Zonas Humanitarias y de Biodiversidad: espacios para la defensa de las vidas en el territorio

El Bajo Atrato es una región que se caracteriza por su gran biodiversidad y ubicación estratégica. Aunque suene paradójico, las bondades del territorio convirtieron a sus habitantes en víctimas de injusticias sistemáticas. A pesar de lo anterior, estas comunidades respondieron a esos ataques, por medio de procesos organizativos legítimos, innovadores y no violentos. Por tal razón, el objetivo del presente ensayo es examinar una de las formas de organización de las Comunidades del Bajo Atrato para proteger su vida y su entorno.  

La pregunta central del texto es: ¿cómo se organizan las comunidades del Bajo Atrato para proteger su vida y su entorno? La hipótesis propuesta es que las comunidades del Bajo Atrato, mediante un proceso de empoderamiento social y resistencia civil en medio del conflicto armado, se organizan en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad para la defensa de la vida y la transformación de las dinámicas políticas y económicas instauradas por terceros, para la transformación hacia un modo de vida sustentable en el territorio.  El texto se divide en tres partes: en la primera parte, se describe el conflicto armado en la zona; en segundo lugar, las políticas económicas, sociales y ambientales que contribuyeron a agravar la problemática; en tercer lugar, se describe el proceso de resistencia civil y de empoderamiento social de las comunidades para la configuración de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad en el Bajo Atrato.  

Desde la década de los 80, los miembros de estas comunidades empezaron a ser víctimas del conflicto armado, porque una gran cantidad de grupos al margen de la ley confluyeron ahí para disputarse su control territorial debido a su ubicación estratégica. Esta disputa respondía a unos intereses económicos y geoestratégicos. Líderes y lideresas sociales empezaron a ser amenazados y asesinados tanto por la guerrilla como por los paramilitares, quienes los acusaban de ser colaboradores del bando contrario. Las amenazas, asesinatos, masacres, desapariciones, y el uso indiscriminado de la violencia se convirtieron en la herramienta de los grupos al margen de la ley para intimidar a los pobladores y proteger sus intereses.  

En segundo lugar, es necesario reconocer que el establecimiento de políticas como “Seguridad Democrática y Estado Comunitario”, Manejo Social del Campo”, “Agro Ingreso Seguro” y la promoción del “Desarrollo Sostenible” y la “apertura económica”, para fortalecer las exportaciones de bienes de nuestro país, terminaron por afianzar un modelo económico y político de sociedad que propiciaba la concentración de las tierras en unas pocas manos. Los departamentos con mayor nivel de concentración de la propiedad agraria tendieron a ser los principales expulsores de personas desplazadas (Contraloría General de la República, 2005, p. 3). Todo esto contribuyó a la mercantilización de la tierra en una producción agroindustrial orientada hacia los monocultivos, que generó deterioro medioambiental.  

A lo anterior, se suman las alianzas entre la Fuerza Pública, las clases terratenientes locales y los paramilitares que favorecieron la creación de unas relaciones excluyentes y destructivas de las comunidades y sus territorios. Como Bouley y Rueda (2007) afirman, fueron las alianzas entre el poder político y el económico las que permitieron el sostenimiento de un modelo latifundista retrógrado, que desplazaba a los pobladores y destruía el medioambiente. Ocampo (2009) afirma que:  

Curvaradó y Jiguamiandó muestran que detrás de los desplazamientos están personas que participaron en la guerra u oportunistas de esta, como los empresarios que ocuparon o compraron por precios irrisorios las tierras de las comunidades desplazadas, que quieren tener inversiones productivas a muy largo plazo sobre las cuales lucrarse en el futuro, ahorrándose el costo de la tierra (p. 185). 

Lo anterior evidencia que en muchas regiones del país coinciden el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los proyectos agroindustriales de grandes terratenientes. Y como enfatiza Vandana Shiva (2003), “El sistema de producción a gran escala y globalizado no es sostenible y se convierte en una fuente de desigualdad económica y de inseguridad alimentaria” (párr. 4). 

En tercer lugar, se deben tener en cuenta las leyes y la ejecución de políticas “ambientales” con el fin de favorecer los intereses empresariales, que resultaron destructivas con el medio ambiente.  A partir de 2004, el Gobierno impulsó en el Congreso la adopción de la ley forestal (Ley 939 de 2004), concebida para favorecer a las empresas madereras, que no garantizaba la conservación de los ecosistemas ni de los bosques. Así mismo, con el objetivo de incursionar en el mercado de los biocarburantes a nivel internacional porque este ofrecía la posibilidad de integrar al país con el mundo globalizado y el “desarrollo sostenible”, el gobierno estimuló el cultivo de la palma aceitera, a través de incentivos fiscales, apoyo económico y construcción de infraestructura para hacerla más rentable.  

