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48 preguntas sobre la construcción de paz en Colombia: una agenda de investigación aplicada

Este proyecto se funda en tres premisas: la construcción de paz es mucho más que la firma de un acuerdo; requiere formular políticas y proyectos más efectivos y para ello es necesario contar con conocimientos y evidencia; y para producir evidencia rigurosa y relevante es necesaria más investigación aplicada.

A continuación exponemos estas premisas con mayor detalle.

1. La construcción de paz es mucho más que la firma de un acuerdo

La construcción de paz consiste en la creación de condiciones políticas, económicas y culturales que contribuyan de manera tangible a reducir la violencia directa en una sociedad. La violencia directa se refiere a todas aquellas agresiones que causan muerte y destrucción, sea como resultado de la violencia política, el crimen organizado, o la violencia social. Pactar e implementar un acuerdo de paz hace parte de la construcción de paz, pero no siempre basta para reducir la violencia física. Por ejemplo, aún después de pactar la terminación de sus guerras civiles, los países centroamericanos continúan experimentando las mayores tasas de homicidio en el mundo. Este proyecto busca proponer una agenda de investigación aplicada que contribuya a implementar exitosamente un eventual acuerdo de paz en Colombia, pero también a formular políticas y proyectos efectivos para reducir las formas más generalizadas violencia directa en general. [1]

2. Para formular políticas y proyectos más efectivos es necesario contar con conocimientos y evidencia

Con frecuencia las políticas y proyectos se basan en creencias, intuiciones, o modas ideológicas. Las políticas y proyectos basados en evidencia son más efectivos porque se basan en estudios que permiten lograr una mejor comprensión de los problemas, que comparan sistemáticamente alternativas de acción, que recomiendan aquellas que son replicables porque han dado resultado en contextos parecidos, o que recomiendan cursos de acción innovadores. [2] Las políticas y proyectos basados en evidencia van mucho más allá de las ‘mejores prácticas’ y las ‘lecciones’, pues se basan en técnicas rigurosas de investigación y no en anécdotas o impresiones personales. La idea de que las políticas deberían basarse en evidencia empírica no es nueva, pero el enfoque más reciente se caracteriza por su carácter interdisciplinario y participativo. [3]

Pero para formularlas es necesario que haya evidencia. Este proyecto apunta a la formulación de una agenda de investigación aplicada que oriente la producción de estudios e investigaciones sobre la construcción de paz en el contexto colombiano actual, con la intención de que influyan en la formulación de políticas y proyectos. Para lograrlo, es necesario que los profesionales que trabajan en organizaciones constructoras de paz identifiquen los retos, problemas y vacíos de información que les dificultan lograr impacto, de manera que investigadores y agencias financiadoras enfoquen allí su curiosidad, talento, y recursos.

3. Para producir evidencia rigurosa y relevante es necesaria más investigación aplicada

La investigación aplicada consiste en la producción de conocimiento que puede emplearse de manera directa a la solución de problemas y a la toma de decisiones.[4] Ese conocimiento puede tomar varias formas:

- Innovaciones que permiten resolver problemas o enfrentar retos.

- Estudios que comparan varias soluciones e indican cuál es la más costo-efectiva.

- Líneas de base que permiten evaluar el impacto de un programa.

- Diagnósticos que producen información básica sobre un problema.

Para generar esas innovaciones y estudios es necesario saber antes las preguntas, retos y problemas a cuya solución deberían apuntar. Para lograrlo es necesario que los académicos (y las agencias que financian sus investigaciones) conozcan los retos y problemas que enfrentan los profesionales y líderes sociales que conocen de primera mano, los retos prácticos de la construcción de paz. Este proyecto busca que estos profesionales y líderes revelen las preguntas, retos y problemas que a su juicio requieren información, innovación y, en general, más investigación.

Este proyecto compilará, organizará y publicará esas preguntas, retos y problemas de manera que orienten a investigadores y estudiantes así como a las organizaciones financiadoras de investigación. Este proyecto enfatiza en la importancia de la investigación aplicada, pero de ninguna manera esto implica que la investigación básica sea vista como inútil o innecesaria. La investigación básica en ciencias sociales es valiosa porque plantea preguntas ‘incómodas’ y revela problemas que los gobiernos, las empresas, o la misma sociedad preferirían pasar por alto. La investigación básica ofrece los fundamentos y los métodos que hacen posible la investigación aplicada. La libertad para desarrollar proyectos de investigación básica en ciencias sociales es un aspecto irrenunciable de la autonomía universitaria y de la libertad de pensamiento.

