El 2020 pasará a la memoria por los cambios desatados por la pandemia de Covid-19 en distintas esferas de la vida social y ésta continuará generando impactos en el futuro próximo. Sin embargo, en este artículo nos referiremos a algunos problemas, irresueltos desde hace décadas, que seguirán marcando la agenda pública en 2021 y atrayendo la atención de quienes estudiamos la compleja interacción entre instituciones, paz y desarrollo: el neo extractivismo, los cultivos ilícitos, la fragilidad institucional, la reforma de la fuerza pública y los derechos de las víctimas. El Acuerdo de Paz de 2016 abrió una “ventana de oportunidad” para actuar de manera decisiva frente a estos problemas: la “reforma rural” prometía mejorar las condiciones de vida en el campo, el Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos suponía liberar a los campesinos cultivadores de coca del yugo impuesto por los narcotraficantes, la “paz territorial” crearía condiciones para el reconocimiento, la participación y la capacitación de grupos marginados, facilitando así el desarrollo territorial desde abajo y, finalmente, el punto sobre víctimas preveía avanzar en la realización de sus derechos y en la no repetición. Aunque el Acuerdo no incluía una reforma a la fuerza pública, se esperaba que ésta copara los territorios antes controlados por esa insurgencia y se adaptara a un entorno de transición a la paz. La realidad ha sido diferente.
El neo extractivismo
Aunque la paz territorial prometía democratizar el desarrollo local, en los últimos cuatro años se observa una especie de paz negativa, caracterizada por la reducción de los enfrentamientos armados y en la que (re)emergen territorios de despojo, caracterizados por las amenazas, el miedo y la represión, o una paz extractivista, en la que varios territorios han sido pacificados para facilitar la llegada de las grandes empresas extractivas con prácticas de “buena gobernanza” que ofrecen espacios de participación social no vinculante para legitimar una nueva ola de extractivismo.
Esta versión neo-extractivista de la paz territorial propone un modelo de desarrollo territorial en el que la construcción de paz y la recuperación económica post-pandemia dependen del sector extractivo. En este contexto adverso, es cada vez más urgente analizar, visibilizar y apoyar las visiones subalternas de la paz territorial, que se ha construido en los territorios que más han sufrido la violencia. La idea de la paz ambiental, por ejemplo, que se construye con prácticas cotidianas en zonas rurales y urbanas, y que se fundamenta en la ética del cuidado y en las ontologías relacionales, cobrará cada vez más importancia, a medida que se hace más evidente la necesidad de transformar la sociedad para habitar el planeta de forma sustentable y pacífica.
La sustitución de cultivos
La historia de la política de desarrollo alternativo en Colombia es la historia de una sucesión de frustraciones que han golpeado duramente al campesinado, por años subordinado por las políticas estatales y las lógicas del mercado, y que, además, se proyectan en la imagen internacional del país. Infortunadamente esta política era un fracaso anunciado, en parte por su asociación con una estrategia irracional de lucha antinarcóticos en el plano global, en ocasiones compartida y en ocasiones dócilmente aceptada por los gobiernos colombianos, pero también, en no pequeña parte, por problemas internos no resueltos a lo largo de todas estas décadas.
La agudización de los conflictos con respecto a la sustitución de cultivos en algunas regiones del país se ha visto exacerbada por la manifiesta voluntad del gobierno nacional de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato. Dichos conflictos, sumados al asesinato selectivo de líderes sociales, golpean de manera directa a sectores desfavorecidos de la sociedad y exigen una nueva reflexión sobre aspectos como los siguientes: la vigencia de una institucionalidad paralela, muchas veces dominada por grupos criminales y, en ocasiones, con la complicidad de agentes del Estado; la inconsistencia política, social y económica de las estrategias de desarrollo alternativo y su confusión con medidas represivas como la fumigación; el desconocimiento de las acciones estipuladas en el Acuerdo de Paz de 2016, particularmente en lo relativo a los pequeños cultivadores cocaleros, y la indiferencia internacional frente a la corresponsabilidad de otros Estados, y de los organismos internacionales, frente al drama generado en el escenario colombiano.
Fragilidad institucional
La política de desarrollo alternativo es un buen reflejo de la fragilidad institucional y del histórico acceso desigual al Estado colombiano que tienen amplios grupos poblacionales en varios territorios, lo que repercute en fuertes resistencias sociales. Esta situación de fragilidad institucional es crítica en el postconflicto porque aumenta el riesgo en los territorios de reaparición de la violencia, ya sea de nuevas fuentes o de las mismas que originaron el conflicto. Sin mejorar su capacidad de gobernar las zonas donde el conflicto fue más intenso, es muy difícil lograr ver a futuro un escenario de paz estable y duradera. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un esfuerzo importante en esta dirección, pero su lenta implementación y limitado alcance muestran que hay un área de trabajo más compleja para ser abordada.
