El año pasado se cumplieron 25 años de la Plataforma de Acción de Beijín y 20 años de la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad. En el marco de la primera, 189 países, entre esos Colombia, se comprometieron a tomar medidas estratégicas para la eliminación de las barreras que impiden la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida, incluyendo las violencias en su contra. En el marco de la segunda, y a partir de la Resolución 1325 del 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a los Estados a dar una especial atención al rol de las mujeres en la consolidación de la paz y, además, a reconocer los efectos particulares de los conflictos sobre ellas.
Estos instrumentos fueron el resultado de importantes luchas feministas alrededor del mundo en materia de desarrollo y paz y han servido de marco jurídico y político para nuevas conquistas. Para el caso colombiano, por ejemplo, la Plataforma de Acción de Beijín sirvió de impulso para la creación y expedición de leyes como la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, que regula la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público. Al respecto, en los últimos 20 años, las mujeres hemos alcanzado una participación política en elecciones subnacionales alrededor del 11% y para el Congreso alrededor del 23%1. Otro ejemplo es la Ley 1257 de 2008 sobre la prevención y sanción de las violencias contra las mujeres y la Ley 1413 de 2010 por la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.
La Agenda de Mujeres Paz y Seguridad cumplió por su parte este propósito frente a la participación de las mujeres o la inclusión de consideraciones de género en los dos últimos procesos de negociación con grupos armados. El primero, con el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (2002-2010); y el segundo, con la guerrilla de las FARC-EP (2012-2016). En este último se destacan, entre los logros alcanzados, la participación de al menos dos mujeres como negociadoras en la Mesa de Conversaciones de la Habana y la creación de la Subcomisión de Género para la incorporación de este enfoque en todo el proceso y el Acuerdo de Paz. En este Acuerdo, más de 100 medidas de género fueron incorporadas en todos los puntos de la agenda de negociación en materia de acceso a la tierra, derechos de las mujeres víctimas, garantías para la participación política, entre otras.
Estos logros, aunque relevantes, por supuesto, no obedecen tanto al cumplimiento por parte del Estado de los compromisos que dichos instrumentos emanan, como sí a la fuerza y multiplicidad de las estrategias de actuación de las mujeres en Colombia. De este modo, tanto la Plataforma de Acción de Beijín como la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad han sido apropiados más como instrumentos de exigibilidad por parte del movimiento feminista y de mujeres que como instrumentos orientadores de políticas gubernamentales en materia de desarrollo y paz. Estos logros ofrecen un marco institucional importante para la protección de los derechos de las mujeres, pero siguen siendo limitados en su alcance e implementación y no suficientes para transformar la realidad de las mujeres.
Por ello, aún en medio de lo alcanzado, Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con la menor representación de mujeres en la política electoral2; es el país de la OCDE con mayor brecha de género en el mercado laboral3 y la violencia contra las mujeres continua en niveles alarmantes. Por ejemplo, en 2019, en promedio cada 36 horas fue asesinada una mujer que previamente había denunciado haber sido abusada o agredida4. Las medidas de género en el Acuerdo de Paz han sido despolitizadas e instrumentalizadas en su alcance y no han sido suficientes para garantizar en la fase de implementación la materialización de las demandas y propuestas de las mujeres, incluyendo las garantías para vivir una vida libre de violencias. Desde la firma del Acuerdo hasta diciembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había verificado 303 asesinatos de defensoras y defensores y el incremento en casi un 50% de los asesinatos de mujeres defensoras en comparación con el año 20185.
En el 2020, en el contexto de la pandemia, no solo se hicieron aún más evidentes los retos que persisten para el cumplimiento de estos compromisos internacionales, sino que fue necesario prender las alarmas ante los riesgos de retroceso en relación con los mencionados avances. Solo por mencionar algunos ejemplos:
—Las violencias contra las mujeres durante los primeros 30 días de confinamiento aumentaron en un 553%, siendo los principales agresores los esposos, cuñados, yernos, y en general, familiares de las víctimas6. Solo durante los primeros 15 días (entre el 20 de marzo y el 4 de abril) 12 feminicidios fueron denunciados, en medio de las 578 llamadas de emergencia sobre situaciones de violencia de género7. Según Medicina Legal, solo en el primer trimestre de 2020 hubo más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia.
