una actualización de la legislación en esta materia. El proyecto de ley estatutaria 120 de Cámara de 2023 (en adelante PLE-C 120/23) busca ofrecer unas garantías institucionales a las veedurías para su ejercicio de control social, proteger a las y los veedores ciudadanos frente a las amenazas a su integridad, facilitar el acceso a la información, y brindar herramientas para que el ejercicio de control social aumente su arsenal en la lucha anticorrupción.
Este proyecto de ley cursa su último debate en Senado en esta legislatura. Y a pesar de su noble propósito, incluye algunas medidas que pueden generar incentivos perversos para las veedurías incentivar actuaciones oportunistas y de acoso frente al sector público. A su vez ser inconvenientes para la promoción de otros mecanismos de participación social distintos de las veedurías. El texto también comporta una visión negativa y punitiva del control social, lo que puede debilitar la construcción de confianza con el Estado a la vez que reemplaza algunas funciones que son exclusivas del poder judicial o de los órganos de control. Algunas medidas propuestas por la ley se redundan con la legislación de transparencia y acceso a la información expedidas en la década pasada, tras la ley 850. Y finalmente, el proyecto tiene la gran oportunidad de fortalecer la asistencia técnica y jurídica para que las veedurías alcancen un impacto mayor.
Este documento de política analiza estas medidas a la luz de las investigaciones recientes, y de los datos recolectados para la producción del artículo académico sobre auditoría social que publicamos que publicamos recientemente (Agüero & Montero). El artículo consiste en una reflexión sobre las perspectivas de control social vigentes hoy y de los debates de la literatura reciente. A continuación, analizo la trayectoria de la legislación de control social de las últimas tres décadas. Finalmente, discuto cinco aspectos del proyecto de ley 120 de cámara de 2023, y establezco recomendaciones de política para la discusión del proyecto en último debate. Con este documento de política quiero contribuir a la discusión legislativa para identificar esos puntos contradictorios que podrían debilitar el control social en lugar de fortalecerlo, y plantear alternativas que corrijan esa contradicción