Es cada vez más relevante hacer frente al acceso desigual al Estado que se da en el país y que implica que las instituciones terminen desempeñando funciones heterogéneas en los territorios. Así, para algunos, acceder a la justicia, a los servicios de seguridad o a la autoridad local es sinónimo de amplios beneficios y bienestar, mientras que para otros resulta en todo lo contrario, en escenarios de vulneración de derechos y marginalización. Mejorar la capacidad de gobierno pasa por disminuir estas disparidades. Sin esto no hay estrategia de política pública que valga, incluyendo los mismos PDET. El escenario de confianza institucional está profundamente quebrantado, y sin entender cómo reconstruirlo, cualquier otro intento de asimilación del orden constitucional va a encontrar las mismas resistencias, las cuales han sido hábilmente aprovechadas por los grupos armados para mantener sus rentas derivadas del conflicto.
El interés de mantener ciertas condiciones institucionales refleja que del conflicto muchos alimentan sus posiciones de poder, por lo que no van a ceder tan fácil frente a un deseable escenario de profundización de la gobernanza. Así, se requiere analizar las limitaciones y retos que está afrontando el Estado colombiano para hacer prevalecer sus instituciones en los territorios, que quiebran los canales de comunicación e interacción legítima con los ciudadanos y aumentan las fuentes de la resistencia social al orden constitucional vigente.
La fuerza pública en las democracias del siglo XXI
La reforma de la fuerza pública no es un asunto novedoso, pero, sin duda, ha resurgido con especial urgencia debido al uso desproporcionado de la fuerza policial en la aplicación de las medidas frente a la pandemia de Covid-19 (como en el caso de Javier Ordóñez) y en el contexto de diversas protestas sociales en los últimos años (por ejemplo, durante el Paro Agrario de 2013 y el Paro Nacional de 2019). Algunos observadores han comentado que el comportamiento de la policía durante las protestas de septiembre de 2020 sería adecuado para responder a un combate armado, pero no para contener una protesta, pasando por alto que incluso en tal caso, la fuerza pública debería respetar principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como los de proporcionalidad y distinción. En 2020, el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas, y también en el desempeño rutinario de funciones policiales, provocó una creciente movilización de la sociedad civil desde Hong Kong hasta Bogotá, pasando por Minsk, París, Abuja y Santiago. En Nigeria, por ejemplo, la Coalición Feminista organizó una campaña para apoyar a quienes se manifiestan contra la brutalidad policial y el gobierno anunció el desmonte del escuadrón SARS. Mientras tanto, en Francia hay intensa oposición al proyecto de ley de “seguridad global”, que criminaliza la divulgación de videos de las acciones policiales. El desenlace de estas contiendas puede conducir hacia una mayor democratización y respeto hacia los derechos humanos o, por el contrario, hacia el autoritarismo, facilitado por el uso creciente de tecnologías de vigilancia electrónica y por un engañoso velo que exime a la fuerza pública del escrutinio al que están sometidos los servidores públicos.
La implementación del Acuerdo de Paz de 2016
El punto 5 del Acuerdo de Paz se centra en los derechos de las víctimas. Distintos balances de implementación del Acuerdo de Paz muestran como el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es uno de los mecanismos de construcción de paz que más ha avanzado pese a varios obstáculos con los que se ha enfrentado. Además de ser urgente un seguimiento a todo el Sistema, dado que a finales del 2021 concluirá la misión de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con la entrega del informe final, en lo que resta de su mandato resultan de importancia investigaciones que contribuyan al quehacer de la Comisión. De especial relevancia son los aportes que pueda hacer la academia a las recomendaciones que debe incluir la Comisión en su informe final, así como sobre rutas de exigibilidad que materialicen esas recomendaciones para la no repetición.
Informes que analizan la implementación también muestran como varios puntos del Acuerdo de Paz y componentes transversales como las medidas de género y el enfoque diferencial presentan un retraso significativo. Este desarrollo de la implementación requiere de investigaciones que den cuenta de los distintos niveles que han alcanzado las medidas de los seis puntos del Acuerdo y de las razones de dicho nivel de implementación. Además de estudios que se centren en el Acuerdo, siguen siendo necesarios trabajos centrados en las acciones de construcción de paz de la sociedad civil, en las visiones de paz de los sujetos victimizados y de otros actores relevantes de la sociedad, y en la relación entre paz y desarrollo.
En síntesis, aunque buena parte de la agenda pública de 2021 continuará ocupada por el feliz desenlace (o eso esperamos) de la crisis de salud pública, es importante no perder de vista otras cuestiones, como las antes mencionadas, que seguirán en el centro de la agenda investigativa crítica y pluralista que caracteriza al Cider.