Por otro lado, este énfasis en la generación de conocimiento riguroso no necesariamente implica una perspectiva tecnocrática ni riñe con la deliberación propia de los procesos políticos y la participación ciudadana. Al contrario, la perspectiva que se propone es que para mejorar dichos procesos es necesario que los actores involucrados (políticos, ciudadanos, funcionarios, líderes sociales) cuenten con información y evidencia que les permita cualificar la deliberación.

Finalmente, si bien es cierto que la investigación con fines comerciales debería ser pagada por las organizaciones que se van a lucrar de ella, la investigación aplicada sobre construcción de paz es un bien público y, como tal, requiere financiación estatal pero también esfuerzos individuales de universidades, empresas, investigadores y estudiantes.

Referencias

[1] Estas definiciones se basan en las contribuciones de Galtung y Lederach.
[2] En años recientes se han creado varios centros nacionales e internacionales para compilar evidencia sobre las políticas más efectivas en áreas como educación, pobreza, desarrollo económico local, vejez, y policía. Ver por ejemplo el Poverty Action Lab y la red de centros What Works del Reino Unido. Para conocer más detalles sobre las políticas basadas en evidencia ver Cartwright & Hardie. 2012. Evidence-based policy: a practical guide to doing it better. Oxford, Oxford University Press.
[3] Bastow, Dunleavy & Tinkler. 2014. The impact of the social sciences: how academics and their research make a difference. Londres, Sage, p. 150.
[4] La investigación aplicada en las ciencias sociales rara vez produce patentes, artefactos, o ‘spin-offs’ comerciales, pero esto no quiere decir que carezca de impacto. Al respecto ver Bastow, Dunleavy & Tinkler, op.cit., p. 23

48 Questions about Peacebuilding in Colombia: An Applied Research Agenda

In 2015 we asked more than 100 leaders and experts from government agencies, international organisations, NGOs and grassroots organisations with first-hand experience in peacebuilding, about the issues on which academic research could make a difference (*). Based on their responses, we launched an Applied Research Agenda about Peacebuilding in Colombia.

The agenda consists of 48 questions that, if pursued through research projects, could lead to significant improvements in the impact of peacebuilding policies and projects in the country. The questions are organised in five thematic groups. Within each group, the questions are listed according to their importance (the question at the top of each group was ranked by participants as the most important):

I. Agriculture and development

1. Can peasant families and organisations affected by armed conflict take part in national and global supply chains so that they improve their livelihoods and reduce their vulnerability? How to replicate or escalate successful experiences?

2. What legal instruments are more effective in protecting small landholders against land-grabs? How to strengthen such instruments? For instance, how effective are land title formalisation, the ‘family agricultural unit’, the agrarian jurisdiction and the peasant reserve zones?

3. What political and institutional reforms could speed up land restitution? ¿What gaps in financial resources and personnel must be addressed?

4. What factors account for the success (or failure) of illicit crop substitution programmes? What are the keys to effective, sustainable substitution of illicit crops?

5. Can environmental services, ecological restoration and ‘green businesses’ become viable, legal alternatives for peasant households affected by armed conflict or illegal extractive economies? What technical, economic and institutional conditions are needed?

6. Can peasant economies and land restitution programmes become more sustainable through access to credit and rural development programmes? What policies and investments are needed?

7. How to protect the lives and rights of rural populations? What can be done to protect the leaders of claimants’ and victims’ organisations? What reforms and resources are needed?

8. How to regulate the extraction of natural resources so that they do not fall under control of criminal organisations and their use is sustainable?

9. What are the ethical and legal responsibilities of companies and investment projects that profited, directly or indirectly, from land- and resource-grabs? What is their responsibility in victims’ reparations?

10. What public investments could have an early, tangible impact on peacebuilding? What projects could have such impact and where should they be implemented?

11. How can Colombian cities manage the challenge of massive forced migration? Can they prevent further forced displacement? Should they promote the return of displaced families to their hometowns? How can they contribute to social and economic integration? What about the reparation of victims?

