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Fortalecimiento de Veedurías Ciudadanas: Recomendaciones para el Proyecto de Ley 120 de 2023

Por: Samuel Nossa Agüero, estudiante del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del Cider de la Universidad de los Andes

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x.com/SamuelNAguero

28 de mayo de 2024

 

Las veedurías ciudadanas representan una faceta vital de la participación ciudadana, actuando como entidades de auditoría social que supervisan y evalúan la gestión pública. Su relevancia ha crecido significativamente desde la promulgación de la ley 850 hace dos décadas, evidenciado por el incremento en los registros formales de estas organizaciones. Su labor incluye la vigilancia sobre la administración pública, alertando sobre riesgos de malversación e ineficiencia, y proporcionando recomendaciones para mejorar la gestión y combatir la corrupción. Esta función ha establecido a las veedurías como un pilar de la democracia directa, crucial para el fortalecimiento de los mecanismos de control social.

El aumento en la actividad de las veedurías y los cambios en el entorno institucional han motivado al Congreso a reconsiderar y actualizar la legislación vigente en torno al control social. En este contexto, el proyecto de ley estatutaria 120 de cámara de 2023 busca robustecer las garantías para las veedurías en su rol de vigilancia, proteger a los veedores de posibles amenazas, mejorar el acceso a la información y dotar de herramientas eficaces para una lucha más efectiva contra la corrupción.

No obstante, este proyecto de ley, actualmente en su último debate en el Senado, presenta algunas disposiciones que podrían limitar la eficacia del control social. Por un lado, propone medidas que, aunque bienintencionadas para fortalecer el control social, podrían dar pie a comportamientos oportunistas o de acoso por parte de actores externos al sector público. Además, algunas de sus disposiciones son percibidas como punitivas o demasiado críticas, lo que podría erosionar la confianza en el Estado y entrometerse en funciones propias del poder judicial o de otros órganos de control.

Adicionalmente, ciertos aspectos del proyecto redundan con legislaciones previas sobre transparencia y acceso a la información, cuestionando la necesidad de algunas de estas nuevas medidas. Sin embargo, el proyecto también ofrece la oportunidad de fortalecer el soporte técnico y jurídico para las veedurías, con el potencial de ampliar su impacto y eficacia.

El análisis de estas cuestiones se basa en investigaciones recientes y en datos obtenidos para un artículo académico sobre auditoría social coescrito con Sergio Montero. El artículo reflexiona sobre las tendencias actuales del control social y los debates académicos recientes, examina la evolución de la legislación de control social en las últimas tres décadas, y discute aspectos críticos del proyecto de ley 120 de cámara de 2023, proponiendo recomendaciones de política para su discusión.

Este trabajo se complementa con una separata dirigida a las Unidades Técnicas Legislativas de las comisiones del Senado y la Cámara, diseñada para facilitar la inclusión de las recomendaciones en la legislación final. Esta separata está disponible para su descarga, ofreciendo una síntesis accesible y práctica del análisis más extenso presentado en el documento principal.


Foto: Juan Felipe Ramírez