Bogotá D. C. 5 de mayo de 2021
Centro interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes
En el Cider trabajamos para construir una sociedad democrática que reconoce las desigualdades e injusticias históricas, busca transformarlas y respeta y construye desde las diferencias. Por eso rechazamos cualquier tipo de violencia a cualquier integrante de la comunidad académica y de la sociedad.
Por todo lo anterior, rechazamos los comentarios clasistas, discriminatorios y violentos emitidos por algunas personas que se identifican como miembros de la Universidad de los Andes y que han sido difundidos ampliamente a través de redes sociales en los últimos días. Estos comentarios no nos representan. Por el contrario, resaltamos que en nuestras clases y espacios académicos ha abundado la profunda preocupación, indignación, solidaridad y empatía con las víctimas de los últimos días.
Como institución académica crítica e interdisciplinaria, el Cider está abierto a la sociedad para la reflexión pedagógica. Profesoras y profesores hemos abierto los salones de clase como espacios de reflexión y expresión ante los hechos de los últimos días para contribuir a pensar sobre lo que nos está ocurriendo y para imaginar alternativas en un momento muy complejo para la democracia en el país y la protección de la vida.
Así mismo, el Cider ha propuesto jornadas de “clase abierta” para ampliar el diálogo y escuchar otras voces aparte de las académicas. En este sentido convocamos a todos los sectores sociales para buscar consensos y plantear alternativas que nos permitan superar problemas estructurales tales como las violaciones de DDHH, la pobreza, el asesinato de líderes sociales, las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz, la falta de oportunidades para las y los jóvenes y los actos de corrupción, entre otros problemas relevantes.
Las actuales manifestaciones revelan un descontento social represado y condensado especialmente en la población joven que se siente excluida de las posibilidades de construir un mejor futuro. La recurrente negativa del gobierno a construir consensos y su incapacidad para poner en marcha mecanismos de protección social robustos frente a la situación por la que pasan miles de hogares en la presente crisis de la pandemia no han hecho más que agravar el ya inmenso malestar social. Son insistentes las acciones del gobierno actual para profundizar un modelo de desarrollo inequitativo e insostenible en Colombia. El proyecto de reforma tributaria no significaba una distribución más equitativa del ingreso. Por el contrario, iba a contribuir a que nuestro país se mantuviera como uno de los más desiguales del mundo.
A la aplicación de un modelo de desarrollo desigual, el actual gobierno suma un tratamiento a la protesta social inadecuado. La fuerza pública ha cometido distintas violaciones a los derechos humanos a través de un uso desmedido de la fuerza que rechazamos vehementemente, repitiendo lógicas similares a las del 2019 y el 2020. Recordamos que la fuerza pública tiene el deber de proteger a la ciudadanía. La militarización de la sociedad en vez de proteger a la ciudadanía y a quienes protestan, los pone en riesgo. Nos sumamos a las distintas voces que solicitan investigar los hechos de abuso policial, iniciar inmediatamente la búsqueda de las 87 personas desaparecidas durante estas protestas y el cese inmediato de la violencia estatal contra la ciudadanía.
El diálogo y la concertación incluyentes son la única forma posible de resolver situaciones de alto conflicto en un país que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos. Es así que el gobierno actual no puede negarse al diálogo con los actores sociales como lo hizo con la Minga indígena en octubre del 2020. Facilitar la participación y construir una gobernanza basada en el diálogo van de acuerdo con el espíritu de la Constitución de 1991 y facilitarán enfrentar los profundos problemas del país.