Dada la coyuntura de crisis social ocasionada por la pandemia del Covid-19, una discusión de vieja data sobre la conveniencia o no de que los gobiernos implementen instrumentos de renta básica monetaria universal (RBU) ha vuelto a tomar fuerza. La crisis ha visibilizado la condición de vida de muchas personas, que no logran garantizar su consumo mínimo vital, condenándolos esto a una condición de precariedad y miseria.
Esto ha generado una ventana de oportunidad para que el tema ingrese con fuerza y, por primera vez en América Latina, con alguna remota opción de ser discutido de forma seria en la agenda pública. Donde se observa que el debate ha sido limitado, sin mayor controversia sobre su alta conveniencia, muy enfocado a lograr un acuerdo parcial, al impacto que tiene el instrumento en solventar las difíciles condiciones de vida y a los costos fiscales de la medida.
La definición clásica de la renta básica monetaria la expone como un instrumento no condicionado que brinda un ingreso monetario, periódico e individual a todo el universo de ciudadanos en un país. Este puede darse o como un monto neto, o garantizando un ingreso básico, es decir, complementando la renta de las personas. Con esto presente, se identifica que en la discusión en Colombia prima la idea de monto neto y rápidamente se abandonó la pretensión de universalidad (se habla solo de renta básica, tal vez reconociendo las limitaciones fiscales).
Visto así, el debate es limitado para revisar lo que una decisión de este tipo implica para el sistema de protección social y un Estado de derecho. Se requiere promover discusiones que profundicen en algunos aspectos que se han descartado dado lo acotado de la discusión pública. Más aún, cuando desde la literatura que aporta el tema siempre se promueve una comprensión más amplia de los beneficios de la renta básica en la habilitación de los individuos.
En ese sentido cabe preguntarse, ¿a qué es sensible la RBU? ¿A promover la ambición de las personas?, ¿a sus necesidades?, o, ¿a sus capacidades? En la revisión de la discusión parece que prima la percepción de que la RBU llegaría para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas, no para darle un piso de oportunidades para perseguir metas más amplias o una dotación mayor de capacidades para la ampliación de sus libertades.
Un ejemplo puede ayudar a ilustrar la relevancia del asunto. En un sistema de marcadas diferencias sociales por raza, el acceso a un ingreso básico para consumo por sí solo no garantizaría enfrentar las principales fuentes de marginación y opresión que tendrían las personas excluidas del sistema. Lo que haría que el ingreso básico tuviera un muy bajo impacto en su bienestar. Se complica aún más la trama si, tratando de solventar dicha situación de exclusión, la persona decide aprovechar la renta garantizada para emular consumos de clases que él considera superiores, cayendo así en dinámicas de consumos que empobrecen, lo que haría agravar su situación.
Lo último lleva a preguntarse si con la renta básica se pretende solo una nivelación parcial en una sola dimensión relevante de la vida como es el acceso al mercado, o si en definitiva se propende por una nivelación más amplia. Lo anterior no solo es relevante en términos de justicia social, sino que también tiene una incidencia en el diseño del instrumento y en su comprensión dentro de un sistema de protección más amplio.
Por último, el análisis también reveló que la renta básica, al igual que otras concepciones de pobreza como el de las trampas, poco ayuda a promover reflexiones sobre el papel que el sistema de producción y acumulación tiene en la vida de las personas. La exagerada carga del debate hacia el papel que juega la RBU en garantizar un mínimo vital, si bien es comprensible dado el escenario de pandemia, refleja una preocupante resignación a que el sistema no es repensable a pesar de que es profundamente excluyente, por lo que lo que solo queda buscar los mejores mecanismos de compensación social.
Así, en un escenario, donde la estructura social sistémicamente excluye y oprime, la RBU puede correr el riesgo de profundizar en vez de disminuir las condiciones de exclusión. Y su discusión, estar cerrando la oportunidad de reclamaciones más profundas. La respuesta común ante esto de “peor es nada” puede ser un fuerte distorsionador porque, como se expuso, el mecanismo debe ser comprendido en una acepción más amplia del desarrollo para determinar su real impacto en la vida de las personas.
La otra preocupación que queda es que pareciere que este tipo de instrumentos, como la RBU, fuesen políticamente asépticos y no tuvieran implicaciones políticas. La profunda dependencia hacia el Estado en democracias frágiles hace ampliamente vulnerables a las personas a la manipulación política. Pero seguramente eso merece una discusión posterior más amplia, que incluya el limitado alcance de este tipo de instrumentos para garantizar acceso igualitario a los servicios colectivos de las instituciones, como la seguridad y la justicia.
Seguramente se podrá argumentar que ese no es el alcance de la RBU, la cual busca es garantizar un ingreso mínimo vital. Pero dado el enorme esfuerzo fiscal que tiene, el alto impacto en la relación individuo-estado y las altas expectativas hacia el mecanismo no puede observarse aislado ni ajeno a las discusiones amplias de justicia y bienestar social. Por lo que es recomendable mejorar la calidad del debate alrededor de este tan provocativo instrumento.