12. How can (social, economic and environmental) land planning contribute to land conflict resolution and peacebuilding? Where in Colombia is it urgent?

13. What are the legal responsibilities of the state, private actors and armed groups in the ecological restoration of ecosystems damaged by armed conflict and land grabbing? What interventions are more effective?

14. Can the private sector contribute to peacebuilding? What are the most effective contributions and how to increase their impact?

15. Could ‘do-no-harm’ principles improve ex ante project evaluation and prevent damages to (and conflicts with) local communities (especially in infrastructure projects)?

16. How to reassert and realise the human rights of peasants so that living in the countryside becomes a viable alternative for them? Should peasant rights be legally enacted? Is it necessary and viable?

II. State reform

17. What reforms to intergovernmental relations are necessary to promote equality, improve accountability, and strengthen the state’s response capabilities in municipalities affected by armed conflict and criminality?

18. What security sector reforms are necessary in view of the changing forms of violence and criminality? What reforms in policing, armed forced recruitment and border control are necessary?

19. How to revitalise local participation and strengthen social organisations in municipalities affected by armed conflict and criminality? How to make local governments more democratic and accountable?

20. How to strengthen local governments and increase their capabilities to provide security and promote coexistence (convivencia)?

21. How to harness civic participation for peacebuilding? How to avoid its manipulation by armed organisations?

22. What explains the limited effectiveness of the police in fighting organised crime? How to tackle the obstacles?

23. How can information systems help in monitoring violence and criminality? How to measure the impact of such phenomena on certain groups (e.g. youth, women, ethnic minorities)? Can those systems generate early warnings and be used to assess government’s responses?

III. Society, education, and culture

24. How can (mass, community and social) media contribute to peaceful coexistence, tolerance and respect for difference? How to avoid they become a platform for those who incite violence?

25. How can we make civil society and the state better able to manage social conflicts without violence and respecting the rights of citizens and groups?

26. How to ensure schools provide protective environments for children? What changes in the curriculum, in education management and teaching training are necessary? How can basic education contribute to the unlearning of violence and to develop the skills for coexistence?

27. Can the teaching of history and the construction of local collective memories contribute to peacebuilding? What methods can be used and how to measure their effectiveness?

28. What are the roles of international organisations, embassies and international development agencies in the implementation of a peace agreement? Can they help the country to overcome legal and political obstacles? How best to harness their experience and resources?

29. How to mobilize and harness the knowledge and capabilities of local peacebuilding initiatives (such as peace and development programmes and ‘humanitarian spaces’) for peacebuilding? How can they contribute in the implementation of a peace agreement?

30. How to reduce horizontal inequalities? What institutional mechanisms can help to settle conflicts in cities and regions where different ethnic and racial groups coexist?

31. Should higher education train new professionals in skills to tackle the consequences of armed conflict and address the challenges of peacebuilding? Should the teaching of professions such as law and psychology change? How to improve the teaching of agrarian law?

32. How to build trust between social organisations and the state in zones affected by armed conflict or criminality? What reforms or policies could be more effective?

33. Can the transformation of masculine values contribute to the reduction of violence in society? If so, how?

IV. Justice and reparation

34. How to strengthen judicial institutions in zones affected by violence? Or in zones where they have been co-opted by criminal interests? Or where insurgent groups have been administering justice?

35. In setting up a transitional justice regime, what alternative sentences could enjoy widespread acceptance among citizens? How to convey them to the public so that reparation, reconciliation and a negotiated settlement to armed conflict become viable?

36. How can individual and collective reparations contribute to improve the victims’ livelihoods and reduce their vulnerability in a sustainable way? Can they strengthen their organisations and communities?

37. Under what conditions can displaced victims of conflict return to their homes? How to create such conditions?

38. Can community justice and other alternative conflict resolution mechanisms contribute to the reparation of victims? Can they contribute to peacebuilding?

39. How to make victims organisations more capable to influence public decision-making? How to improve their ability to access public funds earmarked for reparation?

40. How to ensure that assistance and reparation schemes adopt a differential approach that takes into account the diversity of victims (e.g. age, gender, ethnic affiliation)? How to gauge if they are tackling the discrimination and marginalisation structures that underpin violence?

