El Debate ambiental entre los precandidatos: cuestionando el modelo de desarrollo económico frente a la crisis climática y la injusticia ambiental
El pasado 23 de febrero se llevó a cabo el primer debate ambiental en el marco de las precandidaturas presidenciales al periodo 2022 -2026. El debate contó con la moderación de María Jimena Duzán. Los anfitriones fueron el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de fracking, Censat entre otras organizaciones ambientalistas, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes. A continuación, las y los estudiantes del curso Fundamentos de Sustentabilidad de las maestrías del Cider presentamos una síntesis de las posturas de las y los precandidatos y un breve análisis de sus implicaciones con el fin de aportar información a nuestras lectoras y lectores.
Aunque se puede observar que todas y todos los candidatos tienen conciencia sobre la crisis climática en la que está sumida el mundo, es claro que no manifiestan el mismo nivel de urgencia frente a la acción. Existe una coincidencia en la mayoría de las y los candidatos frente al hecho de que la tragedia climática –con la desforestación y la crisis hídrica como dos de sus expresiones más graves en Colombia— responde a la profundización de un modelo económico que no valora la vida. Por lo tanto, para enfrentar el reto ambiental resulta necesario voltear la mirada hacia la protección de la biodiversidad, el valor compartido, el respeto por las comunidades locales, el cuidado del agua, entre otros.
- Los proyectos minero-energéticos de gran escala
Con respecto a las propuestas para regular el desarrollo de proyectos minero-energéticos de gran escala, se identificó un espectro de tres tendencias en las respuestas de las y los precandidatos. Una primera tendencia consiste en darle continuidad a la política minero-energética actual con cambios leves, pero desde un planteamiento conceptual que responde a categorías y estrategias ya conocidas. Una segunda, que introduce preocupaciones que han estado más ausentes del debate sobre el desarrollo sostenible y una última que propone transformaciones profundas. En el primer grupo podrían ubicarse candidatos como Jorge Enrique Robledo, que bajo el slogan de “minería sí, pero no así”, centró su planteamiento en la necesidad de fortalecer las condiciones laborales y ajustar las medidas tributarias de la actividad minero-energética, que considera una actividad fundamental para el desarrollo humano. En este espectro intermedio también se ubicó Juan Manuel Galán, quien, adicionalmente, identificó la presencia de estructuras mafiosas y criminales dedicadas al narcotráfico y al despojo de tierras como el obstáculo principal en materia minero-energética. Señaló la importancia de un cambio institucional y de participación en los territorios y se opuso al ‘fracking’ por su impacto ambiental y la conflictividad que genera. También en esta tendencia se puede ubicar a Sergio Fajardo, quien manifestó su apoyo a los proyectos minero-energéticos que cuenten con la participación de la ciudadanía y se ajusten a un censo y normatividad minera actualizada. También propuso actualizar los planes de ordenamiento territorial (POT), mejorar el manejo de las regalías, exigir la licencia ambiental desde los proyectos de exploración y la formalización de la pequeña minería.
En el segundo grupo ubicamos a Camilo Romero, quien planteó que es necesario abandonar la lógica antropocéntrica del desarrollo que nos ha llevado a la catástrofe ambiental actual, de la mano del extractivismo. Para él, la solución parte de la voluntad política y de un pacto por la sostenibilidad que decida no solo mitigar, sino retrotraer los efectos del cambio climático. También el planteamiento de Francia Márquez apunta hacia transformaciones más estructurales para cuidar “la casa grande” y poner la vida en el centro. Propuso hacer una revisión de las concesiones mineras y petroleras actuales que se han entregado “de manera fraudulenta”, causando despojo y violando derechos fundamentales. Destacó cómo la formalización ha sido una mentira para los pequeños mineros, pues se ha hecho para justificar la gran minería. En un sentido similar, Arelis Uriana recordó el daño acumulado que ha tenido el modelo extractivista en la Guajira por el megaproyecto El Cerrejón y el despojo que este ha hecho de las aguas del río Ranchería, intensificando el hambre y la pobreza del pueblo Wayúu. En sintonía con la apuesta por la vida de Francia, Gustavo Petro señaló que la economía debe volcar la pregunta por la viabilidad de los proyectos minero-energéticos hacia los impactos que tales actividades generan sobre la vida en la tierra en general, al igual que sobre el aire y el agua locales (la vida local). En la línea con las transformaciones más profundas se situó también Carlos Amaya, quien propuso terminar con las resoluciones avaladas por el Gobierno Duque que permiten la extracción minera en áreas protegidas y replantear el ordenamiento territorial para privilegiar la protección del agua. Se manifestó en contra del fracking y de la minería en páramos.
