La expansión de la frontera extractiva ha generado conflictos y debates políticos sobre su impacto en los derechos humanos, la preservación ambiental y el desarrollo. Este modelo se ha acentuado en Latinoamérica dada la creciente influencia china en la región y el consiguiente boom de precios de materias primas y bienes de consumo. En ese contexto nace el Acuerdo de Escazú como el primer tratado sobre democracia ambiental en la región. Algunas investigaciones han permitido avanzar en la comprensión de cómo interactúan los actores en el proceso de toma de decisiones ambientales. No obstante, aún no es claro qué factores ayudan a profundizar la democracia ambiental en medio del complejo proceso de expansión de la frontera extractiva. Esta investigación busca explorar la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores facilitan o dificultan la profundización de la democracia ambiental en los procesos de licenciamiento ambiental en la frontera petrolera? Como estrategia metodológica se ha utilizado la sonda de plausibilidad aplicada a dos casos en el Piedemonte llanero mediante una matriz de análisis. Se concluye que el uso de mecanismos de participación en materia ambiental y el aprendizaje colectivo facilitaron la profundización de la democracia ambiental, mientras que esta última se vio dificultada por el carácter procedimental y administrativo de la participación en los procesos de licenciamiento ambiental, la falta de acciones vinculantes, la sentencia SU095/18 de la Corte Constitucional, y en fin, la estigmatización y las amenazas de muerte contra líderes y otras personas en el territorio. Estos hallazgos son importantes dada la expansión gradual de la frontera petrolera hacia tecnologías no convencionales, como el fracking, y la alta incertidumbre sobre sus efectos en el territorio. 1
[1] Este artículo hace parte del proceso de grado para la Maestría de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. El trabajo fue dirigido por el profesor Gonzalo Vargas y la profesora María Cecilia Roa. Esta investigación recibió recursos financieros del proyecto Definiendo Justicia y Democratización Ambiental desde Territorios Hidrosociales en Latinoamérica del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.