41. How to promote the wellbeing and security of victims of armed conflict living in public (‘free’) housing projects?

V. Implementation of a peace agreement

42. If a peace agreement prescribes the transformation of insurgencies into political parties, how to protect the civil and political rights of their members as well as their opponents? What institutional reforms and mechanisms could be more effective?

43. How can subnational governments contribute to peacebuilding? What are their roles regarding reparations, and the implementation of a peace agreement? What political and institutional transformations are needed for they to assume such roles?

44. How to monitor the implementation of the peace agreement and its effects on human rights, the economy, the environment, and civil society at the subnational and local scale? Who could monitor such effects and produce early warnings when such effects are harmful?

45. How effective is the current scheme of reintegration of former child soldiers? Can it be improved?

46. Since the implementation of public policies in Colombia is often slow and uncoordinated, what transitory mechanisms could help to speed up the process so that it delivers tangible results without losing transparency?

47. How to assess the contribution of reintegration processes to reconciliation, reparation and local development in conflict-affected communities?

48. What are the main limitations to the economic reintegration of former combatants? How to overcome them? Are successful cases replicable? Are they scalable?

(*) Most participants were interviewed (or took part in workshops) in Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla and other cities. Others sent us their opinions by e-mail. All had the chance to prioritize the final questions using an on-line form. To see the full list of participants (in Spanish), click in the tab ‘Participantes’ above. Our methodology is based on: Sutherland et al. 2011. “Methods for collaboratively identifying research priorities and emerging issues in science and policy.” Methods in Ecology and Evolution 2(3): 238-47; Oldekop et al. 2015. A hundred key questions for the post-2015 development agenda (SIID Working Paper 2015-4). Sheffield, Sheffield Institute for International Development. Pretty et al. 2010. “The top 100 questions of importance to the future of global agriculture.” International Journal of Agricultural Sustainability 8(4): 219-36.

A continuación encuentra un listado de todas las personas que generosamente nos permitieron conocer sus opiniones mediante entrevistas, grupos focales, o enviando sus propuestas por correo electrónico:

- Adela Parra e Iván Tovar, Asesores, Viceministerio de Promoción de la Justicia.

- Alejandro Gamboa, Director General y Ana María Rocha, Asesora de Comunicaciones, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

- Alexandra Guáqueta, Asesora del Despacho del Ministro Consejero para el Post-Conflicto.

- Ana María Almario, Directora de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, Ministerio del Interior.

- Ana María Quiroga, Asesora en Derechos Humanos, USAID Colombia, Medellín.

- Ana Mercedes Botero, Asesora Especial de Innovación Social, Corporación Andina de Fomento.

- Andrés Celis, Jefe de la Unidad de Protección, Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR.

- Andrés García Azuero, Defensor Delegado para Asuntos Agrarios y Tierras, Defensoría del Pueblo.

- Angela Salas, Coordinadora cursos de ética en el currículo, Centro de Ética Aplicada, Universidad de los Andes.

- Angharad Collado de Araujo, Jefa de Cooperación al Desarrollo, Federación Colombiana de Municipios.

- Anika Karlsson, Lars Eriksson, y Harold Pico, Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana.

- Arturo Gómez Shuster, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

- Audes Jiménez, socia fundadora, Asociación pro desarrollo de las familias Aprodefa, Barranquilla.

- Carlos Iván Lopera, Coordinador Regional Antioquia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- Carlos Salgado Araméndez, Director General, Planeta Paz.

- Catalina Hoyos, National Program Officer y Sergio Arboleda, Analista Político, Embajada de Suecia.

- Ceneida de Jesús López Cuadrado, Coordinadora Regional, Dirección de Análisis de Contexto, Fiscalía General de la Nación, Barranquilla.

- César Jerez, Coordinador, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC.

- Claudia Erazo, Directora General, Corporación Jurídica Yira Castro.

- Claudia Marieta Bermúdez Bolaños, Profesional, Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

- Coronel William Díaz, Jefe Área de Información Estratégica del Servicio de Policía, Dirección de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional de Colombia.

- Dannely Carvajal y David Alonso Durán, Grupo de Proyectos Especiales, Departamento Nacional de Planeación.

- Nazly Frías, Dirección de Desarrollo Empresarial, Departamento Nacional de Planeación.

- Diana Liceth Palacios Doncel, Contratista PECC- Derechos Humanos y Paz, Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá.

- Lina Marcela Ibáñez, Asesora, Alto Comisionado de Paz.