Finalmente, Luis Gilberto Murillo postuló una iniciativa para el desarrollo de Colombia, orientada hacia las nuevas cadenas de valor que tienen que ver con la conservación del patrimonio natural de nuestro país y su mega diversidad. En ese sentido, afirmó que la clave para generar desarrollo sería enfocar la economía en verdaderas transformaciones socioecológicas del sistema alimentario, la construcción de infraestructura y los proyectos minero-energéticos. En estos tres sectores, se movilizarán en los próximos años la mayor concentración de recursos, ya que en estos Colombia tiene una posición privilegiada.
- El modelo económico frente al cambio climático
En cuanto a las estrategias para enfrentar la crisis climática y los compromisos adquiridos en materia de reducción de gases de efecto invernadero, la conversación mostró abordajes y comprensiones diversas y un tanto contradictorias sobre este complejo tema. Petro, por ejemplo, recordó que la crisis climática hizo trizas el principio de la economía neoclásica de que los mercados podrían producir el mayor bienestar para la humanidad; por lo que pone en duda los mecanismos de mercado que se han propuesto: bonos de carbono o derechos de emisión. Sin embargo, dijo que consideraría usarlos, ya que propuso una tasa-carbón a la importación de productos altamente emisores para proteger a la industria nacional descarbonizada, al igual que la constitución de un fondo internacional de bonos de carbono de USD 500 MM al año para revitalizar la selva amazónica para pagarle a las familias para que la conserven. Por su parte, Robledo dijo que Colombia no es un alto contribuyente a la crisis climática, pues solo aporta el 0.6% de los gases de efecto invernadero que proceden principalmente de la deforestación y la ganadería, y que hay que tener cuidado con no hacer una transición que pueda impactar el empleo y en consecuencia amplifiquen el hambre y la pobreza. Petro replicó que la responsabilidad colombiana no se circunscribe a evitar la deforestación, sino más bien al modelo económico en el cual el país es el quinto exportador de carbón a nivel mundial y un exportador menos importante de petróleo. Además, recalcó que la deforestación en la Amazonia es producto, no del narcotráfico ni de la ganadería extensiva, sino del deseo histórico de tener tierra con fines especulativos.
Murillo adicionó el incumplimiento del Acuerdo de Paz a la ecuación, al mencionar que técnicamente ya es posible retroceder la frontera agrícola a las condiciones de 2010, pero que no ha sido prioridad del gobierno actual. Planteó no desconocer los mecanismos de mercado como necesarios en la transición y además estar atentos a los mecanismos para reclamar por los daños y perjuicios que sufran los países pobres por el cambio climático ocasionado por los países emisores, además de mecanismos sofisticados para transar deuda por naturaleza. Galán planteó que el modelo de crecimiento económico está agotado pues deteriora el ambiente y no se refleja en el bienestar de la gente; por esta razón dijo que lo que se debe buscar es que el PIB crezca asociado a la restauración ecológica. Buscará atacar la deforestación asociada a la ganadería extensiva y las estructuras criminales de despojo de tierras.
Márquez llamó la atención sobre los impactos diferenciados sobre comunidades empobrecidas y racializadas, donde los proyectos de captura de carbono están generando conflictos, pues llegan a irrumpir dinámicas propias de uso y manejo de los territorios. Señaló las responsabilidades de los países emisores y la importancia de que los proyectos se implementen de forma dialogada con las comunidades receptoras.
- El comercio internacional frente a la justicia ambiental
Uno de los temas más interesantes del debate giró en torno a los tratados de libre comercio por sus grandes impactos en la calidad de vida de los colombianos. Márquez habló de la necesidad de revisar los tratados de libre comercio que garantizan la seguridad jurídica para empresas mineras transnacionales, lo cual significa que ante la violación de derechos de las comunidades campesinas que habitan los lugares de explotación, el Estado colombiano tiene que enfrentar cuantiosas demandas comerciales ante tribunales internacionales. Murillo refrendó esta postura y dijo que ya se están negociando internacionalmente tratados donde la equidad de género, la protección a pueblos indígenas y la biodiversidad son centrales. Galán se acogió a la propuesta de renegociar los TLC y propuso la inclusión de capítulos sobre justicia climática y comercio justo, en respuesta a la propuesta de Márquez y Murillo. En este tema Petro no planteó una renegociación de los TLC (a los que se había opuesto), sino el uso de los mecanismos de compensación por emisiones como los bonos de carbono y mecanismos neoliberales que no fueron incluidos en los tratados porque no existían. Además, planteó que la Organización Internacional del Comercio debería estar supeditada a lo que se acuerde en las Cumbres de Cambio Climático (COP). Ante la propuesta de Petro, Robledo recordó su libro sobre el tema y enfatizó en que el TLC con Estados Unidos no permite grabar las importaciones provenientes de ese país con ningún instrumento que no esté incluido en el mismo tratado y retó a Petro a tomar una postura frente a la renegociación de los TLC.
