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Planeación Urbana y Judicialización: Una Agenda (urgente) de Investigación

Por: Sergio Montero, profesor del Cider 

¿Cuál es el rol actual de los jueces, abogados y otros actores legales en la planeación urbana? Aunque las herramientas de la planeación urbana típicamente involucran saberes técnicos y políticos de la mano de procesos de participación ciudadana, los actores y saberes legales han ganado en los últimos años una gran relevancia en la implementación (o el estancamiento) de obras públicas y proyectos de planeación territorial. Tan solo entre 2017 y 2019 Bogotá tenía un total de 69,000 acciones legales en su contra por una cantidad total de 21 billones de pesos.[1] Uno de los proyectos más emblemáticos de esta dinámica fue la suspensión del proyecto de Transmilenio por la Séptima del exalcalde Enrique Peñalosa. Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de Bogotá. En toda Colombia ha habido una tendencia a que proyectos y planes urbanos sean modificados o paralizados a través de intervenciones legales, tanto por decisiones judiciales como por parte de organismos de control. 


Foto: Carlos Felipe Pardo

Si bien la “judicialización de la política” -es decir, el uso de la rama judicial para resolver conflictos de carácter político- no es una dinámica nueva en Colombia y ha sido documentada ampliamente en temas ambientales, de salud y derechos LGTB, en los últimos años ha comenzado a ser cada vez más visible en planeación urbana. El aumento en las intervenciones de actores legales en conflictos urbanos en el país está relacionado con la ampliación constitucional de los mecanismos de acceso a la justicia, como las acciones populares, las acciones de tutela o los recursos ante organismos de control. Así, en diferentes ciudades del país es frecuente que, en lugar de recurrir a las instancias regulares de concertación y participación que recoge la Ley 388 de 1997, los ciudadanos apelen a los jueces u organismos de control para incidir en decisiones de planeación urbana que tienen un impacto importante en la ciudad. En consecuencia, abogados, jueces y funcionarios de órganos de control han adquirido un lugar protagónico en las decisiones de planificación urbana que, en principio, deberían ser del resorte del ejecutivo. 

En 2020, Sergio Montero, profesor del Cider de Uniandes, en colaboración con Natalia Ángel-Cabo (profesora de la Facultad de Derecho de Uniandes) y Luisa Sotomayor (profesora de York University) iniciaron un proyecto de investigación interdisciplinario para entender las causas y efectos de la creciente intervención de actores legales en la planeación urbana. Durante el proyecto se revisaron diferentes casos emblemáticos de acción judicial y planeación territorial en Bogotá (ej. Río Bogotá, Cerros Orientales, Reserva Van der Hammen, Proyecto Fenicia, Transmilenio por la 7ª). El proyecto contó con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes e involucró a estudiantes de pregrado y maestría de Derecho, Diseño y Planeación Urbana y Regional, del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, así como del Laboratorio de Diseño de Justicia y del Laboratorio de Narrativas Urbanas (LabNa). Se analizaron numerosas demandas y acciones legales en contra de proyectos de planeación urbana en Bogotá y se realizaron entrevistas con actores clave de la ciudad involucrados en esta dinámica (planeadores, abogados, jueces, activistas legales, colectivos ciudadanos, etc.). 

Uno de los primeros resultados de esta investigación ha sido la publicación de un artículo de investigación que identifica algunas de las principales causas y consecuencias de esta dinámica en Bogotá. El artículo concluye planteando una agenda de investigación futura para entender mejor las posibilidades y límites que puede tener la judicialización de la planeación urbana en relación a los procesos de incidencia y participación ciudadana, incluyendo aperturas para su democratización o su co-optación por clases medias y élites. El artículo fue publicado el pasado 19 de abril en la revista académica Urban Geography bajo el título “Mobilizing Legal Expertise in and Against Cities: Urban Planning Amidst Increased Legal Action in Bogotá”

 

[1] Dalila Hernández, antigua Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá, en entrevista con CM & News, 9 Mayo 2019 https://noticias.canal1.com.co/bogota/69-mil-demandas-contrala-administracion-de-penalosa/