Desde la expedición de la Ley 388 de 1997 y luego de la promulgación de la Ley 1454 de 2011, y del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, las dos últimas décadas se caracterizan por la expedición de un conjunto de normas, políticas y programas urbanos, rurales y sectoriales que buscan fortalecer el ordenamiento territorial, establecer su relación con las políticas de desarrollo e intentan reducir los desequilibrios territoriales. Este proceso ha sido acompañado de transformaciones urbanas, regionales, territoriales y de la proliferación de conflictos socioambientales; lo que genera grandes desafíos en temas de planificación, integración regional, competitividad, nuevas formas de gobernanza territorial, sostenibilidad y justicia ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, nuevos vínculos urbano-rural, autonomía territorial, participación ciudadana y democratización, entre otros. Para comprender estas transformaciones y guiar intervenciones públicas se requieren perspectivas y enfoques interdisciplinarios, visiones críticas y estudios de caso que analicen estos fenómenos, vislumbren los avances, las dificultades y los aciertos en la formulación de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial; igualmente se necesitan metodologías que orienten acciones.
Si bien es cierto que la organización y planificación del territorio involucra una serie de aspectos urbanísticos, ambientales, de gestión del riesgo, y adaptación al cambio climático, entre otros, es imperante para las políticas y programas de ordenamiento del territorio, abordar la discusión acerca de los procesos políticos y de negociación que involucran intereses colectivos y particulares suscitados en la definición de acuerdos o desacuerdos sociales alrededor del modelo de ocupación y de desarrollo del territorio a nivel municipal y regional. En este contexto, el programa busca desde una perspectiva teórico-práctica, proporcionar elementos para la discusión sobre los retos futuros de los instrumentos de planificación territorial presentes tanto en la legislación colombiana como en el marco de justicia transicional, en particular el Acuerdo Final de Paz (Acuerdo del Colón, 2016), de forma que permita avanzar en futuras investigaciones y en la construcción de bases más sólidas para los futuros ejercicios locales regionales de formulación y de revisión de los planes de ordenamiento en sus diferentes escalas.
