Hace mucho no teníamos una reforma tan impopular como la que presentó el ministro al Congreso el pasado 15 de abril. Era impopular tanto entre congresistas opuestos como entre amigos del Gobierno, y era, además, rechazada ampliamente por la ciudadanía. Según el estudio de la Polimetría de Cifras y Conceptos, el 82% de colombianos no votaría por un candidato que apoyara esta reforma tributaria. Era tan impopular esta reforma que despertó las más fuertes protestas, en un país donde las propuestas tributarias nunca movilizaban a nadie. Era tan repudiada que el gobierno, en miras a la situación de orden público, tuvo que retirarla y el ministro terminó presentando su renuncia en un hecho sin precedentes en nuestro país.
Pero ¿qué es lo que tanto malestar generaba esa reforma? Quisiera referirme tan solo a uno de los muchos puntos de la reforma: el aumento de la base gravable en personas naturales. Este no es solo uno de los puntos más polémicos, sino que, además, representaba una buena porción del recaudo. Con esta sola ampliación, se espera recaudar una buena parte de los 17.6 billones de la meta del tributo en renta personal. Recordemos que esta reforma tributaria era, ante todo, una reforma del impuesto a la renta personal, pues se estimaba que el 73% de todo el recaudo vendría por este impuesto.
La propuesta buscaba aumentar el número de contribuyentes reduciendo el umbral en el cual se debe declarar y pagar impuesto de renta. Hoy, una persona que gana aproximadamente 5´000.000 mensuales empieza a pagar impuestos, mientras que, con la Ley de Solidaridad, las personas que devenguen más de 2´500.000 ya empezarían a tributar.
Esta medida generó todo tipo de posiciones encontradas. Para algunos analistas y algunos políticos del partido del Gobierno y, obviamente, para el Ministerio, una persona que gana mensualmente 2´500.000 de pesos es indudablemente parte del decil más rico de la población y es apenas justo que contribuya con algo. Para apoyar este argumento, han usado comparaciones internacionales en las que se muestra claramente que, incluso ajustando a PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), el rango de ingreso en el que los colombianos empiezan a pagar impuesto de renta es mucho más alto que en el resto de países. Para este grupo de defensores de la propuesta, aumentar la base era una medida progresiva y nos habría llevado a una tributación más justa. Además, agregaban que esto crearía una cultura tributaria en un país en donde, según la encuesta de Cifras y Conceptos ya mencionada, los colombianos no quieren pagar impuestos ni siquiera si les garantizan su empleo. Así estamos.
Hay un grupo que es más amplio, en el que se encuentran, según la encuesta de Cifras y Conceptos, la mayoría de los ciudadanos, además de varios políticos tanto de la oposición como de la coalición del Gobierno, pero en contra de la reforma. Los miembros de este grupo consideran que poner a pagar a una persona con ingresos de 2´500.000 es inadecuado y, para muchos, un acto cercano a un atraco. El argumento es el siguiente: una persona que tenga este nivel de ingreso puede ser parte del decil más rico, pero esto es tan solo un ejemplo de la altísima desigualdad y pobreza que tenemos en el país y no un argumento de que ellos deban pagar. Este grupo defiende que, sobre la base de definiciones de clase media usadas ampliamente, como es la que proponen López Calva y Ortiz Juárez, esa persona con ingresos de 2´500.000 —e incluso más—‚ aunque haga parte del decil más rico (decil 10), hace parte también de la clase media, pues así de pobre es este país. Además, argumentan que, en un país que le ha apostado al gasto público focalizado con pocos servicios y bienes públicos universales, se ha obligado a este segmento al mercado de lo privado (colegios privados, seguridad privada, recreación privada, guarderías privadas, etc.), con lo que se reduce bastante su capacidad de contribución, principalmente si se comparan con personas de iguales ingresos (incluso ajustado a PPA) en otros países con servicios y bienes públicos universales.
Esta discrepancia entre opositores y partidarios, que, valga decirlo, está basada en datos reales y argumentos válidos, pone en evidencia la necesidad de una discusión seria y precisa sobre el punto en el cual los colombianos deberíamos empezar a pagar renta, pues ni los unos ni los otros tienen un estimativo de cuál debería ser ese nivel de ingreso. Esto es algo que en Colombia no se ha hablado con la seriedad que merece y no lo abordó ni la comisión de expertos de Santos ni la comisión de expertos de Duque ni la retirada reforma tributaria y su extensa exposición de motivos. Hasta ahora, solo hemos visto análisis superficiales que se limitan a comparaciones internacionales y a un 2´500.000 que fue elegido, me temo, a dedo.
La discusión debe comenzar entonces por reconocer que el punto justo —el punto exacto donde se debe empezar a tributar renta— es el punto en el que empiece a existir capacidad contributiva, no antes ni después. Esto, más que una encrucijada moral, es ante todo una pregunta empírica, y para responderla tenemos datos suficientes en las encuestas de hogares, donde conocemos ingresos y gastos de los hogares, así como contamos con economistas rigurosos que pueden hacer esta estimación para el país. Ojalá los economistas y la academia podamos ofrecer pronto una estimación de este nivel de ingreso. Esto le daría mucha altura a la discusión de la reforma tributaria, si es que volvemos a tener alguna.
