Hace poco más de un mes fuimos testigos, desde nuestras pantallas, de terribles incendios en dos de los cuatro parques nacionales naturales en la serranía de La Macarena (departamento del Meta). Más alarmante todavía se vuelven las imágenes, conociendo que la tasa de deforestación en estas áreas protegidas es la más alta de Colombia. Sin embargo, no se habla mucho acerca de los enfrentamientos entre campesinos y el Ejército Nacional, en operativos contra la deforestación. Y es que son de vieja data estos conflictos socioambientales entre los pobladores con la institucionalidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.
Como respuesta ante la deforestación, desde el año pasado, el Gobierno nacional desplegó la Operación Artemisa, principalmente militar y judicial. Esto se evidencia, justamente, en estos recientes episodios, donde los campesinos alegan que los están desplazando de sus tierras, en las que, dicen, han vivido por décadas.
Se esperaría que una solución real no solo incluyera el componente de la fuerza pública, sino también una estrategia integral para la formalización de la tenencia de la tierra, el ordenamiento territorial y la generación de alternativas económicas, todo ello, bajo el marco de la democracia y la participación. Por esto, es necesario volver la mirada hacia territorios rurales como la serranía de La Macarena, que, además de su histórico abandono estatal, se están convirtiendo en las nuevas fronteras extractivas.
Símbolo nacional y hogar de miles de campesinos
A muchos colombianos nos enorgullece decir que “el río más bello del mundo” se encuentra en nuestro país. Caño Cristales, con sus cinco colores, es un referente de la riqueza natural colombiana. La serranía de La Macarena, aunque menos famosa, es el hogar de este emblema nacional, donde confluyen los Andes, la Amazonia y la Orinoquia, en una red hídrica fundamental para el equilibrio de esta diversidad de ecosistemas.
Sin embargo, esa es solo uno de las facetas de la región, pues desconocer a su gente y a toda su complejidad sociocultural es contar solo la mitad de la historia. Además de ser el hogar de pueblos indígenas que han dejado sus huellas milenarias en pinturas rupestres plasmadas en sus raudales, en una historia más reciente, La Macarena se constituyó, desde los años cincuenta del siglo pasado, como un ‘refugio’ de familias que huían de la violencia, pero también en un escenario donde han acontecido terribles capítulos de la guerra en Colombia.
En un intento por proteger este sistema montañoso perteneciente al escudo guyanés, se creó el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), declarada por la Ley 1989 de 1989, conformada 16 municipios (la mayoría del Meta), en donde se encuentran cuatro parques nacionales naturales (Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz) y tres distritos de manejo integrado (Ariari-Guayabero, Macarena Norte y Macarena Sur).
Sin embargo, a pesar de todas estas figuras de conservación trazadas sobre los mapas y las zonificaciones que se proponen para conservar y hacer un uso sostenible del territorio, la guerra y los conflictos socioambientales no solo han permanecido, sino que se han incrementado conforme aumentan las amenazas sobre la riqueza hídrica y los bosques del territorio. Esto, según un líder campesino, se ha agravado luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc. Antes, dice, las mismas organizaciones sociales, los mismos campesinos de La Macarena establecían límites anuales a la deforestación. En sus palabras, era una “gobernanza comunitaria que perdimos y que también nos la satanizaron”, porque ese control y esas decisiones sobre el territorio se veían como acciones perpetradas por la guerrilla.
Fuegos que imponen nuevos usos al territorio
Es común que, durante los dos episodios de temporada seca en Colombia, aumenten los incendios ante la pérdida de humedad en zonas con cobertura vegetal. Y aunque el fuego es un elemento fundamental para la vida en la Tierra y que ha moldeado los ecosistemas, se sabe que muchos son de origen antrópico. En Colombia, el 95% de los incendios de cobertura vegetal reportados se generaron por causas humanas, accidentales o intencionales.
Precisamente, tal como sucede en muchas regiones del país, en la serranía de la Macarena, con la arremetida de la agroindustria de la palma y la especulación en el valor de tierra que facilitan algunas prácticas ganaderas, las quemas, finalmente, convierten bosques en pastizales que luego servirán para cambiar el uso de la tierra que antes pudo ser conservada y ahora debe ser productiva. Pero, ¿para quiénes?
Con los incidentes de hace un mes, los campesinos que se oponen a la operación Artemisa, se concentraron en la vereda El Tapir, del municipio de La Macarena, bordeando el río Guayabero, a tres horas del casco urbano. Exigieron el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana que, entre otros detalles, prometieron que traerían alternativas económicas y apoyos para que no volvieran a cultivar coca. Pero esas ayudas, dicen, no llegan desde octubre de 2019.
Las organizaciones sociales de La Macarena exigieron una mesa de diálogo con el Estado en esa vereda. Están cansados de conversaciones infructuosas, por décadas, en donde, dicen, se llevan unos cuantos líderes a Bogotá, “para que luego no pase nada”. Hoy, con el cambio en la dinámica de la región, la población, en su mayoría campesinos, otros dedicados a actividades ecoturísticas, han quedado en un nuevo limbo, en medio de las disidencias de las Farc y otros actores que representan (bajo cuerda) intereses económicos del nivel nacional e incluso global. Actores que no solo llegan con el fuego que incendia la selva, sino el de la violencia y la guerra que no termina y que también ha moldeado históricamente la realidad de este territorio.
¿Agua o petróleo?
Y si bien mucho se habla de la ya “tradicional” ganadería y el interés en cultivar palma de aceite en la región, no tanto de las actividades minero energéticas, del petróleo que yace en el subsuelo. En el departamento del Caquetá se han abierto las puertas a las petroleras, contrario a lo que ha sucedido en municipios del Meta como La Macarena, donde hay un sector de la población que ha trabajado por construir una imagen de la región en torno al ecoturismo. Sin embargo, algunas fuentes dicen que existen 35 bloques petroleros en el AMEN[1].
En 2015, los habitantes de La Macarena se movilizaron y activaron mecanismos de participación ciudadana ante la posibilidad de que iniciaran actividades de exploración y explotación petrolera con el bloque Serranía, ubicado a 70 km de Caño Cristales y a 2,5 km de los límites con el Parque Nacional Natural Tinigua. La consigna de la gente siempre ha sido “agua y no petróleo”. Pero, a pesar de toda la oposición al proyecto, en marzo de 2016, la ANLA le otorgó la licencia a la empresa norteamericana Hupecol para estas actividades. La movilización durante meses se volcó esas últimas semanas a las redes sociales y obtuvo la atención de medios de comunicación. Parecería que la avalancha de críticas al Gobierno de ese entonces por semejante decisión llevó a que la licencia se suspendiera.
Como todos los 21 de marzo, desde 2013, el mundo celebra el Día Internacional de los Bosques como una oportunidad para hacer consciencia de la necesidad de conservarlos. Cuidar los bosques es, tal vez, la punta de lanza, la excusa para cuidar la integridad ecosistémica del planeta. Sin embargo, desligar su uso y su conservación del plano de las decisiones colectivas y de la democracia es caer en errores tecnicistas que, cada vez más, harán más de estos ecosistemas, un privilegio y no un derecho para toda la humanidad. Que se subordine —o no— la vida de comunidades locales frente al apetito del capital y del extractivismo, es una decisión política que debería interesarle a la sociedad en su conjunto.
