Desde el año 2016, se ha puesto en marcha un proceso de formulación de políticas públicas y acuerdos en relación con el catastro multipropósito en Colombia. Este camino comenzó con el CONPES 3859 en junio de 2016, y se fortaleció con la histórica firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de ese mismo año, siendo este acuerdo el hito más relevante en la idea de diseñar e implementar el catastro con objetivos integrales y para territorio rural y el más relegado en cuanto a formación y actualización catastral, como para urbano.
A medida que avanzaba el tiempo, este impulso hacia un catastro integral continuó creciendo por medio del CONPES 3958, en marzo de 2019. Diversas disposiciones legales, como la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022) y la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026), también han servido como la base actual para lo que hoy en día es conocido como el catastro multipropósito en Colombia. La implementación del este servicio público que buscaba, según CONPES 3958 (2019), actualizar el 66,01% del territorio, el cual estaba en un promedio de desactualización de 12,2 años y el 28,32% del territorio que no presenta formación catastral.
Según el actual director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en agosto del 2023 encontró que el área actualizada catastralmente tenía un avance del 9,4 % y la propuesta el presente gobierno, en su cuatrienio, es llegar al 70% de actualización en el territorio nacional (revista semana, 2023).
La implementación del catastro multipropósito en Colombia ha buscado consolidar un sistema integral que recopile información física, jurídica y económica con el objetivo de mejorar la planificación territorial, lograr una distribución más equitativa de recursos y tomar decisiones más eficientes a nivel nacional para beneficiar a los ciudadanos y optimizar la gestión de las entidades territoriales. Sin embargo, se ha observado que el diseño de la política no consideró todos los aspectos de cómo se venía aplicando el catastro, para una correcta formulación e implementación, lo que ha afectado los resultados esperados por el gobierno. Lo cual, trae unos retos urgentes, que se mencionaran de manera general.
En general, se considera que el gobierno nacional debe reformular y analizar detalladamente ciertos aspectos de la implementación del catastro de manera urgente. Es necesario retroalimentar los resultados, especialmente los indicadores establecidos en los CONPES, y tomar en cuenta las opiniones y requerimientos de los profesionales involucrados en el catastro. Para lograrlo, se propone establecer una gobernanza clara, en red, multinivel y colaborativa entre entidades de cooperación internacional, nacionales y subnacionales, gestores, operadores y profesionales catastrales, y ciudadanos.
Si bien el gobierno comprende la importancia de cumplir con lo estipulado en la firma del acuerdo de paz con las FARC, específicamente el punto de la Reforma Rural Integral, se nota que la implementación del catastro no ha sido adecuada ni de calidad, y las metas establecidas en los CONPES no se han cumplido. Falta, por parte de identificar y abordar los puntos críticos del catastro, lo que requiere un enfoque más flexible y adaptativo para ajustar los procesos según sea necesario.
La parte técnica al momento de implementar también ha enfrentado dificultades y es la parte más relevante, como la aplicación masiva de nuevas metodologías que no han dado los mejores resultados. Además, la falta de actualización de metodologías de una manera sistemática y continua, como prueba y error, y la falta de mejora de las metodologías que siempre han causado reprocesos innecesarios. Para mejorar la capacidad institucional y la calidad de la implementación, es necesario articular de manera armónica los componentes físico, jurídico y económico, así como la parte administrativa y gerencial.
Entre otro de los retos que enfrenta la implementación del catastro multipropósito se encuentra la mejora del marco institucional existente, ya que algunas soluciones propuestas no pueden ejecutarse debido a la normatividad vigente e inflexible, pero que el gobierno mediante actos administrativos puede subsanar. Es necesario brindar herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos y tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas condiciones que se presentan en el territorio nacional.
En conclusión, los desafíos que el gobierno actual enfrenta con respecto al catastro multipropósito vienen de gobiernos anteriores, pero es responsabilidad de la administración actual mejorar los resultados en términos de cantidad y calidad. Para lograrlo, es esencial trabajar de manera conjunta, involucrando a los profesionales técnicos en el proceso, y enfocarse en aspectos como la gobernanza multinivel, en red y colaborativa, la mejora del marco institucional y la flexibilidad para resolver los problemas existentes. Si no se abordan estos aspectos de manera adecuada, será difícil solucionar los problemas persistentes relacionados con el catastro. Es necesario ser autocritico, para diseñar e implementar en el camino de “ir y venir”, para lograr una mejora constante que demuestre resultados óptimos y que permita dentro de la flexibilidad la lógica en la toma de decisiones en la parte administrativa y técnica. En pocas palaras, el gobierno actual tiene las herramientas para cambiar, y lograr ser el “gobierno del cambio” en el proceso de desarrollo del catastro multipropósito.