- Sobre la participación y la violencia contra líderes ambientales
María Jimena Duzán recordó que en lo recorrido de este año han sido asesinados 25 líderes ambientales, sumados a los 145 del año 2021. Uriana empezó diciendo que defenderá el derecho a la consulta para toda la sociedad y no permitirá que otros decidan por los pueblos indígenas. Murillo expresó que es inaceptable que Colombia sea el lugar más peligroso para ser líder ambiental y además contradictorio que un país megadiverso asesine a quienes han defendido y cuidado esa misma diversidad. Planteó que esto se trata de un conflicto de visiones de país y que no ha existido la decisión de que las decisiones sobre los recursos naturales se tomen de manera equitativa. Recordó que el Acuerdo de Paz incluye las medidas de protección de líderes y lideresas que fue abandonado por el gobierno el cual no tiene dentro de sus prioridades proteger la vida de estas personas. Dijo que hay que fortalecer la capacidad de los organismos de control para investigar los asesinatos para que no queden impunes, implementar las provisiones del Acuerdo de Paz que fueron cambiadas para no proteger a los líderes, ya que la comisión de garantías ni siquiera sesiona. Márquez planteó que priorizará la reglamentación de la Ley 70 sobre derechos colectivos, la autonomía y la autodeterminación e insta al respeto por los mandatos populares consignados en las consultas populares de las comunidades campesinas.
Amaya propuso el fortalecimiento de la autoridad ambiental para que cuide el territorio en lugar de proteger a quienes hacen minería, que las audiencias públicas tengan participación vinculante y que las comunidades sean las dueñas de los territorios. Robledo se comprometió a recuperar para el estado el monopolio sobre las armas porque no es justificable que se asesine con cualquier pretexto y la fuerza pública debe ser garantista de los derechos humanos y del derecho a protestar. Recordó que fue la Corte Constitucional la que afectó el derecho a las consultas populares y que pidió que sea el Congreso el que legisle, con la enorme dificultad que resulta alcanzar la mayoría en este asunto. En este sentido Robledo es realista frente a la enorme dificultad que implicará recuperar el terreno perdido por la sentencia de la Corte Constitucional. Para Petro, una economía descarbonizada implica nuevas relaciones de producción que a su vez se traduce en empoderamiento popular o democracia ambiental. La concentración de energía solar se puede hacer rompiendo el oligopolio actual de la energía eléctrica para que las comunidades y los trabajadores del sector carbonífero se vuelvan dueños de la generación de energía limpia. Se trata de un cambio completo en las relaciones de poder en la transición de la economía fósil a la economía descarbonizada. Galán fue enfático en darle poder a las comunidades para tomar decisiones sobre sus territorios en todas las fases de los proyectos, además mencionó la pérdida de poder que ha sufrido en Ministerio de Ambiente al permitirse la eliminación de la licencia ambiental para muchos tipos de proyectos extractivos como los monocultivos.
Nos llamó la atención el consenso que existe sobre la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú ante la continua problemática del asesinato de líderes sociales, sin discutir a fondo su contenido. Seis de los nueve precandidatos priorizaron la ratificación de este acuerdo, aunque se enfocaron en déficits concretos en las políticas nacionales que han debilitado la participación y la protección de las y los defensores de la vida, la biodiversidad, el agua y los territorios.
Además de estos grandes temas, una de las reflexiones que dejó el debate ambiental es el nivel de involucramiento de los diferentes partidos políticos. Si bien, la mayoría de los partidos estuvo presente, otros los sectores brillaron por su ausencia. ¿Será esta una muestra fidedigna de su interés por la protección del medioambiente o simplemente un evento desafortunado en la priorización de sus agendas que los dejó por fuera de la conversación? No lo sabremos. Independientemente, quedó muy claro que el tema ambiental es el eje de las transformaciones sociales que tendremos que asumir como sociedad frente a los grandes retos: los globales del cambio climático, y los nuestros relacionados con la violencia, el despojo y la degradación ambiental, todos íntimamente atados a un modelo económico agotado.
El debate se puede ver completo dándole click aquí.