Cabe mencionar que según Haraway (2015) “(…) las plantaciones (…) como actividades específicas que han organizado de un modo salvaje, material y socialmente, el mundo en los últimos siglos (…) han supuesto el desplazamiento o el exterminio ritualizado de personas, animales y plantas” (citado por Herrero, 2018, p. 18). Y en la zona del Bajo Atrato se dio de esta forma, los monocultivos de palma aceitera en los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, se instalaron después de asesinatos, masacres y desplazamientos forzados perpetrados por grupos paramilitares.  

En ese sentido, aunque el Gobierno ha afirmado tener una política de protección ambiental mediante el apoyo que brinda a la reforestación, a la producción y al consumo de biocarburantes, sus políticas han contribuido al deterioro medioambiental. En realidad, el Gobierno “(…) pretende destinar la riqueza de la tierra para satisfacer las necesidades del mercado, en el que se pierde su sentido primario y convierte la tierra y lo que ella produce en negocio” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2006, párr. 24). La aplicación de esta lógica mercantil que lleva a concebir la tierra como un medio para obtener “progreso” económico, solo termina convirtiéndose en una fuente de nuevas exclusiones sociales en un entorno ambiental devastado.  

A pesar de que las comunidades del Bajo Atrato fueron víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, al retornar a su territorio empiezan un proceso de configuración de acciones sociales para proteger su vida y su entorno. Por un lado, las comunidades desarrollaron procesos de resistencia civil16 dentro de los territorios que les habían sido titulados individual o colectivamente. El proceso de resistencia civil emprendido por las comunidades del Bajo Atrato se configura como un mecanismo de lucha y de defensa, y una propuesta de transformación para la paz; encuentran su origen en la base social y fortalecen la democracia (Hernández, 2009, p. 125). Así, se empiezan a configurar las Zonas Humanitarias, buscando prevenir nuevos ataques contra su vida, “(…) espacios del territorio que designan un punto neutral en zonas de conflicto. Pretenden (…) exigir el respeto a la vida y a la condición de población civil” (Londoño, 2018, p. 44), cuyos miembros exigen el respeto de sus derechos fundamentales y comparten un proyecto de vida común basado en la libre autodeterminación de los pueblos y enmarcado en los principios de: verdad, libertad, justicia, fraternidad y solidaridad.  

Por otro lado, es fundamental comprender la concepción que tienen estas comunidades sobre el territorio:  

El territorio es parte integral de la vida de la gente y por eso no te hablan separado del medio ambiente y del territorio, pues todo está inmerso en el concepto de territorio, de vida humana misma. Por eso se dice que de él salimos y a él volvemos, (…), hemos humanizado el territorio, lo hemos naturalizado. Para nosotros el territorio no es un bien comercial” (Entrevista a Alirio Arroyave por Esperanza Hernández, 2009) 

Dado el significado del territorio y a que este también estaba siendo víctima, las comunidades establecen las Zonas de Biodiversidad, definidas como “(…) áreas de protección, conservación y de recuperación de ecosistemas nativos en Territorios Colectivos o Privados y de afirmación del derecho a la alimentación y vivienda familiar digna (…)” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2013, p. 7).  

Así, se puede concebir la transición hacia la sustentabilidad como un proceso de transformación, “(…) cambio social que promete evitar la explotación total de las personas y el medio ambiente por un capitalismo desenfrenado”17 (Jonas, 2017, citado por Adloff y Neckel, p. 1020). En ese sentido, las Zonas de Biodiversidad surgen como nuevas formas de habitar el territorio y que permiten llevar a cabo el cambio social que se requiere para garantizar una vida digna a las poblaciones que retornan. Estas Zonas se encuentran divididas y zonificadas en diferentes áreas: áreas de conservación, recuperación, cultivos, vivienda y de usos sostenibles. Aunque cada área cumple con unas funciones específicas, todas se encuentran interrelacionadas entre sí.  

La sustentabilidad como transformación es comprendida como la combinación de formas sustentables de producir bienes, conservando de los recursos naturales, y la autodeterminación de las comunidades, la cooperación social y los ideales de "buen vivir" (Adloff y Neckel, 2019). Y esto se puede evidenciar en las Zonas de Biodiversidad. Por ejemplo, en las áreas de conservación, se protege el bosque nativo, las fuentes de agua, el reservorio de ecosistemas para la fauna silvestre; y en las áreas de cultivos, se promueven prácticas agropecuarias sustentables para cultivar alimentos como arroz, plátano y maíz para autoconsumo y la comercialización de sus excedentes, promoviendo la soberanía alimentaria18 y la dinámica de las economías locales (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2013, p. 9).  