- Edelma Gómez Blanco, Área de Construcción de Paz, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), Medellín.

- Edwin Gómez Salas, Secretario de Jóvenes Comunales de Colombia, Organización de Acción Comunal, Cartagena de Indias.

- Elizabeth Mendenhall, German Acevedo, Vanessa Molina, Edgar Muñoz, USAID Colombia.

- Ella Cecilia del Castillo, Directora, Unidad de Restitucion de Tierras Seccional Atlántico, Barranquilla.

- Emilia Baird, fundadora; David Salas, cofundador; y Ana María Castaño, asesora, Somos Capazes.

- Esneyder Cortés, Director Programático, Agencia Colombiana para la Reintegración.

- Feliciano Valencia, líder indígena Nasa, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Santander de Quilichao, Cauca.

- Fernando Sabogal, Director de la Asociación Defensa de Niños y Niñas Internacional DNI(parte de Coalico).

- Fernando Sarmiento Santander, Investigador, Centro de Investigación y Educación Popular Cinep.

- Gonzalo Giambruno, Consultor, Girando Consultores.

- Guillermo García, Jefe del Área de Desarrollo Alternativo, y Alfonso Zuluaga, Coordinador de Monitoreo Integrado, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

- Héctor Bairon Camilo, integrante de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, Popayán.

- Henry Carrillo, María Alejandra Mateus y Pedro Ignacio Camacho, Asesores, Dirección de Coordinación Interinstitucional, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.

- Irina Junieles Acosta, Defensora, Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, Cartagena.

- Isabella Vernaza, Directora de Gestión Corporativa, Corporación para el Desarrollo y Paz del Suroccidente Colombiano, Vallenpaz, Cali.

- Jaime Arias, Cabildo Gobernador, Cabildo Mayor del Pueblo Kankuamo, Valledupar.

- Jaime Restrepo, Enlace Departamental Antioquia, Organización Internacional para las Migraciones, Medellín.

- Jairo Cabrera Pantoja, Director del Programa contra Cultivos Ilícitos, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial.

- Janna Greve, Coordinadora Oficina Medellín, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), Medellín.

- Jefferson Jaramillo Marin, Director, Departamento de Sociología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

- José Domingo Caldon, asesor del Consejo Regional Indígena del Cauca, indígena Cononuco, Popayán.

- José Guillermo Téllez Rodríguez, Director de Promoción Familiar y Comunitaria, ANSPE.

- José Zarate, productor Independiente, Lejanias, Meta.

- Juan Daniel Ramirez Pascagaza, Consultor, Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.

- Julián Daniel Muñoz, Oficial de Programa, Área de Cooperación Técnica y Financiera, JICA.

- Juliana Mejía, Fundación Secretos para Contar, Medellín.

- Julio César Estrada, integrante, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.

- Katherine Escobar, Coordinadora, Programa de Institucionalidad Política Democrática, Foro Nacional por Colombia, Capítulo Regional Valle del Cauca, Cali.

- Libardo Diago, Representante Legal, Red Juvenil del Suroccidente de Barranquilla, Atlántico.

- Luis Carlos Niño, Coordinador Técnico, Corporación para el Desarrollo y Paz del Suroccidente Colombiano, Vallenpaz, Cali.

- Luz Marina Becerra, Coordinadora, Asociación de Afrodescendientes Desplazados Afrodes.

- María Cristina Umbarila, Coordinadora, Dialogo Interagencial Colombia, DIAL.

- María Lucía Mendez y Marta Maya, Asesoras, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

- Marieta Bermúdez, Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

- Mario Andrés Pineda Vivas, Investigador, Observatorio de Realidad Social, Conferencia Episcopal de Colombia, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Bogotá.

- Martin Jaggi, Director de Cooperación, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

- Mónica Delgado, Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, Valle del Cauca.

- Mónica Vargas, Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Nelson Restrepo, Coordinador de Convenios, Corporación para la Participación Ciudadana, Conciudadanía, Medellín.

- Nubia Stella Garcés, Asesora de Proyectos y Cooperación, Corporación para la Participación Ciudadana, Conciudadanía, Medellín.

- Olga Amparo Sánchez Gómez, Coordinadora, Casa de la Mujer.

- Oliverio Huertas Rodríguez, Coordinador Nacional ORMET, PNUD.

