Lo ocurrido el pasado 9 de septiembre debe abordarse desde una perspectiva amplia. El malestar creciente de la juventud colombiana tiene múltiples causas que lleva a mujeres y hombres jóvenes a manifestarse en las calles. En primer lugar, está la crisis económica que estamos viviendo en el país. Hoy presenciamos el agotamiento del modelo económico-productivo basado en la extracción de recursos naturales que genera poco valor agregado y que no contribuye significativamente en la generación de empleo. Las tasas de crecimiento de la economía empezaron a languidecer hace varios años. Como consecuencia el desempleo juvenil alcanzó el 19.5% a comienzos de 2019 (Dane, 2020). El Covid-19 ha agudizado esta crisis económica.
Hoy la tasa de desempleo urbano juvenil es del 35% (Dane, 2020). Nunca habíamos presenciado un nivel de desempleo tan dramático en Colombia, ni siquiera en las peores crisis. Adicionalmente es necesario tener en cuenta que estas cifras de desempleo pueden ser aún mayores porque hay un gran desempleo oculto. El Dane cuenta como desempleados aquellas personas que están buscando empleo. Sin embargo muchos colombianos ya ni buscan trabajo porque dejaron de hacerlo luego de meses sin lograr una oportunidad.
En segundo lugar, las y los jóvenes experimentan hoy una gran frustración porque la sociedad colombiana no les brinda las oportunidades sociales y económicas que requieren para consolidar sus proyectos de vida. La tasa de deserción en bachillerato es del 56% mientras que la tasa de cobertura de la educación superior es del 52%. El BID y la Universidad de los Andes estimaron que en Bogotá el 15% de los jóvenes son “ninis”, es decir, jóvenes que no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar y aunque a veces logran ocuparse lo hacen en empleos precarios, informales, mal pagos, sin protecciones sociales y desarticulados de sus proyectos de vida. El castigo es peor para las mujeres. Dos de cada tres “ninis” son mujeres.
En tercer lugar, una porción significativa de las y los jóvenes que sí tienen acceso a educación y trabajo, también ven con desencanto el desplome de la promesa de la construcción de la paz, como puede constatarse en las imágenes de las marchas de noviembre pasado, en las conversaciones en clase y en el comunicado de la Asamblea Uniandina del pasado 11 de septiembre. Observan de manera crítica no solo el estado de la implementación del Acuerdo, sino también las distintas medidas de orden económico, social y de seguridad que se están tomando en el país. Las medidas regresivas que se vienen tomando, en distintos ámbitos, en medio de la pandemia y el confinamiento han agudizado su malestar.
Todo esto está detrás de las manifestaciones de las semanas pasadas y las que tendrán lugar esta misma semana en Bogotá y Colombia. El asesinato de Javier Ordóñez fue el detonante final para que mujeres y hombres de distintas edades, pero principalmente jóvenes, salieran a las calles a rechazar la violencia infligida contra un ciudadano inerme por parte del Estado colombiano. En esas acciones de rechazo a la brutalidad policial están también las memorias del asesinato de Dilan Cruz a finales del año pasado y, en general, del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía para acallar las voces de protesta.
Al respecto, es oportuno recordar que algunas encuestas de opinión (por ejemplo, Invamer y Barómetro de las Américas) han mostrado cómo la confianza de la ciudadanía en la Policía ha venido decayendo desde hace varios años. No se trata de justificar la violencia desplegada por los manifestantes contra la infraestructura de la ciudad (que a diferencia de las vidas de las víctimas puede recuperarse), sino de comprender sus causas y aceptar que requieren ser atendidas. Esta coyuntura revela la urgencia de discutir e implementar reformas para que la Policía recupere la confianza perdida y, de paso, se fortalezca para prevenir la violencia contra líderes sociales y enfrentar el auge de las organizaciones del narcotráfico.
Por otro lado, sin estas reformas, existe un enorme riesgo de que las muertes de Javier Ordóñez y de tantos jóvenes sean usadas para ralentizar aún más la implementación del Acuerdo de Paz, limitar los derechos civiles y políticos, debilitar los pesos y contrapesos que requiere la democracia y conducir al país por el camino del autoritarismo. En este sentido, emplear como justificación del uso indiscriminado de armas de fuego y del asesinato de 13 bogotanos la infiltración en las protestas del ELN y de las disidencias de las FARC, es un distractor peligroso en varios sentidos pues no solo parece justificarse así el uso de la violencia desproporcionada y del monopolio ilegítimo de la fuerza por parte del Estado contra sus ciudadanos, sino que, además, se pone en riesgo, con auspicio del gobierno nacional, la vida de las y los colombianos y se privilegia la justificación de lo ocurrido más que su esclarecimiento y sanción.
En este contexto, es urgente y esencial que el Congreso y los organismos de control ejerzan las funciones de crítica y vigilancia del Poder Ejecutivo y de defensa de los derechos humanos previstas en la Constitución y que las instituciones judiciales investiguen y esclarezcan de manera pronta los crímenes ocurridos. De no ser así, se estaría diluyendo el balance de poderes, que es un rasgo característico e indispensable de una auténtica democracia, y se correría el riesgo de que ésta, también, quede fracturada y, potencialmente, hecha trizas.
Referencias
DANE ( 2020). Mercado laboral de la juventud - Anexos estadísticos. Bogotá, DANE. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/...
