Gillian Gregory
investigadora posdoctoral en Gobernanza Minera en la Facultad de Geografía de la Universidad de Melbourne
g.gregory@unimelb.edu.au
03/05/2021

La investigación sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la gobernanza de las industrias extractivas muestra que los estados alrededor del mundo, y particularmente de América Latina, se han movilizado y continúan enfatizando la importancia de los recursos naturales como una vía para salir de una crisis o colapso socioeconómico. Los recursos extractivos en Colombia jugaron un papel clave en la expansión territorial histórica y los recursos no renovables continúan siendo fundamentales para los planes nacionales de desarrollo económico, complicando los compromisos gubernamentales recientes para la reducción de emisiones y la posibilidad de una transición a energías renovables. Por lo tanto, las formas en las cuales la pandemia ha afectado específicamente a la gobernanza de las industrias extractivas en el país justifican una investigación exhaustiva.

En mi cargo como investigadora postdoctoral en Gobernanza Minera en la Escuela de Geografía, Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Melbourne he estado realizando investigaciones en colaboración con la profesora Maria Cecilia Roa García del Cider desde 2019, en un proyecto más amplio que aborda el cierre de minas a gran escala y el desarrollo territorial inclusivo en la región Andina. Con el inicio de la pandemia en 2020, y con financiamiento del Fondo de Investigación Shimmins de la Universidad de Melbourne, decidimos emprender un nuevo proyecto que examina las formas en que este virus está impactando la gobernanza de las industrias extractivas y las manifestaciones de una agenda extractivista en Colombia.

Ante la imposibilidad de los viajes internacionales y los riesgos que conlleva el trabajo de campo, nuestras colaboraciones ahora se basan, por necesidad, en línea. Con el apoyo de tres asistentes de investigación (Rosa Peña Lizarazo, Maria Isabel Giraldo y Daniela Maestre Másmela), la primera parte de este proyecto incluyó la realización de casi 30 entrevistas en el último trimestre de 2020. Las y los participantes representan una variedad de sectores y perspectivas, incluido el gobierno, la sociedad civil, la academia y la investigación, y el liderazgo de las comunidades indígenas y rurales, y las corporaciones mineras. Se están realizando más investigaciones, aunque ahora estamos escribiendo los resultados preliminares de este trabajo para su publicación.

En nuestro análisis inicial han surgido tres temas interconectados. En primer lugar, la pandemia ha permitido que las empresas mineras a gran escala desempeñen un papel más prominente en la gobernanza territorial, así como retrocesos regulatorios y medidas de emergencia para acelerar la actividad extractiva, en particular proyectos que involucran materiales destinados a la exportación. Los cambios económicos dramáticos en 2020, incluida la tasa colombiana de desempleo que es la más alta registrada en América Latina, crearon un medio para que el Estado y sus socios reiteraran el papel destacado del sector extractivo en los planes de "recuperación económica". Entre muchos ejemplos, el Decreto 637, promulgado en mayo de 2020, el cual tiene como objetivo reducir los costos en los cuales incurren las empresas mineras al realizar evaluaciones de impacto y consultas comunitarias y "abreviar" estos procesos, mientras que la introducción de un nuevo sistema de regalías en septiembre de 2020 creó un claro incentivo para la actividad extractiva para, según el DNP, “impulsar la reactivación económica de las regiones”. No obstante, estas políticas parecen basarse en el supuesto de que el COVID-19 tenía un punto final claro y cercano, lo que no ha demostrado ser el caso.

 

El precio de carbón disminuyó considerablemente Cider | Uniandes

En segundo lugar, los precios históricamente bajos del carbón y la defensa cada vez menor de la dependencia del carbón para la energía han acelerado el posible alejamiento de Colombia del carbón, al tiempo que subrayan un compromiso con la expansión del sector extractivo de manera más amplia. Aunque la minería del carbón estaba exenta de las restricciones relacionadas con el coronavirus de 2020, los principales productores de carbón del país cerraron sus operaciones brevemente al comienzo de la pandemia y algunas empresas intentaron obtener apoyo estatal para suspender las operaciones por un período mucho más largo, durante lo que una empresa calificó un tanto eufemísticamente como "condiciones económicas desfavorables". Esto fue visto por algunos de las y los participantes de nuestra investigación como una estrategia para forzar cambios regulatorios y legislativos que favorecieran la expansión del sector extractivo. Por otro lado, un exministro de minas y energía nos enfatizó que suspender operaciones para obligar al gobierno a intervenir no tenía sentido, dado que el plan de recuperación económica del gobierno se apoya en el sector extractivo (y particularmente el sector minero) en el primer lugar.

Un tema final de nuestra investigación indica que estos retrocesos regulatorios y procesos abreviados, combinados con un firme compromiso con la reactivación económica impulsada por las industrias extractivas, crean la oportunidad para el uso de la fuerza y ​​la violencia con impunidad. A pesar de las medidas de "aislamiento preventivo" en Colombia al comienzo de la pandemia, varios líderes comunitarios compartieron que veían estas medidas como una forma de disfrazar el uso de la fuerza o la violencia contra personas que pueden representar una amenaza para las economías lucrativas, incluida la minería. Dado que la mayoría de las personas pasan períodos importantes en el interior de sus casas, se realiza más trabajo de forma remota que presencialmente y con los protocolos de seguridad alterados, los actores estatales y no estatales pueden actuar de manera menos reprimida y más a menudo con impunidad. Si bien la extracción de recursos se posiciona como el camino hacia la recuperación y el crecimiento económico y como parte de un plan de equidad territorial y reducción de la pobreza, la posibilidad de que las comunidades regionales se vean expuestas a múltiples y a menudo extremas formas de vulnerabilidad frente a la actividad extractiva se ve particularmente acentuada como resultado de esta pandemia en curso.

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