- Paula Andrea Muñoz, Jefe de Cooperación Internacional, Ministerio de Educación.

- Paula Monroy, Directora, Fundación para la Reconciliación.

- Paulo Muñoz Lasso, Coordinador del Equipo de Investigación, Federación de Ganaderos de Caquetá.

- Philipp Lustenbergher, Primer Secretario de la Embajada de Suiza.

- Rafael Guarín, Asesor, Procuraduría General de la Nación.

- Ricardo Sabogal, Director General, Unidad de Restitución de Tierras.

- Richard Helmut Probst Bruce, Presidente, Agroambientalistas, Bogotá.

- Rocío Rubio, consultora.

- Santiago Sánchez Jiménez, Coordinador de Construcción Social de Conocimiento, Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Redprodepaz.

- Simon Crabb, director general, y Stelsie Angers, asesora jurídica, Abogados Sin Fronteras Canadá.

- Solangel Garcia Ruiz, Coordinadora Investigaciones, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

- Tatiana Montaña Ribeiro, Directora General, Fuente de Paz.

- Wilmer Vanegas, Miguel Miranda, Esnaldo Jettar, y Jairo Barreto, Mesa de Interlocución de los Montes de María, Bolívar.

A continuación se presenta la agenda de preguntas organizadas en cinco subtemas. El orden de los subtemas no refleja su importancia, pero el orden de las preguntas dentro de cada subtema sí refleja la priorización hecha por los participantes, es decir que la primera pregunta de cada subtema es la más importante del respectivo subtema:

I. Agricultura y desarrollo

¿Cómo vincular a familias y organizaciones campesinas afectadas por el conflicto armado a cadenas de suministro nacionales y globales de modo que puedan mejorar su nivel de vida y reducir su vulnerabilidad de manera sostenible en el largo plazo? ¿Cómo replicar o escalar las experiencias exitosas?
¿Qué instrumentos jurídicos pueden resultar más efectivos para proteger a los pequeños propietarios frente al despojo y qué reformas institucionales y políticas son necesarias para fortalecer dichos instrumentos? Por ejemplo, ¿qué tan efectivos son instrumentos como la formalización de títulos, la unidad agrícola familiar, la jurisdicción agraria y las zonas de reserva campesina?
¿Qué reformas políticas e institucionales serían más efectivas para agilizar la restitución de tierras? ¿Qué brechas de recursos humanos y financieros es necesario cerrar para culminar este proceso en un plazo aceptable?
¿Qué factores explican el éxito o fracaso de los programas de sustitución de cultivos en determinadas zonas del país? ¿Qué caracteriza a los proyectos que han sido sostenibles y efectivos?
¿Bajo qué condiciones técnicas, institucionales y económicas podrían la prestación de servicios ambientales, la recuperación de ecosistemas y otros negocios verdes convertirse en alternativas legales viables para los hogares campesinos en zonas afectadas por el conflicto armado y la extracción ilegal de recursos?
¿Qué inversiones y qué ajustes en las políticas de acceso a crédito y fomento pueden contribuir a hacer sostenible la economía familiar campesina y los procesos de restitución de tierras?
¿Qué reformas y recursos son necesarios para proteger la vida y los derechos de la población rural y, en especial, de los líderes de organizaciones de víctimas y de los participantes en procesos de restitución de tierras?
¿Qué reformas institucionales son necesarias para que el Estado colombiano logre regular la explotación de recursos naturales de manera que su control no caiga en manos de organizaciones criminales y que su aprovechamiento sea sostenible?
¿Qué responsabilidades éticas, civiles y penales tienen las empresas y proyectos que se beneficiaron de manera directa o indirecta del despojo de tierras y recursos naturales en la reparación de las víctimas?
Teniendo en cuenta las enormes brechas en provisión de servicios y vacíos en la presencia del Estado en todo el territorio nacional, ¿qué proyectos de inversión pública tendrían un impacto tangible y temprano en la construcción de paz? ¿En qué municipios y en qué sectores?
¿Qué políticas y programas de integración económica y social, de retorno o de prevención del desplazamiento podrían adoptar las ciudades colombianas para hacer frente a la masiva migración de personas desplazadas por el conflicto armado en las últimas décadas y a la vez contribuir a la reparación de dichas víctimas?
¿Cómo puede contribuir el ordenamiento social, económico y ambiental del territorio a la resolución de conflictos sobre el uso de la tierra y los recursos naturales y en general a la construcción de paz? ¿En qué territorios es más urgente?
Desde el punto de vista jurídico ¿qué responsabilidad tienen el Estado, los particulares y los grupos armados en la recuperación de ecosistemas afectados por el conflicto armado y el despojo de tierras? ¿Qué intervenciones serían más efectivas para lograrlo?
¿Qué contribuciones del sector privado han sido más efectivas para la construcción de paz y de qué maneras pueden potenciarse?
¿Qué tan efectiva podría ser la introducción de criterios de acción sin daño en la evaluación ex ante de proyectos de desarrollo—especialmente megaproyectos—para prevenir la vulneración de derechos y el surgimientos de conflictos y nuevas formas de violencia a escala regional y local?
¿Cómo reafirmar y realizar los derechos de la población campesina de manera que la vida en el campo sea una alternativa viable para ellos? ¿Es necesario y viable un reconocimiento legal explícito de esos derechos?