Así mismo, cabe mencionar que ese proceso de transformación hacia un modo de vida sustentable lo realizan mediante el empoderamiento social. La sustentabilidad como poder social, otorga a las comunidades la capacidad de superar la crisis actual mediante la acción organizada y dirigida hacia una reparación en cuatro escenarios: 1) supresión de la inequidad social; 2) la recomposición de las culturas dominadas, excluidas y explotadas; 3) la restauración del entorno natural; y 4) la recuperación de las instituciones políticas, que se han pervertido y degradado (Toledo, 2015). Y es que las Zonas de Biodiversidad surgen porque las comunidades reconocen que su supervivencia también depende de la protección y de la recuperación de su entorno. Estas zonas “(…) son un mecanismo para asegurar el acceso equitativo y sustentable a los recursos y socialización de las mismas como bien de la humanidad” (Bouley y Rueda, 2009, p. 19).  

En este sentido, las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad responden a esta concepción de la sustentabilidad como transformación, que exige el empoderamiento social de las comunidades y como un ejercicio de resistencia civil, para constituir espacios de vida digna y sustentable para las comunidades del Bajo Atrato en medio del conflicto armado. La constitución de estas zonas permite a las comunidades revindicar los derechos que les habían sido arrebatados y luchar contra la doble explotación del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano. Además, se debe resaltar que las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad son prácticas y mecanismos de afirmación y de transformación nacidas de la indignación ante los crímenes de lesa humanidad y el arrasamiento territorial. Se convirtieron en una expresión de su cultura y una muestra de resistencia ante la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y diseñado para el beneficio de unos pocos.  

En conclusión, es posible afirmar que el conflicto armado sumado a la existencia de modelos políticos y económicos excluyentes, que favorecen el sostenimiento de un modelo latifundista retrógrado, los proyectos de monocultivos y la destrucción del medioambiente, condujeron a las comunidades a establecer Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Bajo Atrato como un mecanismo para defender su derecho a la vida, a la justicia, a la paz y a su territorio. Estas se constituyen como resultado del proceso de resistencia civil y de empoderamiento social que llevó a cabo la comunidad para garantizar una vida digna y una transformación hacia la sustentabilidad. Por último, cabe señalar que este texto solo aborda una de las formas de organización adoptadas por estas comunidades, existen muchas otras como las Comunidades de Paz y las Organizaciones Comunitarias. Y todas son igual de relevantes porque son una muestra de que sí es posible repensar y establecer nuevas formas de habitar y relacionarnos con el medio ambiente y los demás seres que lo habitan.  

REFERENCIAS  

Adloff, F. y Neckel, S. (2019): Futures of sustainability as modernization, transformation, and control: a conceptual framework. Sustainability Science (2019) 14:1015–1025. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00671-2 

Bouley, C. y Rueda, D. (2009). Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: Espacios de dignidad para la población desplazada en Colombia. Bogotá D.C.: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Recuperado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/wp-content/uploads/2009/01/Uexterna... 

Mouly, C., & Garrido, M. (2017). No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia. Desafíos, 30(1), 245-277. doi:http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5282 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (28 de febrero de 2013).  Las Zonas de Biodiversidad en el bajo Atrato por la defensa de las vidas en el territorio. Recuperado de: http://jyp.megadatesystem.com/IMG/pdf/zonas_de_biodiversidad_en_el_bajo_atrato.pdf 

Hernández, E. (2004). Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Pontificia Universidad Javeriana. 

Londoño, C. (2018). Tierras colectivas en el Bajo Atrato como territorios de resistencias en el marco del conflicto armado en Colombia. Trayectorias Humanas Transcontinentales (2). 

Ocampo, S. (2009). Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite. Colombia Internacional, 70, 169-190. 

Roa, T., Soler, J. y Aristizábal, J. (2018) Transición energética en Colombia: aproximaciones, debates y propuestas. Ideas Verdes, Fundación Boell, Bogotá. 

Shiva, V. (04 de febrero de 2003). Las granjas de la esperanza. Biodiversidad LA. Recuperado de: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Las-granjas-de-la-esperanza-po... 

Toledo, V. (2015). ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta ecológico política. Interdisciplinar 3, no 7: 35-55