El ordenamiento territorial no ha sido ajeno a la ampliación de los escenarios para la participación ciudadana que Colombia experimentó durante las últimas décadas, toda vez que la Ley 388 de 1997 establece que la formulación de los POT debe darse sobre la base de la intervención amplia de la población. Este trabajo aborda el papel que los espacios institucionales de participación tuvieron en la formulación del Acuerdo No. 100 de 2016, bajo el cual se adoptó la revisión del POT de Chía, Cundinamarca. Para ello se utilizó una metodología cualitativa y se establecieron tres categorías de análisis: contexto institucional, capacidades ciudadanas e incidencia. Como resultado principal se obtiene que la existencia de espacios para la participación no garantiza una efectiva inclusión ciudadana en las decisiones sobre el ordenamiento territorial. Entre las principales causas de esto se hallan su carácter eminentemente consultivo, su superposición de funciones y su escaso nivel de reconocimiento social.