II. Reforma del Estado

¿Qué reformas en las relaciones intergubernamentales y en el ordenamiento territorial son necesarias para promover la equidad, facilitar la rendición de cuentas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado especialmente en los municipios más afectados por el conflicto armado y la criminalidad?
¿Qué ajustes institucionales son necesarios en el sector de seguridad para que la fuerza pública responda de manera efectiva a las cambiantes formas de violencia y criminalidad? En particular, ¿qué reformas en el servicio de policía, el servicio militar y la seguridad fronteriza son viables?
¿Cómo revitalizar las instancias locales de participación y fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones sociales en los municipios más afectados por el conflicto armado y la criminalidad para que la gestión pública sea más transparente y democrática?
¿Qué estrategias y reformas se requieren para mejorar la capacidad institucional de las administraciones de los municipios pequeños en cuanto al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia?
¿Cómo orientar la participación ciudadana hacia la construcción de paz y evitar que sea manipulada por organizaciones armadas?
¿Qué factores limitan la efectividad de la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado y cómo enfrentarlos?
¿Cómo crear sistemas de información que midan la magnitud de los fenómenos de violencia y criminalidad así como su impacto sobre determinados grupos de población (por ejemplo jóvenes, mujeres y minorías) y que permitan generar alertas tempranas y evaluar la efectividad de las respuestas estatales?

III. Sociedad, educación y cultura

¿Cómo lograr que los medios de comunicación (masivos, comunitarios y ‘redes sociales’) contribuyan a la convivencia, la controversia y el respeto a la diferencia y no se conviertan en una plataforma para quienes buscan legitimar o incitar la violencia?
¿Cómo mejorar la capacidad de la sociedad civil y el Estado para reconocer, comprender y gestionar los cambiantes conflictos sociales sin acudir a la violencia y respetando los derechos de las poblaciones involucradas?
¿Qué cambios en el currículo, en las prácticas de gestión educativa y en la formación docente resultan más efectivas para que las escuelas se conviertan en entornos protectores y la educación básica contribuya al desaprendizaje de la violencia y a la formación de competencias para la convivencia?
¿Qué metodologías de enseñanza de la historia y de construcción local de la memoria colectiva pueden contribuir a la construcción de paz y cómo medir su efectividad?
¿Qué roles pueden asumir las diferentes organizaciones internacionales, las embajadas y las agencias de desarrollo internacional de diferentes países en la implementación de un acuerdo de paz de manera que se superen los escollos políticos y jurídicos y se aprovechen de la mejor manera su experiencia y recursos?
¿Cómo aprovechar y potenciar los logros, aprendizajes y capacidades de las iniciativas locales y regionales de paz—como los programas de desarrollo y paz y los espacios humanitarios de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas—en la construcción de paz y en la implementación de un eventual acuerdo de paz?
¿Qué mecanismos institucionales pueden permitir la reducción de desigualdades horizontales (es decir entre grupos) y la solución pacífica y negociada de conflictos en ciudades y regiones donde conviven diferentes grupos étnicos y raciales?
¿Qué ajustes curriculares son necesarios en la formación de abogados, psicólogos y otros profesionales de manera que sus conocimientos y habilidades respondan a las transformaciones causadas por el conflicto armado y a las requeridas para la construcción de paz? Por ejemplo, ¿cómo mejorar la formación en derecho agrario?
¿Qué reformas o políticas son más efectivas para mejorar la confianza entre las organizaciones sociales y el Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado y la criminalidad?
¿Qué transformaciones en los valores asociados a la masculinidad podrían contribuir de manera tangible a la disminución de la violencia en todas sus manifestaciones y mediante qué canales podrían propiciarse de manera más efectiva?