—Durante el 2020 también, y a más de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, resulta innegable el aumento de violencia en los territorios anteriormente ocupados por miembros de las FARC-EP, el aumento del crimen organizado local y la ocupación ilegal de nuevos grupos guerrilleros o paramilitares. Estos grupos aprovecharon el contexto de la pandemia para expandir su control en ciertos territorios. A ello se sumó la continuidad de la violencia contra las mujeres por parte de todos los actores armados legales e ilegales dentro del conflicto; incluyendo, por ejemplo, el caso de la niña Embera violada por siete miembros de las Fuerzas Militares. En este escenario ha sido aún más difícil la implementación de las medidas de género como medidas claves para alcanzar la igualdad de género y la construcción de una paz sostenible.
- —En materia de empleo, las labores de cuidado continuaron siendo o no pagas o mal pagas. Por ejemplo, los servicios de aseo, alimentación o de cuidados de las personas enfermas en su mayoría desempeñados por mujeres. Estas actividades esenciales para la continuidad de la vida cotidiana fueron especialmente afectadas por la pandemia, concentrando los mayores niveles de pérdida de empleo. Según el DANE (2020), la pérdida de empleos ha sido desproporcionadamente mayor para las mujeres que para los hombres como consecuencia de las medidas de confinamiento y aislamiento social para contener la propagación del virus. Más de 2,5 millones de mujeres perdieron su trabajo. En algunos sectores, como la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, la pérdida de empleos de las mujeres fue tres veces mayor que la de los hombres. Solo en este sector, 482.000 mujeres perdieron su empleo. En términos porcentuales, la ocupación de las mujeres disminuyó en un 27%, mientras que la de los hombres lo hizo en un18%.
—A la inequidad en materia laboral, se sumó la profundización de las inequidades al interior de los hogares. Las modalidades de escuela y trabajo en casa terminaron sumando a las mujeres cargas y rutinas de manera desproporcionada debido a la división desigual del trabajo en casa. Según el DANE (2020), durante la pandemia, las mujeres incrementaron sus horas de trabajo semanales destinadas a las labores de cuidado no remunerado, las cuales ya duplicaban la de los hombres incluso antes de la pandemia.
Estos cuatro factores ilustran como el Covid 19 si bien puede afectar e infectar a todas y todos en distintos contextos, ni los riesgos de infección ni los impactos a más largo plazo son indiferentes a las desigualdades de género (entre otras desigualdades derivadas de la situación socioeconómica, pertenencia étnica, ubicación geográfica, condición de salud, etc.). Si antes de la pandemia las políticas sociales eran insuficientes, durante la pandemia estuvieron aún más lejos de responder a estas realidades, o mejor dicho, a estas desigualdades. Especialmente las medidas de protección frente a las violencias de género resultaron absolutamente ineficientes. Las medidas gubernamentales de carácter económico, en general, estuvieron dirigidas a los sectores de actividades no esenciales, principalmente a empresas privadas y en menor medida a los hogares y a las mujeres dentro de estos. La implementación del Acuerdo se ralentizó más e incluso se adoptaron medidas contrarias a lo acordado, por ejemplo, en términos de una mayor militarización en los territorios y la reactivación de las fumigaciones aéreas.
Al cumplirse un año desde el inicio de la pandemia en el país, es indispensable que tanto la institucionalidad del Estado como la sociedad en general reconozca los impactos diferenciados de esta. A partir de dicho reconocimiento, resulta urgente, además, nuevas y más efectivas medidas de prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres dentro y fuera de las casas y en el marco del conflicto armado; y nuevas y más efectivas medidas sociales y económicas para hacerle frente a las desigualdades en la división del trabajo, también, dentro y fuera de la casa. Solo la adopción y/o revisión de medidas de políticas más efectivas en los sentidos mencionados permitirá, cuando menos, evitar los retrocesos frente a los limitados, pero importantes avances luego de más de 25 años de la Plataforma de Acción de Beijín y 20 años de la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad. Este mes debe servir justo para ello, para revisar y hacer exigibles los compromisos del Estado en todos sus niveles: local, departamental y nacional, y para pensar en maneras de contener y revertir los riesgos de retroceso. Con preocupación, la pandemia del Covid 19 nos recuerda, como aquel clásico del tango, “que 20 años no es nada” en relación con los avances de las mujeres y las sociedades en general en materia de desarrollo y paz.
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en los países de América Latina y el Caribe a 25 años de su aprobación (LC/CRM.14/4), Santiago, 2019.
[2] https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
[3] https://www.semana.com/economia/articulo/colombia-tiene-la-mayor-brecha-de-genero-de-la-ocde/306194/
[5] https://news.un.org/es/story/2020/01/1467912
[6] Díaz, S., & Mayorga, C. (2020). Violencia contra las mujeres: la curva que no se aplana. El Espectador. https://www.elespectador.com/coronavirus/violencia-contra-las-mujeres-la-curva-que-no-se-aplana-articulo-920252/