IV. Justicia y reparación

¿Qué acciones son necesarias para fortalecer el desempeño de la justicia en los territorios que más sufren la violencia, o donde la justicia ha sido cooptada por intereses criminales, o donde es ejercida por la guerrilla?
En un régimen de justicia transicional ¿qué penas alternativas podrían gozar de aceptación ciudadana y de qué manera pueden comunicarse a la ciudadanía para hacer posible la reparación, la reconciliación y la salida negociada al conflicto armado?
¿Cómo lograr que las reparaciones individuales y colectivas contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las víctimas, mejorar su nivel de vida de manera sostenible y fortalecer sus organizaciones y comunidades?
¿Bajo qué condiciones es viable que las víctimas de conflicto retornen a sus lugares de origen y qué tipo de programas pueden favorecer esas condiciones?
¿Qué mecanismos comunitarios de justicia y resolución de conflictos pueden contribuir de manera más efectiva a la reparación de las víctimas y a la construcción de paz?
¿Cómo mejorar la capacidad de las víctimas del conflicto armado para la participación ciudadana y para que accedan a los recursos destinados para la reparación?
¿Cómo evaluar y monitorear qué las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas incorporen un enfoque diferencial y contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación asociados a los hechos victimizantes?
¿Cómo construir condiciones sostenibles de convivencia y bienestar en los proyectos de vivienda gratuita habitados por víctimas del conflicto armado?

V. Implementación de un acuerdo de paz

Si un eventual acuerdo de paz prevé que las guerrillas se transformen en partidos políticos, ¿qué mecanismos y reformas institucionales son necesarios para garantizar los derechos civiles y políticos tanto de sus miembros como de sus opositores?
¿Qué transformaciones políticas e institucionales son necesarias para que las entidades territoriales contribuyan a la construcción de paz y a la reparación a las víctimas y qué tareas específicas pueden asumir en la implementación de un eventual acuerdo?
¿Cómo monitorear los efectos de la implementación de un eventual acuerdo de paz en los derechos humanos, la economía, el ambiente y la sociedad civil a escala regional y local? ¿Qué organizaciones podrían monitorearlos y emitir alertas tempranas cuando dichos efectos sean indeseados?
¿Es efectivo el actual modelo de atención a niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados? ¿Es posible mejorar su efectividad?
Considerando que la implementación de políticas y proyectos estatales en Colombia es lenta y descoordinada, ¿qué mecanismos transitorios de ejecución de recursos podrían establecerse para que la implementación de un eventual acuerdo de paz produzca resultados tangibles en el corto plazo sin perder transparencia?
¿Cómo evaluar y comparar la efectividad de las diferentes modalidades de reintegración en términos de su contribución a la reconciliación, la reparación a las víctimas, y el desarrollo local de las comunidades más afectadas por la violencia?
¿Cuáles son las principales limitantes a la reintegración económica de los desmovilizados y de qué manera pueden superarse? ¿Son replicables o escalables las experiencias exitosas?

Gonzalo A. Vargas

Coordinador del proyecto y profesor Asociado del Cider. Es administrador público y economista, y obtuvo su título de PhD en Estudios del Desarrollo en la London School of Economics (Reino Unido) en 2010. Ver más ...

Carla Cordoncillo Acosta

Asesora del proyecto. Es licenciada en ciencias políticas y de la administración en la Universidad Pompeu Fabra (España) y actualmente es estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del Cider.

Socios:

Mauricio Uribe López

Profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit. Es economista y obtuvo su título de doctorado en ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México). Ver más ...

Paola García Reyes

Profesora Asistente en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Colombia. Es antropóloga y obtuvo su título de doctorado en Investigación en Ciencias Sociales con énfasis en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México.

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48 preguntas sobre la construcción de paz en Colombia: una agenda de investigación aplicada

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